Los abusos y la explotación de índole sexual de menores de entre tres y siete años en las escuelas mexicanas se han convertido en “el elefante en la habitación” para las autoridades de nuestro país. A pesar de la gravedad de los ilícitos, estos hechos delictivos se incrementaron más del 30 por ciento en México en la última década; sin embargo, el tema casi no se toca.
Según reportes de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), muchos de los casos abusos en entornos escolares involucran a maestros y personal escolar ligados a redes que abusan física, sexual y psicológicamente de cientos de niños y niñas.
No obstante, las autoridades se han negado a investigar a profundidad este tipo de delitos, por omisiones de las mismas, o por deficiencias en el sistema que revictimiza a los menores afectados, quienes a pesar de ser atendidos por autoridades especializadas en temas de explotación infantil, sus denuncias son puestas en duda.
Sin embargo, a pesar de que desde organizaciones no gubernamentales se han aportado evidencias concretas de que los casos de abuso no solo corresponden a hechos aislados, autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) son señaladas como “omisas” ante un problema que se agudiza cada vez más, y cuya dimensión real aún no se conoce todavía.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la explotación sexual ocurre cuando una persona o un grupo de personas involucran a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras a cambio de cualquier tipo de beneficio.
Por su parte, datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), señalan que México es el primer productor a nivel mundial de pornografía infantil (como penalmente se conoce a la producción y circulación de material de explotación sexual infantil), estimando que cerca del 60 por ciento del contenido producido globalmente surge en nuestro país
Son precisamente los materiales sexuales explícitos de menores de edad, a partir de fotografías, videos y otros formatos ligados a las nuevas tecnologías informáticas los que la ODI sostiene que podrían estar relacionados con por lo menos 27 escuelas de educación básica y preescolar en 12 entidades de la República.
El principal problema: falta reconocer el delito para avanzar.
Una realidad hacia la que las autoridades mexicanas no han querido mirar en los últimos 20 años, es que los múltiples casos de abuso sexual de menores y violaciones equiparadas que ocurren en las escuelas del país cada año, hechos que, según organizaciones no gubernamentales, se escapan de una manifestación de pederastia aislada, y suponen una actividad delictiva más compleja, es decir, redes de explotación sexual organizadas.
Entre 2001 y 2024 la ODI ha identificado a 27 instituciones educativas involucradas en múltiples actos de abuso infantil y explotación sexual en entidades como Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Guanajuato y San Luis Potosí.
Según la última actualización del reporte “Es un secreto. La explotación infantil en escuelas”―publicado en 2024―, dichas entidades acumulan cientos de casos y testimonios de niños y niñas víctimas de abuso físico, sexual y psicológico por varios adultos en baños, salones de clase y áreas de juego, algunos de los cuales fueron grabados para crear material de explotación sexual.
“A través de la investigación de la ODI, se puede establecer que no necesariamente se trata de pederastia y del abuso del momento, sino que ahí se sugiere la presencia de cámaras de videograbación, de disfraces, se puede hablar de elaboración de materiales de explotación sexual”, explicó a Reporte Índigo Gabriela Astorga, productora y guionista del podcast “Es un secreto” , basado en la investigación que emprendió la ODI sobre la explotación sexual en escuelas públicas y privadas.
No obstante, la respuesta por parte de las autoridades federales ha sido escueta y por parte de la SEP nula. En 2021 se dio a conocer la primera versión del reporte con el que la ODI denuncia los casos de explotación infantil en escuelas mexicanas, a lo que el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se trabajaba mucho en el tema y que pediría que se informara al respecto.
“Todas estas acciones reprobables, indignas, que tiene que ver con el abuso de menores, y se tiene una actividad permanente. Vamos pedirle a Rosa Icela (Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) que cuando informen, ya ves que informamos cada mes sobre el estado que guarda las acciones de seguridad y protección ciudadana, todo lo que se hace para conseguir la paz en el país, pues que incluya esto”, sostuvo el expresidente el 31 de mayo de 2021.
Fuera del discurso presidencial momentáneo, los resultados en el combate a este tipo de ilícitos no se han visto reflejados, y lejos de que las autoridades inhiban estas conductas en México, se han frenado investigaciones que pueden profundizar en la gravedad del problema. En los últimos tres años los casos que reúnen las características de explotación sexual en las escuelas de educación básica identificados por la ODI pasaron de 18 a 27.
“Justo en la actualización de 2024 ya se se habla de una investigación que intentó impulsar la ODI con la Policía Cibernética, encontraron videos con logotipos que parecen ser de escuelas mexicanas, pero las investigaciones llegan a un tope porque las mismas autoridades dicen ‘eso ya no lo podemos investigar’”, refirió Astorga.
Entre los 27 casos en los que se presume el abuso y la explotación sexual organizada, 14corresponden a escuelas privadas y 13 a instituciones públicas, de los que el 37 por ciento de las escuelas (10) están en la Ciudad de México (CDMX); le siguen Jalisco con cuatro, Oaxaca con dos y el resto de entidades antes mencionadas con un caso cada una, respectivamente.
El nulo papel de la SEP
Las principales críticas de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y de padres de víctimas de abusos sexuales en entornos escolares hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), son la opacidad y la poca colaboración de la dependencia para esclarecer los delitos, la que aseguran, se preocupa más por el desistimiento de las acciones penales que por la solución del mismo.
“Para que esto sea un campo fértil para la impunidad, hay muchas cosas que facilitan este tipo de abusos, desde cómo se contratan los maestros en la SEP, y que no se pueda ver un expediente de trabajo de un maestro o que no haya ninguna obligación de presentar la plantilla de maestros a los padres y las madres”, detalló Gabriela Astorga, también integrante del colectivo Alta-Voz Social y Cultural.
La última actualización del reporte “Es un secreto. La explotación infantil en escuelas”, cuestiona que los protocolos de la SEP establezcan que sea la propia dependencia quien investigue toda denuncia de abuso sexual antes de darlo a conocer a las autoridades, pues únicamente el 52 por ciento de las denuncias por violencia sexual escolar que recibe la SEP llegan a las fiscalías.
En diciembre de 2021, la ODI obtuvo sentencia condenatoria de 494 años y nueve meses de prisión en contra un servidor público adscrito a la SEP, por la agresión sexual a 17 menores―ocurrido en 2017― en el centro preescolar público Marcelino de Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Dicha sentencia fincó responsabilidades a la SEP, y la instancia educativa federal se le ordenaron seis medidas de reparación integral, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición a favor de las víctimas y sus familias.
Asimismo, se le pidió a la SEP publicar en su sitio web materiales didácticos y audiovisuales relacionados con las experiencias de las víctimas en su búsqueda de justicia; instituir políticas públicas relativas a la creación de espacios escolares seguros en todos los jardines de niños de la CDMX; y la sensibilización de los especialistas de la salud que tienen contacto con personas víctimas de delitos sexuales.
Por otra parte, la medida judicial pide implementar de forma permanente cursos de capacitación dirigidos a todo el personal respecto a la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo; ordena la institución de un día en el calendario escolar para concientizar la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil en las aulas; y realizar un acto público de reconocimiento de su actividad irregular en relación con los hechos del caso cometidos por el sentenciado.
Sin embargo, a casi tres años de la sentencia, la instancia federal no ha dado cumplimiento a los requerimientos judiciales.
“La reacción de la institución ha sido inexplicable. No solo se ha guardado silencio absoluto frente al público, sino que no se han modificado las circunstancias que hacen posible que sucedan estos casos”, sostiene la ODI en la actualización 2024 de su informe.
Los casos siguen y la impunidad continúa
Basta con dar un vistazo a los hechos noticiosos para encontrarse con un bloqueo, o una protesta de padres de familia por casos de abuso sexual al interior de la escuelas de educación básica de nuestro país.
Si bien la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) solo ha podido establecer patrones de explotación sexual al interior de 27 escuelas en 12 entidades, en los últimos 20 años han existido por lo menos 59 casos con indicios de explotación sexual en escuelas que deberían ser investigados con mayor rigor por las autoridades.
Solo en lo que va de 2024 se han hecho mediáticos varios casos, entre estos el de Kim, una niña de tres años que, según lo denunciado por su madre, fue abusada dentro del preescolar Graciano Viniegra Salazar, en Mexicali, Baja California.
En dicho caso se ha señalado a un par de docentes como los perpetradores de los hechos, uno de los cuales ya tenía acusaciones de pederastia en un jardín de niños en 2016.
Sin embargo, la fiscal de la entidad, María Elena Andrade Ramírez, no ha podido resolver el caso y se ha aventurado a señalar que no hay argumentos para vincular a proceso al principal señalado por los hechos.
Mientras que las víctimas denuncian encubrimiento y protección del presunto agresor, Eliseo González Cañez, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Desde julio de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre el conjunto de casos denunciados por la ODI. No obstante, en tres años no se han logrado avances y son más los señalamientos de “simulación” por parte de las autoridades.
Según acusa la ODI, la FGR no logra obtener las carpetas de investigación de otras fiscalías sobre casos similares, y tampoco busca expedientes laborales, ni indaga ante la SEP sobre si sus servidores públicos tienen denuncias que empaten con la conducta de abuso y explotación sexual.
Aunque las evidencias reunidas por la sociedad civil y las autoridades federales aún no dan argumentos para señalar a los posibles beneficiarios de la explotación sexual en escuelas de educación básica, para Gabriela Astorga, los topes a la investigación son frenados desde las esferas económica y política.
“Creo que es un poder económico, y también un obstáculo político por el poder que tiene el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la SEP. Al fin alguien se está beneficiando de estos abusos, indudablemente porque, por otro lado, no se hace justicia, y el tema es tan abrumador que la gente no quiere involucrarse y esto hace que para la clase política no sea relevante”, concluyó Astorga.
Con información de: Reporte Indigo
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