Académicos, especialistas, expolicías y sociedad civil urgen la abrogación de la llamada “Ley Bala”
- Elemento que participó en el caso Chalchihuapan, lamentó el despido de los policías, sin que se fincara responsabilidad a quien tomó la decisión de encabezar la agresión en contra de los manifestantes
- La creación de la ley tiene por objetivo reprimir a quienes pensaban diferente al gobierno estatal, acusa Adolfo Karam Beltrán
Con 22 años de servicio antes de ser despedido, el comandante Bernabé Gallegos, quien participó en el enfrentamiento con pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, y que dejó como saldo decenas de heridos, entre civiles y uniformados, así como la muerte de un menor de edad, lamentó que solo se fincaran responsabilidades a quienes ejecutaron la orden del desalojo y no a quienes ordenaron esta acción.
En su participación en el Foro Consultivo Estatal hacia la Nueva Ley Reglamentaria que regula el uso de la Fuerza Pública, relató la forma en que la Secretaría de Seguridad Pública, montó el operativo para retirar a los habitantes de esta comunidad quienes pedían restablecer el servicio del Registro Civil.
En este contexto aseguró que la función policial debe ser vista desde la perspectiva humana, respetando los derechos de los elementos en el marco jurídico de sus competencias.
Por lo anterior consideró importante que los legisladores valoren la creación de leyes armonizando los derechos fundamentales tanto de los ciudadanos como de los elementos policiales, para que ninguna de las partes sea vulnerada en su esfera; priorizando además la capacitación operativa incluyendo el conocimiento adecuado de los protocolos.
Por su parte el especialista en temas de seguridad, Adolfo Karam Beltrán, precisó que la creación de la ley para proteger los derechos humanos que regula el uso legítimo de la fuerza fue creada con el único objetivo de reprimir a quienes pensaban diferente al gobierno estatal.
Por ello, consideró que la creación de leyes en materia de seguridad debe garantizar el debido respeto a los derechos humanos tal y como lo establece la Constitución Política, así como de los tratados internacionales garantizando la protección del bien titulado más importante que es la vida.
Refirió que los protocolos y principios básicos sobre el uso de la fuerza pública, deben emplearse siempre y cuando sea estrictamente necesario.
En tanto, el doctor en derecho y ex comandante de Policía, Sergio Iván Torres Bravo, asentó que también los policías piden se norme esta Ley a nivel nacional, pues por principio el policía es disciplinado, realizando las tareas que se le encomienden, aun cuando existan malos mandos, pues saben que dará resultados negativos a la ciudadanía.
En su oportunidad el doctor Alejandro Espriú Guerra, reconoció que el uso de la fuerza es un tema sumamente complejo, el cual incluso se ha convertido en un sistema colapsado en Puebla y en todo el país, a pesar de los múltiples protocolos y reglamentaciones que existen sobre el particular.
En este sentido, afirmó que no existe un andamiaje sólido que permita identificar con claridad, cuáles son los límites y alcances de la actuación policial, pues existen una serie de inconsistencias y contradicciones, e incluso, desconocimiento del tema.
En tanto, la investigadora Concepción Hernández Méndez, asentó que, ante el desconocimiento de los protocolos, principalmente en los mandos municipales, es necesario establecer estrategias de capacitación, pues la generalidad de los elementos, carecen de las capacidades suficientes, para el desempeño eficiente de sus funciones.
En la parte de intervenciones, la exlegisladora local, Socorro Quezada Tiempo, expuso que el Estado Mexicano –incluyendo a Puebla- se ha equivocado en la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, pues actualmente se entiende su aplicación para las manifestaciones y combatir la oposición, método erróneo, puesto que fue enfocada desde un inicio por los organismos internacionales, para disuadir a la delincuencia.
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