A un año de la despenalización del aborto voluntario en Puebla hasta las 12 semanas de gestación, distintas activistas y colectivos insistieron en la urgencia de derogar el delito de aborto del Código Penal local y en la necesidad de reformar la Ley General de Salud del estado para dar seguridad legal al personal médico que brinde estos procedimientos. Así lo señalaron en conferencia de prensa Cinthya Ramírez, Diana Moreno, Jessica Techalotzi Zantlimatzi, y Flor Cipriano de los colectivos Red Define, Ddser, Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC y Red La Morada, respectivamente.
Subrayaron que el modelo legal adoptado por Puebla el 15 de julio de 2024 —basado en el de la Ciudad de México— ya resulta obsoleto y restrictivo frente a la realidad y necesidades actuales. Recordaron que en la capital del país se han impulsado iniciativas para profundizar en la protección de los derechos reproductivos.
De acuerdo con datos oficiales, en 2024 y lo que va de 2025, 388 mujeres han ejercido su derecho a interrumpir el embarazo en instituciones públicas de Puebla, de las cuales 17 lo hicieron por situaciones de violencia sexual. Según la Secretaría de Salud estatal, 90 por ciento de estos procedimientos se atendieron en el Hospital de la Mujer de Puebla, reflejando una centralización que, afirmaron las activistas, limita el acceso fuera de la capital.
Las activistas también señalaron que, aunque la pasada legislatura aprobó la reforma al Código Penal, sigue pendiente la reforma a la Ley Estatal de Salud y la eliminación del concepto de protección de la vida desde la concepción, lo cual consideran fundamental para garantizar seguridad jurídica tanto a médicas y médicos como a las usuarias.
Además, urgieron fortalecer la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social y los hospitales municipales, así como mejorar la distribución y acceso a medicamentos. “La ubicación geográfica no debe obstaculizar el acceso a un aborto seguro”, enfatizaron, ya que muchas mujeres enfrentan dificultades para trasladarse y obtener atención adecuada.
Otro pendiente es la capacitación con perspectiva de derechos humanos y de género del personal médico, al considerar que “el aborto seguro salva vidas” y representa una obligación para el Estado, no sólo un derecho de las mujeres.
Por su parte, la diputada Fedrha Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, anunció que en el próximo periodo ordinario presentará una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud y establecer políticas públicas que regulen adecuadamente los tratamientos médicos y garanticen acceso pleno a los servicios de salud reproductiva.
El 15 de julio de 2024, el Congreso de Puebla despenalizó el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, luego de que grupos de ultraderecha fracasaron en su intento de impedir el ingreso de los 41 diputados al palacio legislativo, con el fin de que no se llevara a cabo la sesión.
Con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, el estado se convirtió en el número 14 del paísen legalizar la interrupción del embarazo, que es una realidad en la Ciudad de México desde 2007 y que cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2021.
La decisión fue recibida con júbilo por parte de feministas que se congregaron fuera del palacio legislativo, donde recordaron que la despenalización responde a una lucha histórica de las mujeres y personas gestantes a una maternidad libre, voluntaria y deseada.
Con información de: La Jornada de Oriente
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