El MEH entregó al gobernador el Informe donde consta que Puebla es señalado como el estado con mayor número de crímenes en el país
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) entregó al gobernador Alejandro Armenta Mier el Informe “Fue el Estado” donde consta que Puebla es señalado como el estado con mayor número de masacres en el país a manos de elementos del Ejército entre 1965 y 1990 y le piden reconocimiento de los crímenes de Estado cometidos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones de miembros del movimiento estudiantil y de disidencias políticas y religiosas; disculpas públicas a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en general y que no se dejen en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos registrados.
Esta petición, hecha en septiembre de 2024, se dio a conocer este fin de semana, durante la presentación en torno al Informe del MEH por David Fernández Dávalos y Sabina Morales, coordinadora académica, en diálogo ante movimientos sociales, colectivos y personas comprometidas con la memoria y la justicia, evento organizado por el colectivo Narrativas y Memoria de la Desaparición en México.
Durante el diálogo los comisionados del Mecanismo detallaron que este documento que recoge los episodios más terribles documentando las graves violaciones de derechos humanos en el país, no ha sido debidamente difundido por la administración federal actual, quien fue el que lo mandó a elaborar.
Los investigadores aseguraron que el informe no se ha difundido adecuadamente y atribuyen el hecho al pacto de impunidad y silencio que sigue existiendo respecto de las graves violaciones que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, pues sigue habiendo protección activa del Ejército resistiéndose a reconocer que fue un actor central en ese periodo.
Lamentaron que las condiciones actuales en el país no han remontado, lo que posibilita que los factores de persistencia de las violencias pasadas no se combatan y sea un riesgo que estas ocurran nuevamente
El informe que puede consultarse en el sitio oficial del MEH https://www.meh.org.mx/ documenta que en Puebla ocurrieron una decena de masacres, entre ellas las que destacan las ocurridas en Monte Chila y Pantepec, durante los gobierno del general Rafael Moreno Valle y de Guillermo Jiménez Morales, consideradas entre las violaciones de derechos humanos más graves en el país,
MEH recogió testimonios de la masacre de cientos de campesinos -en testimonios se citan 400- totonacos y nahuas ocurrida en 1970, el último año de Gustavo Díaz Ordaz y el primero del gobernador, el general Rafael Moreno Valle, abuelo del finado ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas.
Se detalla que la disputa de tierras fértiles donde se sembraba café fue el motivo. Caciques, coludidos con autoridades desalojaron a pobladores de Monte Chila de propiedades, la feroz defensa de la tierra terminó con la violación sexual de las mujeres y el acribillamiento de pobladores a manos del Ejército, los cadáveres de indígenas quedaron a la intemperie por más de 3 meses, pues se prohibió su entierro como advertencia a futuras protestas.
Consta también el caso en Rancho Nuevo Pantepec, la matanza de 27 campesinos acribillados con armas de alto poder por un grupo de guardias blancas, policías estatales y municipales convocados por caciques de Francisco Z Mena y Xicotepec el 2 de junio de 1982 para dar escarmiento a campesinos que reclamaban tierras que la secretaría de la Reforma Agraria. A más de 40 años se mantiene impune la matanza que aún no ha sido totalmente documentada pese a la gravedad de lo ocurrido.
En Puebla la víctima más joven de ejecución extrajudicial tenía 7 años. En la investigación realizada por el MEH, Puebla destaca también en las “Afectaciones Diferenciadas”, ocupando el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales en niños y adolescentes.
INFORME A ARMENTA
En septiembre de 2024 integrantes del MEH entregaron a Armenta, en ese momento gobernador electo, el Informe Fue el Estado (1965-1990) del Informe Final del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, documento elaborado a partir del Decreto Presidencial del 6 de octubre de 2021.
En el informe a Armenta se señalan las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el marco de violencia contrainsurgente durante el periodo señalado en todo el país. Muchas de ellas fueron cometidas en el Estado de Puebla y apuntan a responsabilidades que no sólo fueron del ámbito federal sino también del ámbito estatal.
“Las violaciones a derechos humanos documentadas en el Estado de Puebla ocurrieron principalmente en dos contextos de violencia: en el de la lucha por la tierra y en el de las luchas de las que en aquellos años representaron disidencias político-partidistas entrelazadas, en muchos casos, con movimientos estudiantiles”.
“Así como el caciquismo y el pistolerismo en la Mixteca Poblana, las diversas violaciones graves a derechos humanos cometidas en otras zonas del estado, y de la represión en contra del movimiento que impulsó la democratización de la Universidad Autónoma de Puebla”, se le informó al mandatario.
Le explicaron que se recuperan los hechos ocurridos en San Miguel Canoa. en septiembre de 1968, en el marco de la campaña anticomunista del Estado y la jerarquía eclesiástica, que tuvo consecuencias funestas en la entidad
También incluye un apartado relativo a la persistencia del caciquismo en el estado de Puebla, encarnado hoy por actores relevantes vinculados a hechos de violencia y a prácticas autoritarias, mismos que ocupan posiciones de poder dentro del sistema político local, en distintas instituciones y niveles de gobierno.
Para el MEH “El conocimiento de dichos factores de persistencia constituye el primer paso en el camino hacia la garantía de no repetición de los hechos represivos del pasado”
Hay que anotar que en el documento, el MEH lamenta la respuesta del gobernador interino Salomón Céspedes Peregrina al informe que se había entregado.
“La recuperación de la memoria de los hechos ocurridos como consecuencia de la violencia de Estado en el periodo 1965-1990 resulta fundamental para garantizar verdad y justicia a las víctimas, así como para consolidar un Gobierno democrático que vele por el respeto y los derechos humanos y por la plena vigencia del Estado de Derecho”, sostiene el Mecanismo.
Con información de: La Jornada de Oriente
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