• El uso de lenguajes especializados excluye y confunde, explicó Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en una mesa de diálogo sobre buenas prácticas de lenguaje claro y accesible
• El lenguaje claro permite a la sociedad comprender las normas y ejercer derechos, lo que fomenta los valores democráticos
La comprensión de las normas es indispensable para ejercer derechos, dijo Diego Valadés Ríos, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, durante una mesa de diálogo sobre buenas prácticas de lenguaje claro y accesible en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El lenguaje claro es “el mejor instrumento que podemos tener para ejercer nuestros derechos y nunca los podremos ejercer si previamente no los conocemos. (…) En un futuro cercano tendremos que exigir que (el lenguaje claro) se convierta en uno más entre los derechos fundamentales de los mexicanos”, dijo Valadés.
La sesión se realizó en las instalaciones del INAI como parte de las actividades de este Instituto miembro de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, la cual fomenta el lenguaje sencillo como fundamento de los valores democráticos y busca que las autoridades de los países de habla hispana se comprometan con dicho propósito.
Diego Valadés, investigador emérito de la UNAM, señaló que la complejidad del lenguaje jurídico obstaculiza el acceso a la justicia y genera desigualdades y enfatizó que, tanto en lo individual como en lo colectivo, sólo se puede ser titular de un derecho cuando se conoce y comprende el conjunto de normas y potestades.
Recordó que las sentencias judiciales en México figuran entre las más largas y complejas del mundo, porque en su redacción se incluyen detalles de todas las etapas de los litigios, producto de una desconfianza por la pérdida de información en los legajos heredada de la época colonial.
Valadés, quien fue Procurador General de la República, detalló que el lenguaje claro puede combatir la “babelización de las sociedades”, que significa el uso de lenguajes particulares, técnicos y especializados que provocan exclusión y confusión entre la población que no domina esos lenguajes.
El ámbito privado no escapa a la necesidad de un lenguaje claro, dijo Valadés, y puso como ejemplo los contratos de adhesión. Muchas veces, agregó, las personas firman contratos sin leer ni entender su contenido.
Al encabezar la inauguración de la mesa de diálogo, el Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, sostuvo que la mayoría de los escritos de las instituciones públicas tienen tecnicismos y usan lenguaje especializado que limita el derecho de las personas a comprender información indispensable para hacer valer sus derechos.
“No se trata de poner a prueba la habilidad lectora de las personas y su nivel de especialización. Se trata de que quienes elaboramos los escritos tengamos la capacidad de transmitir el conocimiento especializado en palabras accesibles para todas y todos”, dijo el Comisionado Presidente del INAI.
La Comisionada del INAI Blanca Lilia Ibarra Cadena afirmó que, desde la adhesión de este Instituto a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, en mayo de 2024, se promueve un mayor entendimiento y claridad del quehacer público. “El uso de lenguaje claro fortalece la transparencia, fomenta la confianza y reduce la brecha entre instituciones y ciudadanía. Facilita la comprensión de derechos y deberes, promoviendo una relación más justa y equilibrada entre el Estado y la sociedad”, dijo.
Las instituciones públicas y privadas tienen la responsabilidad de comunicar con claridad y con eficiencia para tener la certeza de que el mensaje está llegando a la población, aseguró la Comisionada del INAI Josefina Román Vergara. “Al simplificar el lenguaje mejoramos la comunicación y fomentamos una relación de confianza entre las instituciones y las personas”, señaló.
El lenguaje claro y ciudadano debe ser una de las premisas del INAI en la elaboración de las resoluciones del Pleno y el trabajo diario que realizan sus áreas, destacó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, y mencionó que “Las y los ciudadanos no son abogados y no tienen la obligación de conocer términos técnicos, por eso, las resoluciones entre más tengan un lenguaje ciudadano serán mejor entendidas.
En la sesión sobre las mejores prácticas en la aplicación del lenguaje claro participaron Martha Alejandra Tello Mendoza, Profesora de la Escuela Judicial Electoral; Alejandra Camacho Ortiz, Titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial; Carlos Figueroa Sánchez, Coordinador General de Abogacía del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y Gabriel Torres Espinoza, Director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Consultivo del INAI.
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