Las participantes coincidieron en que la violencia misógina sigue siendo un problema estructural, y advirtieron que los discursos revictimizantes persisten en todos los sectores de la sociedad, incluso entre funcionarios públicos. Recordaron declaraciones de autoridades estatales y municipales que han culpado a las víctimas en lugar de responsabilizar a los agresores.
“Seguimos escuchando comentarios deshumanizantes por parte de las autoridades sobre con quién vivimos, a quién elegimos como pareja, qué tanto bebimos o cómo vestimos. Hoy decimos al Estado y a la sociedad que los feminicidios son responsabilidad de quienes los cometen, no de las mujeres”, expresaron.
A pesar de la alerta de género emitida en el estado y de la apertura de las Casas Carmen Serdán para atender a víctimas de violencia machista, las activistas señalaron que las acciones institucionales no han enfocado sus esfuerzos en los agresores, donde consideran que debe centrarse la atención.
“La violencia feminicida no se resuelve con Casas Violetas ni con declarar a Puebla santuario para las mujeres, cuando la realidad muestra que la mayoría de los feminicidios son cometidos por personas cercanas a las víctimas. Seis de cada diez mujeres asesinadas conocían a su agresor”, denunciaron.
Es decir, las activistas responsabilizaron a todos los niveles de gobierno por centrar los esfuerzos en la presentación de denuncias o en la concientización de la violencia en las víctimas cuando deben surgir mecanismos que busquen solucionar los problemas que llevan a los agresores a cometer actos machistas, misóginos y de odio que terminan en feminicidio y mantienen al estado de Puebla en séptimo lugar nacional en nivel de este tipo de violencia.
Además, resaltaron que los niveles de acoso sexual, violaciones y lesiones reflejan que las mujeres aún no tienen garantizado su derecho a una vida libre de violencia.
“La realidad la vivimos día a día en el acoso, el hostigamiento y el miedo a salir solas a la calle”, sentenciaron.
EXIGEN JUSTICIA POR EL FEMINICIDIO DE JOSELYN BAROJAS
Durante la colocación de una ofrenda por las víctimas de feminicidio en Puebla, las activistas recordaron que el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Ibero Puebla contabilizó 25 probables feminicidios entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2025, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) solo reconoce 19 casos en el mismo periodo.
Atribuyeron esta discrepancia a la incorrecta clasificación de las carpetas de investigación, ya que en muchos casos las muertes violentas de mujeres son registradas como homicidios dolosos o suicidios, lo que, aseguraron, “revictimiza a las mujeres y a sus familias”.
Como ejemplo, citaron el caso de Joselyn Barojas, ocurrida el 15 de septiembre en Atlixco, donde la FGE determinó que su muerte fue un suicidio basándose en la declaración de su presunta pareja sentimental y agresor, quien afirmó que la joven se arrojó de un balcón.
“La Fiscalía ignoró los testimonios de vecinas, vecinos y personas cercanas a Joselyn, quienes advirtieron sobre la violencia que ella sufría. Exigimos justicia”, subrayaron.
Finalmente, las organizadoras confirmaron que esta fue la última edición de la Marcha de las Putas, luego de 15 años de realizarse desde el Paseo Bravo hasta el Zócalo de Puebla. En adelante, planean continuar su lucha mediante concentraciones conmemorativas y colocación de ofrendas para recordar a las víctimas de feminicidio, como lo han hecho en los últimos ocho años.
Afirmaron que el colectivo mantendrá su labor de acompañamiento a víctimas de violencia de género, así como la realización de actividades culturales y educativas para visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
Con información de: La Jornada de Oriente
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