Legisladores, evidencian la impunidad y rezago de la impartición de justicia en Puebla

Legisladores, evidencian la impunidad y rezago de la impartición de justicia en Puebla

 

• Morena pide al titular de la SGG, revele paradero de software destinado a labores de espionaje
• PAN destaca el trabajo de la administración estatal en materia de seguridad y justicia
• Nueva Alianza cuestiona la preocupante incidencia de linchamientos en la entidad
• “Demagogo y vacío” el contenido del discurso emitido por el titular de la Secretaría General de Gobierno, acusa Cabrera Camacho

• Partido del Trabajo, reclama omisión de la autoridad en los hechos criminales y de violencia que se vivieron en Puebla el 1 de julio

 

Los crecientes índices de violencia y criminalidad, impunidad y un marcado rezago en los procesos de impartición de justicia, así como el señalamiento de la operación de un software destinado para labores de espionaje a ciudadanos y periodistas, fueron la constante en los cuestionamientos planteados por los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado a los funcionarios del Gobierno del Estado, durante la presentación del análisis del informe de gobierno del Ejecutivo en el rubro de gobernabilidad.

 

Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la Secretaría General de Gobierno, luego de presentar la agenda de riesgos, acciones y políticas públicas que se llevaron a cabo en la presente administración estatal y de reconocer que la difícil situación por la que atraviesa Puebla en materia de seguridad pública, a pesar de argumentar que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional, sentenció que el ilícito que más impacta es el robo de hidrocarburos, el cual a su vez deriva en el robo de vehículos y homicidios, aunque justificó que se trata de un delito del orden federal.

 

Al inicio de los cuestionamientos vertidos por los legisladores al funcionario estatal, el diputado Oswaldo Jiménez López, del Grupo Legislativo del partido Acción Nacional, habló sobre las Reformas a la Ley Orgánica en las Juntas Auxiliares, las cuales en su oportunidad, generaron muchos problemas, pues la autoridad en turno, incurría en la comisión de delitos en la operación de los Registros Civiles.

 

En respuesta, el funcionario asentó que en 22 meses, la administración estatal hizo un proceso para regresar las facultades a las Juntas Auxiliares del Registro Civil, donde un total de 189 de ellas recibieron capacitación y cuyas reformas de ley, ya fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

 

En su oportunidad, la diputada Vianey García Romero, integrante del grupo legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional, cuestionó que las estrategias de seguridad que se han realizado en la presente administración han sido insuficientes, puesto que Puebla ya ocupa el primer sitio en el país en el robo de hidrocarburos y delitos que se desprenden.

 

En tanto, el diputado Gerardo Islas Maldonado, del Grupo Legislativo del partido Nueva Alianza, cuestionó por las acciones que emprende la autoridad estatal en torno al elevado número de linchamientos que se registran en Puebla y que han colocado a la entidad en el escenario nacional y que ante la espiral delictiva, han llevado a la población al hartazgo y a aplicar la justicia por propia mano, a lo que el propio Carrasco Altamirano, aceptó que se trata de un tema sensible por la descomposición social que implica este fenómeno, por la impunidad que prevalece.

 

Más adelante, la diputada Mónica Lara Chávez, del Grupo Legislativo del partido Encuentro Social, en un par de ocasiones, cuestionó al titular de la Secretaría General de Gobierno, el paradero del software denominado Galileo, destinado a labores de espionaje a ciudadanos y periodistas y que fue adquirido con recursos públicos por un monto superior a los 320 millones de pesos.

 

Sin respuesta de por medio, Carrasco Altamirano, se limitó a contestar no saber nada sobre el particular, y aseguró que la dependencia que encabeza por segunda administración estatal consecutiva, solo cuenta con un Centro de Información y Servicios, que tratan temas de gobernabilidad y no de personas, por lo que será la Procuraduría General de la República (PGR), la que lleve a cabo las diligencias correspondientes, ante las denuncias que se han hecho y que son del dominio público.

 

Al hacer uso de la palabra, el diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó al titular de la SGG, la presencia de cárteles en Puebla y la forma en cómo se coordinan con el Gobierno Federal, a fin de inhibir el delito, particularmente por la creciente espiral delictiva, a lo que el propio funcionario asentó que sí hay presencia de bandas relacionadas al crimen organizado en las zonas del “huachicol”, especialmente la que controla la franja de Tehuacán hasta los límites con Amozoc, que es liderada por “El Bukanas”, además de referir intentos de establecerse en Puebla, de miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es decir, solo se trata de “intentos” por ubicar en Puebla a ese grupo delictivo.

 

En tanto, el diputado Héctor Alonso Granados, del Grupo Legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional, recordó que el Congreso del Estado, ya le solicitó el titular del Ejecutivo, suspenda la entrega de Notarías Públicas, en tanto no se por su esclarezcan los motivos por los cuales se intenta entregar un mayor número de patentes, violando el ordenamiento de la Ley en la materia.

 

También, reiteró la pregunta en el sentido de conocer el destino del software, dispositivo que fue evidenciado, fue usado para labores de espionaje en contra de particulares, evadiendo su labor fundamental, que es la del combate a la delincuencia.

 

Por su parte la diputada Carmen Cabrera Camacho, calificó como “demagogo y vacío” el contenido del discurso emitido por el titular de la Secretaría General de Gobierno, pues las cifras que presentó del informe del Ejecutivo, están muy lejanas de la realidad que viven los poblanos hoy día, particularmente en materia de seguridad pública e impartición de justicia, así como el respeto a los derechos humanos.

 

En tanto, el diputado Marcelo Eugenio García Almaguer, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, pidió al secretario general de Gobierno, una explicación sobre la entrega reciente de una patente por parte de la Dirección General del Notariado, concretamente en el Distrito de Ciudad Serdán, hecho que llevó a la suspensión y posterior renuncia del director general de archivos, acción que revela una clara deficiencia en la supervisión del registro notarial, por lo que también exigió conocer cuál es la garantía que tienen los ciudadanos en la asignación de notarías públicas.

 

En respuesta, Carrasco Altamirano, afirmó que ya se inició una investigación a partir de una presunta irregularidad para deslindar responsabilidades a través de la Fiscalía General del Estado.

 

Al hacer uso de la palabra, la diputada Rocío García Olmedo, evidenció la creciente violencia e inseguridad que priva en Puebla, y lamentó que la intervención del Gobierno del Estado en municipios con alta criminalidad, como son los casos de Texmelucan y Tehuacán, no se hagan extensivos a otras demarcaciones que así lo requieren.

 

Por su parte, el diputado José Juan Espinosa Torres, cuestionó al titular de la SGG, de haber sido omiso durante los hechos de violencia que se presentaron durante el desarrollo de la jornada electoral del pasado 1 de julio en las casillas, en donde incluso se hizo uso de armas largas, sin que hasta el momento se hayan detenido a los responsables.

 

El legislador, evidenció también el robo de boletas en una camioneta oficial adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, y los asesinatos de los candidatos de Morena en Santa Clara Ocoyucan, al igual que dos militantes del Verde Ecologista, crímenes los cuales acusó, siguen sin resolverse.

 

Cabe citar que el propio titular de la Secretaría General de Gobierno, se comprometió a entregar por escrito, algunas de las inquietudes planteadas por los legisladores.