Aunque ha tenido complicaciones para acceder a la carpeta de investigación, Pascual Bermúdez afirmó que los delitos por lo que lo acusa la firma es daño en propiedad ajena, por unos tubos quemados, y el despojo del pozo 4.
Durante la asamblea, Bermúdez subrayó que le resulta ilógico que Concesiones Integrales lo haya denunciado por el supuesto despojo del pozo, debido a que es propiedad del ayuntamiento, no de la empresa.
Expuso que aunque el gobierno municipal avaló la extracción del agua en el predio este no ha dejado de ser propiedad del ayuntamiento.
Asimismo, acusó a la sindicatura municipal de haber traicionado al movimiento de defensa del agua al haber dado información sobre los líderes, así como sus domicilios para que fueran identificados para la denuncia.
La tercera carpeta de investigación en contra de los activistas que han defendido el líquido del municipio se presentó en contra de Rogelio Flores, tesorero del Comité Ciudadano del Agua, también acusado por los mismos delitos.
El propio Flores enfrenta ya un proceso penal adicional, luego de que en abril de 2024 el Comité Ciudadano de Agua recuperó el pozo tres que abastece a la población de este municipio conurbado.
Flores, adulto mayor y quien ha presentado complicaciones de salud, no estuvo presente en la asamblea pública de este jueves, donde se ventilaron las órdenes de aprehensión y se informó que Renato Romero ya fue liberado, tras haber sido recluido en el penal de San Pedro Cholula.
El síndico municipal Miguel Hernández se presentó en la asamblea donde cientos de pobladores reunidos le recriminaron por “entregar” a Bermúdez y Flores; sin embargo, este afirmó que no fue él sino otro funcionario quién dio los detalles de los señalados a petición de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, le exigieron que se convoque a un cabildo abierto para echar abajo el acuerdo con Concesiones Integrales para que extraiga el 50 por ciento del agua que de el pozo cuatro, y se impida llevarse una gota más a la ciudad de Puebla, como sucedió recientemente en el municipio de Nealtican.
Tanto Bermúdez como otros pobladores temen que se reactiven 42 denuncias que presuntamente habría dejado la exedil, Guadalupe Siyancán Peregrina Díaz, en contra de igual número de habitantes que en 2024 impidieron la extracción de agua en al menos dos pozos clandestinos.
Con información de: La Jornada de Oriente
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