El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró desconocer el contenido de la llamada ‘Ley Villegas’ y recordó que en la constitución ya se establecen límites para quienes ejercen el periodismo.
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Después que causara polémica la iniciativa de la ‘Ley que establece los derechos para el libre ejercicio del periodismo en el estado de Puebla’, del morenista Andrés Villegas, el mandatario fue cuestionado sobre el tema.
“No conozco la iniciativa, déjame tenerla en mis manos, pero yo siempre voy a estar a favor de la libertad de expresión. El único límite que tiene la libertad de expresión es el decoro”, dijo.
Alejandro Armenta consideró que Andrés Villegas tiene todo el derecho de presentar lo que quiera como diputado pero él siempre defenderá que no haya algún tipo de censura en Puebla.
Al menos en su gobierno, dijo, se mandará a aclarar lo que haya que aclarar, pero eso no amerita exigir sanciones contra la prensa.
“Les ofrezco hoy leerla (la iniciativa) y dar una opinión, pero les adelanto: no va haber de parque del gobierno del estado, nada que violente el derecho que tienen los medios de comunicación a informar”, señaló.
Recordó que el derecho de réplica ya existe y cualquiera lo puede ejercer.
“Los ciudadanos tienen el derecho de saber la verdad. La verdad objetiva es lo que es, en la filosofía, y no lo que alguien interpreta”, indicó Armenta.
¿En qué consiste la Ley Villegas que busca blindar vida privada de políticos en Puebla?
En una revisión al contenido de la iniciativa de ley que propone Andrés Villegas y que enviaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entre los apartados que destacan está proteger la reputación de funcionarios públicos y que esté regulado a través de sanciones de carácter civil.
El artículo siete establece: “La protección a la reputación debe estar regulada a través de sanciones de carácter civil en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público y en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias o información, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
Además, pide sancionar por la vía civil a quienes incurran en “errores involuntarios”.
Uno de los cuestionamientos a su propuesta es cómo regular la “veracidad”, pues en entrevista al término de su exposición de motivos, también dijo que se regularía de acuerdo a la “veracidad” de los medios de comunicación.
Esta iniciativa ha sido criticada por el gremio periodístico, desde reporteros a dueños de medios de comunicación, pues han acusado que se perfila para ser una ley mordaza para que ya no se ponga al ojo público a funcionarios que se enriquecen ilícitamente o que hacen uso de recursos públicos en su “vida privada”.
Con información de: MTP Noticias
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