Datos del INEGI evidencian la lentitud con la que se trabaja en la impartición de justicia en Puebla.
A pesar de recibir en 2024 un presupuesto de mil 744 millones 404 mil 381 pesos, el Poder Judicial de Puebla mantiene en la congeladora más de 21 mil expedientes, lo que equivale a un costo superior a 81 mil pesos por cada caso pendiente.
Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) pusieron en evidencia la lentitud con la que este poder actúa y, además, que cuenta con un personal escaso para atender la carga de trabajo judicial. La ineficiencia institucional se refleja en demoras prolongadas y en una creciente percepción de impunidad social.
En total, hay en Puebla 3 mil 61 trabajadores en el Poder Judicial. De ellos, el 62.7 por ciento corresponde a personal de primera y segunda instancia, de sentencia y órganos jurisdiccionales, mientras que el 37.3 por ciento pertenece al personal administrativo. Esta distribución muestra un desequilibrio operativo entre gestión y resolución de casos.
Más de mil 900 empleados son responsables de impartir justicia. Sin embargo, el número de juzgadores resulta limitado: solo hay 26 magistrados y 124 jueces o personas juzgadoras. Pese a la escasez, los salarios son elevados: los magistrados perciben más de 70 mil pesos mensuales y los jueces entre 55 mil y 60 mil.

Cada expediente cuesta 81 mil en Poder Judicial de Puebla: no avanza en impartir justicia
Con estos sueldos onerosos, el Poder Judicial arrastra 17 mil 577 casos en materia penal y 352 correspondientes a justicia para adolescentes, bajo el nuevo sistema penal acusatorio que opera desde 2016. En total, suman 17 mil 929 expedientes sin resolver, lo que evidencia un grave rezago judicial.
A este volumen se agregan mil 306 casos del sistema tradicional, casi extinguido desde hace una década.
Todos corresponden a la primera instancia, donde las partes se enfrentan por primera vez para alcanzar un acuerdo. En caso de no lograrse, los expedientes se trasladan a segunda instancia.
En segunda instancia, existen mil 591 carpetas pendientes, elevando el total de causas penales sin resolver a 21 mil 516. El cúmulo de expedientes revela un problema estructural: más presupuesto que no se traduce en eficiencia ni en mayor acceso a la justicia para los ciudadanos poblanos.
Durante el mismo año, el Poder Judicial emitió 27 mil 675 sentencias: 16 mil 436 en materia familiar, cinco mil 947 civiles, tres mil 853 mercantiles y 150 laborales. Aunque la cifra parece significativa, contrasta con la magnitud del rezago que mantiene paralizado al sistema judicial estatal.
A nivel nacional, Puebla ocupó el décimo lugar con más sentencias emitidas. El Estado de México encabezó la lista con 76 mil 565 resoluciones, seguido por Guanajuato —una entidad marcada por la violencia— con 64 mil 106. La comparación exhibe la distancia entre los recursos públicos ejercidos y los resultados reales obtenidos por el Poder Judicial poblano.
Con información de: MTP Noticias
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