· Generar un impacto social, no es sólo cumplir con sus funciones normativas, sino dar muestra de liderazgo ético y compromiso con el buen gobierno, aseguró el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes.
· La presidenta de la sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Natalia Téllez Torres Orozco, impartió la conferencia magistral, "Los retos de la autoridad investigadora. La integración del informe de presunta responsabilidad".
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Un gobierno honesto, transparente y cercano a la ciudadanía es ejemplo de que la correcta integración de los informes no son un trámite más, sino una herramienta estratégica que permite detectar riesgos, fortalecer los controles internos y mejorar de manera continua la gestión pública; pues la responsabilidad administrativa bien comunicada es un verdadero puente de confianza entre las instituciones y la ciudadanía, señaló el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado Alejandro Espidio Reyes, en la presentación de la conferencia magistral “Los retos de la autoridad investigadora. La integración del informe de presunta responsabilidad", impartida por la magistrada y presidenta de la sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Natalia Téllez Torres Orozco.
Durante de la presentación organizada por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Poder Judicial del Estado, Espidio Reyes, exhortó a las y los presentes a generar un impacto social desde su actuar a través de litigios estratégicos y por tanto cumplir con sus funciones normativas, a fin de dar una muestra de liderazgo ético y compromiso con el buen gobierno, tal y como lo ha instruido el gobernador Alejandro Armenta, de servir con humanismo, transparencia y sobre todo por amor a Puebla.
En su oportunidad el magistrado presidente de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, Raúl Palomares Palomino, indicó que las autoridades investigadoras forjan el primer eslabón de la cadena de procedimiento de responsabilidad administrativa. "Sí el primer eslabón es sólido, las autoridmUYades substanciadoras y resolutoras, tendrán la posibilidad y obligación de forjar los siguientes eslabones, substanciar y resolver atendiendo con diligencia sus propias obligaciones con el fin de garantizar en todo momento un procedimiento eficaz”, subrayó.
Durante la disertación impartida por la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, habló sobre la integración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), instrumento mediante el cual la autoridad investigadora describe los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas por la ley, tal es el caso de; cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y nepotismo entre otras.
El IPRA dijo, debe contener cuatro aspectos angulares para contar con una buena integración que va desde los antecedentes, los hechos, la identificación de la falta, las pruebas y su alcance. Así como cumplir con lo estipulado en el Artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los asistentes, en su mayoría contralores municipales e integrantes de órganos internos de control, aprovecharon la oportunidad para reflexionar y hacer un análisis a través del compartimento de experiencias en búsqueda de mejorar sus funciones, fortalecer la integridad pública y la rendición de cuentas en los distintos ámbitos de competencia mediante un firme compromiso con la legalidad y responsabilidad.
En el acto también estuvieron presentes los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Laura Elisa Morales Villagrán; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Belinda Aguilar Díaz; el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, José Eduardo Hernández Sánchez; la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado, María Elena Farfán González; el encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez; el encargado de despacho de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado, Carlos César Reyes y como invitada especial, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya.
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