13 de los diputados de la LVIII Legislatura local que entre 2012 y 2013 aprobaron la Ley de Agua del Estado de Puebla y las reformas que abrieron paso a la privatización del agua en Puebla y su zona conurbada encontraron cobijo en la llamada cuarta transformación, que en dos gobiernos ha propuesto, sin lograrlo, rescindir el contrato a la empresa Concesiones Integrales.
De acuerdo con los registros de las votaciones, los exlegisladores avalaron la nueva ley en la materia el 14 de diciembre de 2012, la cual incluyó un capítulo sobre “participación del sector social y privado”, lo que permitió la contratación de empresas privadas para la prestación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento.
En esa primera votación, la mayor parte de los diputados del PRI no sabían que estaban dando su aval a la privatización del agua, debido a que se trató de una votación fast track en la que pensaban que únicamente realizaban cambios administrativos y no se habían percatado de la posibilidad jurídica de la concesión.
Por esta razón, en septiembre de 2013 nueve de los 13 diputados del tricolor votaron en contra de la reforma mediante la cual el Congreso del estado perdió la facultad de regular las tarifas del servicio. Para reformar la Constitución se requirió de mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes, mientras que para la reforma que se hizo nueve meses después solo era necesaria mayoría simple.
De esta forma, en septiembre de 2013 se avaló una reforma con la que el Congreso del estado perdió la facultad de regular las tarifas del servicio de agua potable y convirtió en créditos fiscales los adeudos por el pago del servicio. La reforma de diciembre de 2012 se aprobó por unanimidad y la de septiembre de 2013, por mayoría, debido a que nueve de 13 diputados del PRI votaron en contra del ordenamiento.
Los legisladores que encontraron cobijo en la 4T fueron Denisse Ortiz Pérez, entonces diputada local del PAN, quien durante el periodo de Luis Miguel Barbosa Huerta se desempeñó como directora del Sistema Estatal DIF. Edgar Salomón Escorza, entonces diputado local del PRI, hoy se desempeña como asesor de Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado.
También se encuentra Lauro Sánchez López, exdiputado del tricolor, quien actualmente se desempeña como director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) en el gobierno de Alejandro Armenta Mier. En tanto, Guillermo Aréchiga Santamaría, entonces integrante de la fracción de Acción Nacional, se convirtió en secretario de Movilidad y Transporte con el exgobernador Luis Miguel Barbosa.
Por su parte, José Juan Espinosa Torres, exdiputado local de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, encontró cabida durante algún tiempo en la 4T, movimiento que lo hizo diputado local por el PT en la LX Legislatura local, de 2018 a 2021. Más tarde rompió con este grupo al ser investigado por presunta corrupción mientras fue edil de San Pedro Cholula y se sumó a las filas del PRI.
Eric Cotoñeto Carmona, entonces integrante de la fracción del PAN, aunque militante del PRD, también avaló e incluso defendió en tribuna las reformas que privatizaron el servicio de agua. El político fue conocido operador del exgobernador Luis Miguel Barbosa y actualmente se desempeña como director de Construcción Ciudadana y Participación Social de la Secretaría de Gobernación estatal.
Otro exdiputado de la fracción del PRD que avaló la privatización del agua fue José Antonio Gali López, quien hoy se desempeña como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político aliado de Morena. Este político es además hijo del exgobernador José Antonio Gali Fayad, en cuyo periodo se consolidó sin estridencias la privatización del servicio.
Héctor Alonso Granados, entonces diputado de Nueva Alianza, más tarde se desempeñó como diputado local por Morena en la LX Legislatura. En 2019, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda ordenó su expulsión por las expresiones misóginas y machistas que realizó durante la discusión sobre la despenalización del aborto en Puebla.
Felipe David Espinoza Rodríguez, entonces diputado del PRI, también dio su voto a favor de la privatización del agua y en la actualidad se desempeña como titular del Instituto Poblano de Atención al Migrante Poblano.
Jesús Vázquez Viveros, exdiputado local del PRI, hoy se desempeña como director jurídico del organismo Museos de Puebla, mientras que Hugo Alejo Domínguez, exdiputado local de Nueva Alianza, en 2019 se sumó en su momento a la campaña de Luis Miguel Barbosa.
Jorge Luis Coriche Avilés, exdiputado del tricolor, actualmente se desempeña como director de Recursos Materiales del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, y Enrique Nacer Hernández, entonces diputado local del PAN, hoy es subdirector general de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTEP.
Consulta: Sheinbaum reconoció que en ninguna parte ha funcionado la privatización del agua
EDGAR SALOMÓN, ASESOR POR RAZONES “HUMANAS”, NO POLÍTICAS: GASPAR
Cuestionado sobre si es incongruente tener como asesor, en un Congreso con mayoría de Morena, a un exdiputado responsable de votar a favor de la privatización del agua, Pavel Gaspar afirmó que el exlegislador priista Edgar Salomón Escorza llegó a la actual legislatura por una razón “humana” más que política. Expuso que el exlegislador tuvo un problema de alcoholismo y le pidió que desde el Poder Legislativo se trabaje en políticas públicas para ayudar a los jóvenes a salir de estos problemas.
“Le pedí a Edgar Salomón que viniera a asesorar. Él tenía un problema de alcoholismo. En ese punto coincidí con él. No es un tema de que él es morenovallista o yo morenista, sino de humanidad, de hermandad. Le pedí que transmitiera y que rescatáramos muchos jóvenes. Llevo 24 años en ese empeño”.
Con información de: La Jornada de Oriente
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