En un comunicado fechado el pasado 27 de junio, pero dado a conocer hoy, J. Duane Poliquin, presidente del consorcio internacional de origen canadiense informó que consiguió un financiamiento de 9.5 millones de dólares, algo así como 177 millones de pesos al tipo de cambio de hoy, para su litigio.
En el texto, redactado originalmente en inglés, se explica que la medida se enmarca en el contexto del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
Añadió que el financiamiento le permitirá a la compañía cubrir todos los costos legales, judiciales y de expertos externos relacionados con sus demandas, así como algunos gastos operativos corporativos necesarios.
La financiación ha sido proporcionada por un “proveedor líder de financiamiento legal” (sic), cuyo nombre no ha sido revelado.
Esta línea de crédito está disponible para su uso inmediato, lo que facilitará a la empresa reclamar daños y perjuicios por las acciones del gobierno mexicano, las cuales, según Almaden, bloquearon el desarrollo del proyecto Ixtaca y terminaron retroactivamente con sus concesiones mineras, resultando en una significativa pérdida de inversiones.
El presidente de Almaden, J. Duane Poliquin, destacó que el volumen y la calidad del financiamiento “reflejan la solidez de las reclamaciones legales de la empresa contra México” (sic).
Además del financiamiento, Almaden ha establecido un acuerdo de gestión de litigios con Almadex Minerals Ltd. y su filial mexicana, optimizando así la dirección del proceso de arbitraje y reduciendo costos. Este acuerdo implica que Almaden asumirá los costos iniciales del arbitraje y dirigirá el proceso en nombre de ambas empresas, con ciertas limitaciones. Almadex seguirá siendo parte del arbitraje y continuará cooperando y apoyando el proceso.
La controversia entre Almaden y el gobierno mexicano se originó por la inversión de la compañía en el proyecto Ixtaca, ubicado en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Almaden denuncia que México violó sus obligaciones de protección de inversiones al declarar nulos los títulos mineros del proyecto, reevaluar las solicitudes originales considerándolas deficientes e inviables, y retrasar y posteriormente negar la expedición del Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El proyecto Ixtaca ha sido objeto de controversia debido a la oposición de las comunidades locales y organizaciones defensoras del medio ambiente, que denuncian daños y violaciones a los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud. Organizaciones como la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, Cesder, Imdec, Fundar y el Consejo Tiyat Tlali han apoyado esta oposición desde hace años.
Con información de: La Jornada de Oriente
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