Por: Sergio Ruiz Arias
El pasado 30 de marzo iniciaron las campañas para proceso electoral del Poder Judicial. El 1º de junio habremos de elegir a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, 5 magistrados al Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Adicionalmente en 19 entidades federativas también se elegirán jueces locales.
Se trata de un proceso inédito y complejo en la vida institucional de nuestro país. Por primera vez en nuestra vida democrática elegiremos con nuestro voto a quienes serán los juzgadores, de tal manera que tanto ciudadanos como aspirantes tenemos la responsabilidad de lograr un proceso electoral confiable sin cortapisas ni contratiempos a pesar de sus detractores. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad no solo de emitir nuestro voto sino conocer el perfil de cada aspirante y poder contrastar las diversas opciones al presentarnos sus propuestas y la visión que tienen del derecho.
Uno de los pendientes en nuestro sistema democrático es que muchas de las veces no conocemos a nuestros representantes populares. Muchas veces se vota por un partido político sin tomar en consideración los perfiles de los candidatos, así desconocemos quiénes son nuestros diputados, senadores, alcaldes o regidores. Este proceso será distinto toda vez que no participan los partidos políticos, por el contrario, estas campañas se centrarán en el perfil de las personas y sus trayectorias profesionales y no en un emblema partidista.
Debemos recordar que el derecho no es una disciplina uniforme, sino que existen diferentes doctrinas, visiones y enfoques en la formación profesional de cada abogado. Hay visiones iusnaturalistas que consideran que existe un derecho natural universal e inexorable que derivan de una razón divina o por el contrario, aquellas iuspositivistas que consideran que el derecho es un sistema normativo creado por el Estado para que funcione responsablemente, finalmente y como señala Luis Carlos Martín Jiménez todo Estado por el hecho de serlo es Estado de Derecho que requiere de jueces para que los conflictos se tramiten y resuelven dentro del mismo Estado.
No es un asunto menor, en este proceso y con nuestro voto vamos a otorgar un “poder mortífero”. El jurista Piero Calamandrei en su obra El Elogio de los Jueces, decía que: los jueces tienen un «poder mortífero» porque sus decisiones pueden afectar profundamente la vida de las personas, incluso más que las de otros poderes del Estado; que, a diferencia de los legisladores o el gobierno, cuyas decisiones pueden cambiarse con el tiempo, una sentencia judicial es definitiva y debe cumplirse. Puede significar la pérdida de libertad, la ruina económica o incluso la vida en algunos sistemas judiciales que aún mantienen la pena de muerte como mecanismo de control social.
De ahí la importancia de conocer a quienes les tocará ejercer una función técnica, profesional, racional y cognoscitiva al resolver con sus sentencias los casos reales que se les van a presentar como querellas judiciales o en una infinidad de conflictos particulares o sociales.
Demostremos como ciudadanos que sabemos estar a la altura de este reto que significa una importante aportación de nuestro derecho constitucional al mundo.
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