·
Regidores llamarán a cuentas a auditor externo
·
Solicitarán a Edil informe de gastos en asesorías
·
Avanza el procedimiento de destitución de regidores por incumplimiento del 629
A
30 meses de su gobierno, Rafael Núñez Ramírez, acompañado por el cuerpo
edilicio, más de 30 directores y directores generales y
una abultada nómina que en el mes de julio observó un incremento de más
de un millón de pesos, en relación con el mes inmediato anterior, no
logra consolidar un proyecto de políticas públicas que desentrampe los
problemas heredados por anteriores administraciones,
que negocie la enorme deuda del pago del tianguis de Sal Lucas
Atoyatenco (SLA) contenida en el expediente 629 y si en cambio
incrementa los gastos de asesorías y los yerros de casi todo su
personal, aunado a ello, el proceso de destitución por incumplimiento
a la resolución del 629 avanza y, a decir de algunos regidores, podría
concretarse al concluir el presente año 2016.

En
este rubro se incluyen remuneraciones al personal permanente,
transitorio, remuneraciones especiales y adicionales, primas vacaciones,
prestaciones, haberes de retiro y compensaciones. Destaca la erogación
de materiales y suministros, por un total de 1 millón 357 mil 169 pesos y
en los servicios generales llamó la atención de algunos regidores los
servicios profesionales, científicos, técnicos,
d contabilidad, auditoria y relacionados por poco más de 1.4 mdp.

La
página de transparencia no informa los ingresos por recursos propios en
el presente año, su última actualización corresponde al
8 de marzo de 2016, además de que los presupuestos asignados al área de
comunicación social en 2016 no han sido publicados, su última
publicación corresponde a octubre del 2015. Tampoco informa a cerca de
los avances de obra ejercida.

Este
cabildo extraordinario se deberá realizar antes del próximo cabildo
ordinario que se celebra normalmente el último jueves de
cada mes.
Frente
a esta inoperancia de la actual administración, reaviva el asunto de la
separación del cargo de los regidores, derivada del
expediente 629, luego de que la Comisión de Presupuesto del Congreso
del Estado de Puebla, rechazó autorizar una línea de crédito por un mil
mdp al munícipe, para pagar a los ejidatarios del tianguis.
Dicha
solicitud, también fue rechazada por la Secretaría de Finanzas y
administración, ya que no cumple con la Ley De Deuda Pública
y la Ley Orgánica municipal que especifican que los empréstitos solo se
contraerán para infraestructura municipal.
Para el regidor Marco Antonio Escobedo, la vinculación del poder legislativo y del ejecutivo
estatal al asunto del 629, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN)no termina con el rechazo de la aprobación de dicho
empréstito y ahora, también los regidores están involucrados en el
cumplimiento de dicha sentencia y espera que el munícipe y la abogada
del pueblo, Martha Huerta
Hernández puedan, finalmente, llegar a un acuerdo que
permita a la Suprema tener una percepción distinta a la que tiene en
este momento en relación con las acciones ejercidas por ambos.
De
acuerdo a diversas opiniones, el asunto es delicado y la separación del
cargo de los regidores podría darse con la conclusión
del presente año, a la par de toda la vorágine de problemas que
actualmente enfrentan en relación con otros temas como son la posible
privatización de la Unidad Deportiva Bicentenario, el expediente de San
Damián que atiende la abogada teresa Ibarra Dogre,
el incremento de la deuda por el pago de laudos laborales y por el
crecimiento de pasivos en la tesorería, el cual se estima,
extraoficialmente, en más de 40 mdp, el rechazo ciudadano ante la falta
de claridad en el ejercicio de las políticas públicas, de
la obra pública, y las permanentes quejas por los
deficientes servicios públicos básicos tales como limpia, seguridad
pública, bacheo y el desbordado problema de la anarquía del comercio
informal en las calles del primer
cuadro de San Martín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario