Articulo de Fernando Manzanilla, opinión publica en E - Consulta
El avanzado estado de erosión de nuestro tejido social no es ajeno al ambiente de divisionismo.
Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor.
A 102 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es oportuno abordar la vertiente jurídica del nuevo contrato social que necesitamos para rescatar a Puebla y devolver la paz y el bienestar a su gente.
El avanzado estado de erosión de nuestro tejido social no es ajeno al ambiente de divisionismo y polarización nacional que, durante años, se ha multiplicado.
La narrativa y el mensaje de desprecio por las instituciones y el Estado de Derecho han permeado en la sociedad para debilitar la cohesión de la colectividad, en el país como en Puebla.
Con semejante deterioro, la gobernabilidad es una labor cuesta arriba; el mensaje de desconfianza por parte del mercado es inevitable y la sociedad civil no tiene referentes ni ánimo para recuperar la unidad.
Para agravar el panorama, como lo señalé en otra entrega, en nuestro estado la naturaleza e identidad de la clase política y empresarial; la academia, las organizaciones de la sociedad civil; los sindicatos y otros actores colectivos, se diluyeron y desnaturalizaron -en no pocos casos degeneraron en cooptación- lo que abonó en perjuicio de un contrato social, de suyo maltrecho y que hoy día no da para más.
Recientemente, la sociedad poblana ha normalizado varios episodios en que habitantes de diversas comunidades decidieron tomar la justicia en sus manos, así como otros en los que, ante la volcadura de vehículos con diversa clase de contenidos, los pobladores de las localidades aledañas se apropiaron de la carga de la unidad siniestrada.
En paralelo, existe una sensación de desconsuelo y de impotencia por la inseguridad que priva a lo largo y ancho de nuestro territorio, así como debido a la impunidad reinante, que impacta definitivamente en la investigación, judicialización y castigo de las conductas ilícitas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2017 del INEGI, para 2016, el 94.9% de los delitos sufridos por los ciudadanos no fueron denunciados o no se inició averiguación previa (hoy carpeta de investigación).
De este modo, cualquier análisis elemental costo – beneficio para quien planee cometer una o varias conductas antisociales, arroja perversos incentivos para entrar en un espiral crimen – impunidad – indefensión ciudadana.
Para ello, el que esto escribe tiene un compromiso que se renueva diariamente, de favorecer y procurar un ambiente de legalidad, gobernanza participativa, protección de la sociedad y gobernabilidad democrática con eficiencia.
.- Cfr. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf. Consultado el 31 de enero de 2019.
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