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viernes, 15 de noviembre de 2024

En carta a Sheinbaum, promotores de la suspensión del pago de la deuda pública, proponen mesa de diálogo para solución de fondo a la deuda pública… es impagable, aseguran.

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos MexicanosPresente.

Estimada presidenta:

Como la inmensa mayoría del pueblo mexicano, nos congratulamos de que haya llegado a la Presidencia de la República una mujer de izquierda. Esperamos establecer con usted un diálogo constructivo, tanto en torno a nuestras propuestas como a las circunstancias que el gobierno enfrenta, en la perspectiva de fortalecer las finanzas públicas para que la transformación en curso cuente con los recursos para profundizarse.

La Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública (PSPDP) se constituyó en septiembre de 2020, en plena pandemia. En aquel entonces nos preguntamos qué debería hacerse en materia económica para enfrentar la emergencia sanitaria y económica, así como para avanzar en el cambio posneoliberal.

Cuatro años de activismo para crear conciencia como antaño se tenía, del grave problema de la deuda pública y solicitando interlocución con el gobierno, han quedado registrados y están a su disposición en nuestro sitio: www.nomasdeudapublica.org

En este inicio de sexenio solicitamos atentamente un diálogo directo con la Presidencia y espacios públicos para el debate de fondo. La transformación requiere más recursos. La deuda pública es impagable, crece su monto y crece la cantidad que año con año se dedica al servicio de ésta. El sistema-deuda existe para garantizar el saqueo de recursos, atrapa lo mismo a las naciones que a las empresas y a particulares.

Desde nuestra perspectiva, hay que invertir más en el desarrollo nacional y atender a un ritmo mayor la deuda social y la enorme cantidad de problemas pendientes. Para ello, además de detener la sangría del servicio de la deuda, urge una reforma fiscal progresiva, un impuesto a las grandes fortunas y dejar de subsidiar al capital.
Estamos en un contexto internacional de mucha inestabilidad e incertidumbre y escaso crecimiento. El PIB no debe ser el único criterio para evaluar y juzgar el peso de la deuda.

Como la pandemia demostró, un solo problema vino a dar al traste con la economía y en términos reales prácticamente no hubo crecimiento económico en el sexenio anterior.

A continuación, nos referimos a algunos de los problemas pendientes cuya solución requiere recursos:

Urge modificar la distribución de las ganancias, pues si bien han crecido los salarios mínimos, eso sólo beneficia a una mínima parte de las y los trabajadores. Los salarios contractuales y los de la administración pública se han estancado o decrecido. El outsourcing continúa en las instituciones públicas.

Para que la economía crezca se requiere inversión pública. Dado que el capitalismo nunca garantizará pleno empleo, se necesita crear un programa de empleo digno financiado con inversión pública. Además, ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial tendrán un impacto negativo en el empleo.

Mientras hay más de 37 millones de mexicanos y mexicanas en el trabajo informal, los empleos formales crecen a cuentagotas… y existen 15.3 millones de trabajadores y trabajadoras con salarios por debajo de la línea de pobreza… Las mujeres están sobrerrepresentadas en la economía informal, dependiendo de actividades de sobrevivencia, por lo cual, lejos de que se respete su derecho al empleo digno, viven sin prestaciones y sin seguridad social.

Pese al primer sexenio de la 4T, en México persiste una realidad lacerante: mientras que por un lado hay una creciente concentración de la riqueza, por el otro se destina al pago del servicio de la deuda un monto equivalente al 30% de lo que los hogares mexicanos más pobres usan en su sobrevivencia.

Hemos propuesto y sostenemos: la deuda crece, y la tajada que del presupuesto se lleva el pago del servicio de la deuda cada año es mayor; no basta y no puede ser la prioridad reducir el déficit, esto, hasta el FMI lo está pidiendo. La solución debe ser integral y a favor de las finanzas públicas.

Es una exigencia ética dejar de pagar el Fobaproa, esa deuda privada que ilegalmente se convirtió en deuda pública. En el Congreso aguarda una Ley de repudio al pago del Fobaproa que propone que el gobierno deje de fondear al IPAB y, dadas las enormes ganancias de los bancos, sean las instituciones bancarias las que financien al IPAB en su totalidad.

Economía que se desendeuda se fortalece. Es indispensable realizar una auditoría integral de la deuda pública, mediante una comisión bipartita entre gobierno y sociedad civil aliada que ofrezca los elementos para una renegociación de la deuda sobre la base de negarse a pagar toda deuda que resulte ser: ilegal, ilegítima, odiosa y/o insustentable.

A fin de contar con recursos para profundizar la transformación, se propone la suspensión del pago del servicio de la deuda pública al menos durante dos años, mientras se audita y se renegocia, lo cual daría recursos para invertir en los problemas más serios que se enfrentan, por ejemplo: invertir en el cambio del modelo agrotóxico por uno agroecológico que garantice alimentación sana y soberanía alimentaria. El campo, el sector agropecuario y pesquero necesitan financiamiento accesible con intereses mínimos. Crear empleos en el campo cuesta menos que en la industria.

Urge una reforma fiscal progresiva. México es de los países que tienen una muy baja recaudación, pero, además, en tiempos de los neoliberales se modificó la carga fiscal de una manera terriblemente injusta, poniendo un tope al impuesto de los ricos, ganen lo que ganen, y gravando los salarios de las y los trabajadores de menos ingresos. Esto debe modificarse rotundamente.

Es indispensable un impuesto a las grandes fortunas. Frente a la enorme concentración de la riqueza que sigue generando el modelo económico mexicano, es de elemental justicia imponer un impuesto a las grandes fortunas, asunto que ya se discute en el ámbito internacional. Oxfam-México propone cobrar 3 por ciento a fortunas de más de 100 millones de pesos y 5 por ciento a aquellas que poseen más de 20 mil millones de pesos.

Todos estos temas deben ser debatidos frente a la opinión pública, y la mejor forma de enfrentar las resistencias y contar con el respaldo ciudadano es someterlos a consulta ciudadana. Pero en el actual artículo 35 constitucional: la fracción VII establece que es un derecho votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, y acto seguido las acota y cancela la posibilidad de hacerlo en una enorme cantidad de temas, entre otros: “No podrán ser objeto de consulta popular (…) el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

En el contexto actual, frente al primer proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que su gobierno enviará al Congreso, planteamos: la reducción del déficit tiene que ir acompañada de la determinación de auditar la deuda pública, dejar de pagar el Fobaproa, de una reforma fiscal progresiva y los impuestos a las grandes fortunas. En el PEF 2025 es indispensable generar modificaciones de fondo para ir rescatando la soberanía financiera y económica en general, base de la soberanía política.

Por lo anterior, reiteramos de manera atenta y respetuosa nuestras peticiones:

Establecer en su carácter de presidenta de la República un diálogo con la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública.

Ordenar la apertura en medios públicos para el debate informado de temas de fondo como los aquí expuestos: deuda, auditoría, suspensión del servicio de la deuda, pago de impuestos de las grandes fortunas y la indispensable reforma fiscal progresiva.

Reformar el artículo 35 constitucional para garantizar plenamente la soberanía popular establecida en el artículo 39 constitucional.

Con información de: Dossier Político


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