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Medida electorera y revanchista acusa el subalterno, van a hacer perder a su candidato, dice.
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Llama al gobierno del estado a ser responsable y mantener la gobernabilidad
Federico
Ramos Romero, Presidente Auxiliar de San Juan Tuxco criticó el método
de evaluación para acreditar a los jueces de registro
civil y al igual que su par, Eugenio Sandrè Popoca, ambos integrantes
del grupo de los Presidentes Auxiliares Unidos por sus Derechos del
Estado de Puebla (PAUDEP) reconoce un sesgo político electorero en la
acción del gobierno del estado de Puebla.
El
llamado fue para el gobierno del estado y al programa (PAFMUN) para que
analicen que generan un problema social a las comunidades
por no entregar de manera correcta los registros civiles pues su
obligación es garantizar el orden, la estabilidad social y la
certidumbre de los ciudadanos para que haya credibilidad en el gobierno y
con ello acotar el caos y la ingobernabilidad.
Las
reformas a la constitución política del estado, la reforma a la ley del
registro civil, son una tomada de pelo para los registros
civiles que pretenden devolver a las comunidades, ya que tienen
restricciones para quienes quieren ser juez de registro civil, agregó
que los descuentos a la foto multa, a los pagos de agua potable en la
capital del estado, el pago del control vehicular, son
algunos de los generadores de un ambiente electorero que como medida
paliativa no resuelve afectaciones severas de este sexenio, lo cual pone
al partido en el poder, en la disyuntiva de perder la elección por
falta de credibilidad.
Recordó
que en la administración 2008-2011 ya fungió como subalterno y también
como juez de registro civil, por lo que resulta ilógico
que ahora desconozca el trabajo que realizó por tres años
ininterrumpidos.
Destacó
que presidentes auxiliares no afines al gobierno del estado fueron los
que no acreditaron esta certificación al vapor implementada
por el gobierno del estado en la víspera de la elección constitucional,
calificando la acción como una medida electorera.
Aseguró
que desde hace dos años ha pugnado porque se les devuelvan las
facultades que por ministerio de ley les corresponden y que
finalmente el registro civil continúa operando con toda normalidad en
la cabecera municipal.
Recordó
que las reuniones de PAUDEP justamente iniciaron hace algunos meses,
con el objetivo de buscar el regreso de sus facultades
legales.
Criticó
que esta acreditación se certifique mediante un examen al vapor, cuya
organización, en días anteriores, donde el 14 de marzo
6 municipios, incluido San Martín Texmelucan, propone un examen que
evalúa conocimientos jurídicos, informáticos y psicométrico, de
lineamientos rápidos y generales sin sustento real para fortalecer el
conocimiento.
También
lamentó que, por la falta de afinidad política con el Partido Acción
Nacional, (PAN) él y el presidente de San Jerónimo Tianguismanalco,
ambos de filiación priista, no cumplieran con la acreditación como
jueces del registro civil, pues ambos han ejercieron este mandato
popular.
El
subalterno argumentó que en un cargo de elección popular se debe
anteponer el beneficio colectivo más allá de las filiaciones
partidistas, no obstante cabe destacar que tanto en la administración
2008-2011 como en el actual, Federico Ramos Romero se ha distinguido por
confrontar a los ediles que han repartido recursos a cuentagotas a las
comunidades de San Martín, incluso, hace unos
meses increpó al gobernador del estado por lo propio, por ello, no
descartó que esta negativa a acreditar el examen para ser juez, sea una
respuesta a esa acción.
Pisos
y techos dignos, programas estatales, dijo, se han manejado
políticamente en Texmelucan, y criticó que, si se trata de revanchismo
político, el daño no es para el subalterno, sino para todo un conjunto
de ciudadanos, a quienes les quita la oportunidad de acceder a los
programas con equidad.
El
subalterno lanzó una reflexión: la gente va a darse cuenta de que el
gobierno del estado ha hecho las cosas a su manera, está
descobijando y endeudando al estado, y en el marco de este proceso
electoral, va a entregar malas cuentas a su candidato, pues está
afianzando el voto de castigo con estrategias equivocadas que vulneran a
los poblanos.
En
la pasada LVIII legislatura, durante la primera mitad del actual
gobierno estatal se aprobaron modificaciones constitucionales
para quitar facultades a los más de 600 presidentes auxiliares
existentes en el estado de Puebla, tornándose órganos desconcentrados de
la administración municipal, sin personalidad jurídica y sin patrimonio
propio, pierden los jueces de paz.
Federico
Ramos propone, finalmente, replantear de fondo como mantener el
equilibrio social
y administrativo mediante una consulta ampliada con las propias
comunidades, para que estas crezcan de manera equitativa, pues el
desarrollo de Puebla no solo se debe dar en la capital, sin en todas sus
comunidades, para que la interacción sea permanente y
no solo para pedir el voto.
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