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22/02/2016
De izquierda a derecha: Enrique Cárdenas Sánchez, Fernando Fernández Font, SJ; Emilio José Baños Ardavín, José Mata Temoltzin, Maricarmen Lanzagorta Bonilla y Fernando Treviño Núñez.
La iniciativa ciudadana Ley 3de3 permite canalizar la indignación
social en un esfuerzo constructivo que busca forjar gobiernos más
honestos e íntegros y, a su vez, reducir riesgos de corrupción en sus
tres órdenes: federal, estatal y municipal. En ese sentido, la Ley 3de3 establece reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y actores privados.
Con el impulso de sus principales universidades, organismos empresariales y un grupo plural de organizaciones y ciudadanos, Puebla se suma a la búsqueda de más de 120 mil firmas para que la Ley 3de3 avance como iniciativa ciudadana en el Congreso.
Esta propuesta busca convertirse en lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo del 2016.
Las organizaciones y ciudadanos que presentan la iniciativa Ley 3de3, invitan a todos los habitantes preocupados por los niveles de corrupción en el país a firmar lo antes posible y ser promotores de la misma. Para ello, pueden visitar el sitio web de la propuesta Ley3de3, en la que podrán descargar los formatos para recabar firmas y los puntos donde podrán entregarlas en todo el país.
¿Qué propone la Ley 3de3?
*La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
*Las directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
*Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
*Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción.
*Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
*Una clasificación de los diez actos de corrupción graves: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
*Dotación de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables, a través de la creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
*Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
*Una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
Con el impulso de sus principales universidades, organismos empresariales y un grupo plural de organizaciones y ciudadanos, Puebla se suma a la búsqueda de más de 120 mil firmas para que la Ley 3de3 avance como iniciativa ciudadana en el Congreso.
Esta propuesta busca convertirse en lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo del 2016.
Las organizaciones y ciudadanos que presentan la iniciativa Ley 3de3, invitan a todos los habitantes preocupados por los niveles de corrupción en el país a firmar lo antes posible y ser promotores de la misma. Para ello, pueden visitar el sitio web de la propuesta Ley3de3, en la que podrán descargar los formatos para recabar firmas y los puntos donde podrán entregarlas en todo el país.
¿Qué propone la Ley 3de3?
*La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
*Las directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
*Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
*Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción.
*Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
*Una clasificación de los diez actos de corrupción graves: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
*Dotación de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables, a través de la creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
*Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
*Una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
Siendo coordinador de esta iniciativa el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, el equipo redactor de la Ley 3de3 estuvo integrado por: Josefina Cortés (ITAM), Max Kaiser (IMCO) y José Roldán Xopa (CIDE). La Ley 3de3 fue construida con el apoyo de distintos especialistas y organizaciones: Agustín Acosta (Abogado penalista), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Leticia Bonifaz (Suprema Corte de Justicia), Jesús Cantú (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey), María Amparo Casar (CIDE y Mexicanos contra la Corrupción), Marco Fernández (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, México Evalúa).
También participaron, Sergio Huacuja (Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México), Sergio López Ayllón (CIDE), José Octavio López Presa (Causa en Común, A.C.), Mauricio Merino (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Alfonso Oñate (Academia Mexicana de Protección de Datos Personales), Juan E. Pardinas (IMCO), Rodrigo Roque (Abogado penalista) y Pedro Salazar Ugarte (IIJ-UNAM).
Los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que formamos parte de
esta iniciativa, invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a este
esfuerzo para hacer de la Ley 3de3, la primera Iniciativa de Ley Ciudadana sometida a consideración del Congreso.
Para
que las firmas se consideren válidas deben ser en papel (autógrafas) e
incluir los siguientes datos que aparecen en la credencial de elector:
a) Nombre completo.
b) Clave de elector.
c) Número identificador (OCR).
d) Número de emisión.
a) Nombre completo.
b) Clave de elector.
c) Número identificador (OCR).
d) Número de emisión.
Para mayor información los interesados pueden seguir la conversación con el hashtag: #Ley3de3 o ponerse en contacto con: Fernanda Diez del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, (CEEY) al correo fernanda.diez@ceey.org.mx o al teléfono (044) 22.24.55.46.23; Romina Girón del Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO) a romina.giron@imco.org.mx, celular (045) 55.47.85.49.40 o con Rafael García Aceves de Transparencia Mexicana al correo rgarcia@tm.org.mx, celular (045) 55.59.53.68.61.
Los
módulos de recolección de firmas en instituciones de educación superior
quedan de la siguiente manera: ITESM Puebla en la Dirección de Asuntos
Estudiantiles, Universidad Anáhuac, Dirección de Relaciones
Estudiantiles, con la Lic. Alicia Aguilar Corripio; en la UDLAP,
Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política;
UPAEP, en la Dirección de Ciencias Políticas con el Mtro.Valente
Tallabs y en la IBERO Puebla en el Departamento de Ciencias Sociales con
la Lic. María Elena Vera Marquina.
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