· LX Legislatura propone establecer límites en la aplicación de la fuerza pública de autoridades en detrimento de los derechos humanos
· Por tercera ocasión, Morena presenta iniciativa por la cual se reforma y adicionan disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Código Penal del Estado de Puebla
· Por más de una década la seguridad pública ha sido la principal preocupación y tragedia que ha azotado a los ciudadanos
· La violación a derechos de los gobernados por parte de los encargados de usar la fuerza policial tiene efectos devastadores para la función de mantenimiento del orden público, sostiene el legislador
Con la finalidad de dar cumplimiento a los preceptos Constitucionales de establecer límites al actuar de la fuerza pública en materia de Seguridad Pública, y responder a la necesidad de evitar que el uso de la fuerza pueda volverse arbitrario en detrimento de los Derechos Humanos de los gobernados, el Pleno de la LX Legislatura aprobó por unanimidad la Iniciativa de Decreto presentada el Grupo Legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional, por la cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Código Penal del Estado de Puebla.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Gabriel Biestro Medinilla, destacó que resulta necesario admitir que es una exigencia imperativa que el mantenimiento del orden se realice con pleno respeto y observancia de los Derechos Humanos de las personas, por tanto, estas obligaciones de proporcionar paz y seguridad a la ciudadanía, de ninguna manera pueden ir en detrimento de sus derechos.
En su exposición de motivos, aseguró que desde hace más de una década la seguridad pública ha sido la principal preocupación y tragedia que ha azotado a los ciudadanos, por lo que su regulación debe estar basada en objetivos claros, precisos y efectivos.
Recordó que, desde el inicio de la presente Legislatura, se ha tenido como uno de los principales pilares de la Agenda Legislativa la desincorporación de los entes normativos que a través de las pasadas administraciones generaron afectaciones graves a los pobladores del estado, como es uno de los casos más emblemáticos en Chalchihuapan, en el cual un menor de edad perdió la vida por la acción irresponsable de los cuerpos de seguridad.
El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, citó que es la tercera vez que se presenta una iniciativa de esta índole en lo que va de la LX Legislatura, donde las dos anteriores fueron vetadas por el Ejecutivo en turno no tuvieron el beneplácito por motivos políticos de eliminar por completo la normativa aún vigente que atenta contra los valores democráticos más mínimos y que expone los derechos humanos de manera injustificada ante cualquier actuación de las fuerzas de seguridad pública del estado.
En su mensaje en tribuna, el legislador asentó que no se puede ignorar que la violación a derechos de los gobernados por parte de los encargados de usar la fuerza policial tiene efectos devastadores para la función de mantenimiento del orden público y provoca además del resquebrajamiento del Estado Constitucional Democrático de Derecho, la pérdida de legitimidad de las autoridades.
Biestro Medinilla abundó que la carencia de una legislación y su reglamentación que establezca los principios que rigen la fuerza policial conlleva a que el actuar policiaco pueda ser defectuoso, innecesario, insuficiente, excesivo o arbitrario, es por ello que la omisión de reglamentación de la fuerza policial suele ser característica de regímenes autoritarios, por lo cual, se hace necesaria la existencia de un marco regulatorio como parte de una práctica policial democrática, obligando a los agentes del orden a rendir cuentas ante la población.
Destacó que una de las responsabilidades fundamentales del Estado es la de proteger la vida y la integridad de las personas, de lo contrario, un incorrecto actuar del personal operativo de las instituciones policiacas, representa un incumplimiento grave que se traduce en una falta de seguridad jurídica de los gobernados.
En este sentido, afirmó que el objetivo primordial de salvaguardar el derecho a la vida y la integridad personal es primordial establecer un marco jurídico adecuado, eficaz y acorde con nuestra Carta Magna, para el uso de la fuerza por la policía, en el cual se establezcan las condiciones que justifiquen el uso de la fuerza en nombre del Estado.
El también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, asentó que el uso de la Fuerza pública se debe realizar estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes de las instituciones policiales, debiendo regirse por los principios de respeto a los derechos humanos, legalidad, objetividad, racionalidad, necesidad, profesional, proporcionalidad y oportunidad, y debe destinarse a neutralizar y a controlar conductas que generen amagos de violencia y que tengan propensión a causar daños a la integridad de otras personas o a las y los integrantes de las propias instituciones policiales.
El diputado detalló que adicionalmente a las reformas y adiciones que se proponen a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se considera idónea la reforma al Código Penal del Estado con la finalidad de estar en condiciones de sancionar penalmente a los integrantes de corporaciones policiacas que hagan un uso abusivo de la fuerza policial.
Además, con la finalidad de que la reglamentación y protocolos que se deban emitir por la Administración Pública Estatal, se propone que estos cuerpos normativos lleven la aprobación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Es por ello y con la finalidad de proteger los derechos humanos consistente en garantizar la utilización adecuada de la fuerza pública por parte de los elementos de seguridad pública, dando cumplimiento a las Observaciones al Decreto que abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, se responde a la exigencia ciudadana que pedía desesperadamente el fin de un régimen autoritario, insensible y opresor que sumió a los poblanos en una dinámica de desconfianza y constantes transgresiones a los Derechos Humanos de los gobernados.
A esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Código Penal del Estado, se sumaron los Grupos Legislativos de los Partidos del Trabajo y Encuentro Social para ser turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.
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