Grupos civiles se preparan para intensificar la batalla contra el multimillonario negocio de los centros de detención de inmigrantes -plagados de denuncias por las malas condiciones en las que operan-, que tendrán que expandir drásticamente su capacidad para facilitar el plan de deportaciones masivas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump.
La nueva Administración, que asume en enero próximo, ya ha comenzado a hablar con las compañías privadas que operan los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para ampliar su capacidad, según reportaron fuentes familiarizadas con la planificación al canal NBC.
La idea inicial es duplicar las 41 mil camas habilitadas actualmente por el Congresopara mantener bajo custodia a los inmigrantes que están en proceso de deportación.
“Todo ese plan de ampliar las cárceles solo va a causar más muertes, enfermedades y daño psicológico entre los inmigrantes”, advirtió Rufina Reyes, portavoz de La Resistencia, organización que ha liderado los pedidos de cierre del Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma (Washington), donde el mes pasado murió el mexicano José Manuel Sánchez Castro.
Precisamente esta es la mayor preocupación de los activistas y grupos civiles que por años han denunciado las malas condiciones de estos centros de detención civil, que en su mayoría son propiedad de las corporaciones CoreCivic y Geo Group.
Las dos compañías en conjunto tuvieron el año pasado ingresos por 7 mil 400 millones de dólares, incluido el ahorro en mantenimiento de sus instalaciones, para el que pagan a los detenidos en promedio un dólar por día.
Las ganancias de estos centros de detención se vieron afectadas por la pandemia de la covid-19 al tener que dejar en libertad supervisada a un buen número de inmigrantes, en muchos casos por órdenes judiciales.
Con información de: López Doriga Digital
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