El pasado 14 de febrero se cumplieron dos décadas de que fue descubierta la conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobierno de Mario Marín Torres.
El pasado 14 de febrero se cumplieron dos décadas de que fue descubierta la conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Pero a pesar de que en el caso intervino hasta la Organización de Naciones Unidas para Los Derechos Humanos (ONU-DH) a fin de obligar al Estado Mexicano a hacer justicia, el asunto permanece en absoluta impunidad, pues no existe sentencia firme por el delito de tortura contra ninguno de los principales implicados: uno fue absuelto, varios enfrentan aún procesos —entre ellos el exgobernador Mario Marín Torres y el exdirector de la desaparecida Policía Judicial estatal— y uno más, el empresario Kamel Nacif Borge, principal instigador de los hechos delictivos, está fuera del alcance de la justicia mexicana, refugiado en Líbano.
La única sentencia firme derivada del entramado criminal que dio origen al escándalo fue la dictada contra Jean Succar Kuri, condenado a 94 años de prisión por pederastia, pornografía infantil y corrupción de menores, delitos documentados en el libro Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil publicado por Cacho en 2005. El pederasta libanés no terminó de purgar su condena: falleció el 13 de junio de 2025 en Cancún, víctima de una insuficiencia cardiaca, mientras permanecía internado en un hospital privado al que fue trasladado tras presentar un cuadro severo de anemia. Murió como sentenciado, pero por delitos sexuales, no por la conjura de tortura, pues aparentemente no tuvo que ver directamente en ésta.
Tampoco prosperó acción penal alguna contra la jueza Rosa Celia Pérez González, quien en 2005 libró la orden de aprehensión contra Lydia Cacho por el delito de difamación. La actuación judicial fue cuestionada públicamente, pero no derivó en responsabilidades penales en su contra.
CONJURADOS SIN SENTENCIA
Mario Marín Torres, titular del Poder Ejecutivo poblano de 2005 a 2011, fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco tras permanecer prófugo casi dos años. Obtuvo prisión domiciliaria en 2024 por razones de salud. Empero, ese beneficio le fue revocado por un tribunal federal tras impugnaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la defensa de la víctima. Como consecuencia fue remitido al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, donde permanece hasta hoy. No existe sentencia firme en su contra.
Kamel Nacif Borge, empresario textil conocido como “el rey de la mezclilla”, tiene orden de aprehensión vigente por tortura. Huyó a su país natal, Líbano, donde fue detenido el 12 de octubre de 2020 en Beirut en cumplimiento de una notificación roja emitida por Interpol, derivada de una orden de aprehensión girada por un juez federal mexicano por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. Sin embargo, quedó libre tras el pago de una fianza y no puede ser extraditado porque nuestro país no tiene el convenio correspondiente con aquella nación, así que el empresario textilero permanece impune.
Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla,quien fue director de la Policía Judicial del estado de Puebla en la gestión de Marín y es acusado por la tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005, fue detenido en julio de 2023 por la Fiscalía General de la República en cumplimiento de una orden de aprehensión. Sin embargo, obtuvo un amparo ante tribunales federales que modificó su medida cautelar, lo que permitió que siguiera su proceso judicial en libertad, aunque con restricciones como la obligación de acudir a firmar periódicamente y limitación de movilidad.
Juan Sánchez Moreno y Alejandro Rocha Laureano, agentes de la entonces Policía Judicial de Puebla que participaron directamente en la detención de Lydia Cacho en Cancún y en su traslado por carretera a Puebla en diciembre de 2005, fueron imputados por el delito de tortura tras la reapertura del caso. Al segundo, tribunales federales dictaron resoluciones que le favorecieron en etapas previas del proceso, lo que dejó sin efecto la acusación en su contra; el segundo enfrenta proceso penal, pero hasta ahora no existe sentencia firme condenatoria por el delito de tortura en su contra.
LOS HECHOS
El 16 de diciembre de 2005, agentes de la entonces Policía Judicial de Puebla, encabezados por el comandante Juan Sánchez Moreno y el agente Alejandro Rocha Laureano, viajaron a Cancún para detener a Lydia Cacho. La periodista fue trasladada por carretera hasta Puebla en un trayecto de más de 20 horas durante el cual sufrió amenazas, intimidaciones y agresiones psicológicas. De acuerdo con su denuncia, fue objeto de actos constitutivos de tortura, entre ellos amenazas de violación y muerte, así como hostigamiento constante.
El arresto se derivó de una querella por difamación presentada por Kamel Nacif Borge tras la publicación de Los demonios del Edén, donde se documentaban redes de explotación sexual infantil vinculadas a empresarios y personajes políticos.
El 14 de febrero de 2006 La Jornada dio a conocer el contenido de grabaciones telefónicas entre Mario Marín y Kamel Nacif. En ellas se escucha al entonces gobernador agradecer al empresario el “coscorrón” a la periodista y coordinar acciones para detenerla. La revelación desató un escándalo nacional.
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de investigación para determinar si hubo violaciones graves a garantías individuales. En 2009, por mayoría de votos, el pleno concluyó que no se acreditaba una violación grave atribuible directamente a Marín. La resolución no implicó absolución penal —pues la Corte no juzga delitos en ese procedimiento—, pero políticamente significó el cierre institucional del caso en ese momento.
Entre las ministras que participaron en aquella discusión se encontraba Olga Sánchez Cordero, quien años después sería secretaria de Gobernación en la administración del presidente de Andrés Manuel López Obrador y actualmente se desempeña como diputada. La decisión de la Corte fue ampliamente criticada por organizaciones civiles.
Ante el cierre interno, Lydia Cacho acudió al Comité contra la Tortura de la ONU-DH. En 2018, el organismo determinó que el Estado mexicano fue responsable de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo tortura, detención arbitraria y falta de acceso a la justicia. Ordenó la reapertura de la investigación, la sanción de los responsables y una reparación integral.
En cumplimiento de esa resolución internacional, la Fiscalía General de la República reactivó el caso y obtuvo órdenes de aprehensión por el delito de tortura contra varios implicados. El Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista.
IMPLICADOS COLATERALES
En las grabaciones difundidas en 2006 apareció Hannah Nakad Bayeh, conocido como “Juanito Naca”, empresario que regenteaba un taller de mezclilla dentro del penal de San Miguel en Puebla. En las conversaciones se le escucha participar en comentarios sobre posibles agresiones contra la periodista. Nunca fue procesado y falleció en marzo de 2022.
Javier López Zavala, secretario de Gobernación durante el sexenio de Marín y considerado el principal operador político del régimen, fue candidato del PRI a la gubernatura en 2010 y perdió ante Rafael Moreno Valle. Hoy se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, tras ser sentenciado a 60 años de prisión como autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón. Su situación jurídica no deriva del caso Cacho, pero forma parte del entorno político que rodeó la conjura.
Con información de: La Jornada de Oriente
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