Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez
Incrédulos, molestos, frustrados o francamente decepcionados algunos y otros francamente molestos con los diputados y diputadas de Morena y sus aliados llamándolos en voz baja traidores, se mostraron algunas y algunos militantes y simpatizantes de Morena, integrantes de la Asamblea Social del Agua y de organizaciones sociales al escuchar a la compañera Elena Burns de la red de redes aguaparatodos@aguaparalavida, al expresar su opinión, sumamente crítica y experta sobre la reforma gatopardistas a las Leyes General de Aguas y las reformas a Ley de Aguas Nacionales (LAN). Reforma que deja prácticamente intacta tanto la ley Salinista de 1992 y de plácemes a la hidrocracia en nuestro país, siendo esta, una Ley de Aguas SalinoMorenista.
Esta exposición se dio en el marco del festejo del XII aniversario de la Asamblea Social del Agua que se llevó a cabo en el auditorio de la Aduana Vieja de ICSyH de la UAP el pasado viernes 5 del presente mes. Su enojo, decepción y frustración no era para menos; se sentían engañados de que con una nueva ley de aguas, finalmente se iba a acabar el acaparamiento y mercantilización de la misma a nivel nacional y por ende, a nivel estatal, pues tenían la esperanza de que se abriera la puerta a la desprivatización del agua en la ciudad de Puebla y su área conurbada.
Un poco de memoria. Enel 2020 y ya bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la consigna a flor de labios de Andrés Manuel, no somos conservadores radicales, somos pueblos originarios e indígenas defendiendo nuestro derecho a la vida y al agua, el colectivo Aguaparatodos, entregó a la Cámara de Diputados federales 198 mil 129 firma para modificar la Ley de Aguas Salinista del 92; con el propósito de que ya no fueran las grandes empresas succionadoras y acaparadoras de agua las que siguieran manejando el agua, que no continuara la sobreexplotando de los acuíferos y proponían el reconocimiento en la gestión del líquido, a los sistemas comunitarios del agua, pueblos indígenas, núcleos ejidales, etc. Propuesta que fue desdeñada tanto por los diputados morenistas, como por sus partidos aliados y la nueva élite política progresista del país. En el reciente proceso de reforma, agua para todos logró que se llevara a cabo un parlamento abierto que, en los hechos y para efectos prácticos, no sirvió de nada, como ha sucedido con todos y cada uno de los foros controlados y convocados por las instancias oficiales, sean federales, estatales o municipales, pues sus propuestas fueron desechadas. Pecaron de ingenuidad, pues se toparon ante una élite y casta política soberbia y desdeñosa de propuestas que no salgan de su núcleo duro y círculo cercano. Bien dice el dicho popular que para no decepcionarse no hay que ilusionarse.
La actual reforma a la Ley de Aguas Nacionales se da 13 años después de que se realizó la reforma al artículo 4to constitucional que nos garantiza en el papel, el derecho humano al agua, bajo las premisas de que todas las personas, tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre. Artículo que no se hacumplido plenamente, y mucho menos se ha cumplido y garantizado el derecho a un medio ambiente sano, tal y como reza la constitución. En la reforma del 2012 se incluyó un artículo transitorio que otorgaba al Congreso de la Unión un plazo de 360 días (aproximadamente un año) para emitir una nueva la Ley General de Aguas, no dos como en fue en este caso; cuestión que jamás cumplieron los diputados y senadores. Las actuales iniciativas, tanto a la Ley General de Aguas y reformas a la de Aguas Nacionales, se propuso desde el ejecutivo federal. Decía don Jesús Reyes Heroles que en política la forma es fondo. Es importante tener en cuenta el hecho de que desde 1992, con la reforma salinista al artículo 27 constitucional que privatizó y mercantilizó la tierra y el agua, se han otorgado 536 mil 533 concesiones de agua y de este universo, el 1.1% de los de las empresas e industria, acaparan más del 22% del vital líquido (Los millonarios del Agua.) En Puebla, 14 empresas y concesionarios acaparan cerca de 20% de acuerdo a la Conagua. Me parece relevante que estos datos no se encuentren en la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, como si se encuentran otros datos, por ejemplo, el que Los costos ambientales y económicos derivados de la contaminación y sobreexplotación superan los 100 mil millones de pesos anuales. ¿Qué empresas están pagando estos daños?
Con la reforma Salinista al 27 constitucional, su gobierno también emitió la Ley de Aguas Nacionales (LAN), Ley Minera, Ley Agraria y Ley de Inversión Extranjera, entre otras. Este gran acaparamiento de agua en pocas manos a lo largo y ancho de nuestro país no va a cambiar sustancialmente con la micro y nano reforma y se seguirá, sino es que se profundizará, el control y acaparamiento del agua.
La reforma actual hay que verla en clave neoliberal con su cauda de proyectos extractivos (Plan México.) El pasado 19 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró en el marco de la XXXVI Convención Internacional de Minería, la reactivación de la exploración minera (El gobierno facilitará la reactivación de la minería: Ebrard. El economista). Otro proyecto extractivo que se encuentra en el Plan de Negocios de Pemex 2025-2035, es el que pretende reactivar la explotación del fracking, al que alude eufemísticamente como yacimientos de geología compleja. Ambos proyectos extractivos-minería y fracking- requieren muchísima agua y causan una muy grave contaminación, tanto del agua como del suelo y el aire. Tanto la minería y el fracking, tienen un gran impacto en el medio ambiente, la salud, la alimentación, el derecho a la vivienda, la cultura y el interés superior de la niñez; derechos todos ellos, violados con dichos proyectos extractivos. No existe minería o fracking bueno o limpios. Cabe señalar que el fracking está prohibido en Francia, Alemania, Irlanda, Bulgaria, Italia, Suiza y Países Bajos, al igual que en la provincia de Quebec, Canadá. El otro elemento que no podemos perder de vista, es la subordinación de nuestro país al gobierno norteamericano vía el T-MEC y en especial, en lo estipulado en los capítulos XIV y XXIV de dicho tratado. Prueba de ello, es la gran presión que están ejerciendo sobre nuestro país los grandes empresarios mineros norteamericanos y canadienses. Quienes sin duda estarán felices con la actual reforma a la Ley de Aguas han de ser las empresas mineras, la industria del feldespato, Ternium, refresqueras, cerveceras, embotelladoras (Bonafont, Coca Cola, Nestlé), automotrices (Volkswagen, Audi), textiles, farmacéuticas, agroindustrias (granjas Carroll, Driscoll´s, invernaderos chinos, etc), alimentos procesados, centros de datos (data centers), entre muchas otras. La reforma de la ley de aguas, al parecer no las va a tocar ni a quitar ni medio litro de agua y tienen sus miles o millones de metros cúbicos de agua y sus concesiones, a salvo.
De la grandeza del pasado, a la violación de derechos al indígena vivo. Tal parece que nuestra élite dirigente sufre de bipolaridad o esquizofrenia política; reivindica el glorioso pasado prehispánico, pero desprecia, persigue, encarcela o desaparece al indígena vivo que defiende su agua, sus ríos, bosques, tierras y territorios, el proceso de esta reforma no fue la excepción y confirma la regla. Desde mi muy particular punto de vista, tanto el ejecutivo como el legislativo federal, violaron flagrantemente, como dicen los abogados, el artículo segundo, apartado A, fracción treceava de la constitución que a la letra dice Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento…. La consulta debe ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada, como lo señala el artículo 6to. del Convenio 169 de la O.I.T, que paradójicamente entró en vigor en nuestro país, durante el gobierno de Salinas de Gortari. Me parece que también se violan los artículos 4to, 13vo y en especial el 15vo del Convenio.
Las reformas a la LAN tiene un gran tufo centralista y vertical, como se puede ver en el artículo 12 bis 2, que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quiénes eligen y bajo qué criterios, a las personas usuarias y de la sociedad civil? Pues se dice queintegrantes de la sociedad civil podrán participar en las reuniones del Consejo Consultivo del Organismo de Cuenca solo en calidad de estatuas de sal de cuenca, con voz pero sin voto. ¿Esta es la concepción de la Conagua de participación ciudadana?
Un artículo que me parece toca la grave problemática de la privatización del agua en Puebla y la contaminación de la misma, es el artículo 44 de la LAN, que a la letra menciona: Corresponde al municipio, a la Ciudad de México y, en términos de Ley, al estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional… Como se sabe, la empresa Agua de Puebla/Concesiones Integrales cobra por el saneamiento del agua que no realiza, sin que hasta la fecha haya una autoridad que le exija que cumpla. Sin embargo, la ley no menciona por ningún lado la infracción civil o penal a los responsables de los sistemas operadores de agua, ya sea por omisión, colusión o corrupción. Una cuestión que me parece sumamente grave que perpetúa y legaliza la privatización de nuestra agua, por lo menos en la minuta que revisé, es el artículo 102 de la neoliberal y reformada LAN, MorenoSalinista, que textualmente señala:
ARTÍCULO 102.- Se considera de interés público la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos.
II. Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de los servicios respectivos. Si esto no es neoliberalismo, que me lo expliquen.
Hay otros artículos más que nos demuestra que nos quieren dar gato por liebre y me surgen dudas y preguntas. ¿No dijo AMLO que ya habíamos salido y dejado atrás el neoliberalismo? ¿Por qué la Conagua no ha denunciado ante la FGR a los huachicoleros del agua que no han pagado sus derechos? que además son los granes usuarios industriales y de servicios, como bien lo ha señalado Elena Burns, que deben la nada desdeñosa cantidad de 44 mil millones de pesos. ¿Se seguirán la política de la bendita impunidad?
Para que tengan una idea amables lectores, permítaseme mencionarles que el presupuesto de la Semarnat el próximo año, será de más o menos de 44 mil millones de pesos. Este presupuesto incluye a la Conagua que el próximo año tendrá 20 mil 762 millones de pesos de presupuseto. En el 2024, la Conagua tuvo un presupuesto de 62 mil 674 millones de pesos y durante el presente año fue de 37 mil, 119 millones de pesos. Como vemos, hay una reducción para la Conagua muy considerable. El presupuesto de la Conagua el próximo año será menor al pago de intereses del Fobaproa/Ipab en el 2026 (Ramo 34) que será de 35 mil 553 millones de pesos. Bien dicen que dato mata relato.
Lo que también les faltó, tanto al ejecutivo federal como a los legisladores, es el hecho de que esta reforma debería llevar una profunda y necesaria depuración y fortalecimirnto de la Conagua. Depurando a su personal corrupto y en especial, de aquellas y aquellos directivos que tienen una clara visión y concepción neoliberal y ven al agua como una vil mercancía y no como el elemento central y primordial dador de vida, en todas sus manifestaciones.
Finalmente, considero que es importante tener en mente el artículo segundo Transitorio que menciona que las entidades federativas deben armonizar sus legislaciones con lo dispuesto en la nueva ley. Veo casi imposible que el ejecutivo y legislativo estatal, cada vez más a la derecha, se atrevan a dar un paso como se hizo en la Ciudad de México, que en el artículo 59 de su Ley Ambiental, prohíbe expresamente que se privatice el agua en cualquiera de sus modalidades y en los servicios de suministro y control. Este debe ser el piso mínimo por el que debemos luchar.
Bien dicen los maestros democráticos que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden
Que tengan una muy buena semana.
