El gobernador Salomón Céspedes Peregrina declaró este miércoles “no estar de acuerdo” con el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla con más de 10 mil litigios en proceso, por lo que anunció que está buscando un encuentro con el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) para informarse del caso.
En entrevista, posterior a la entrega de la rehabilitación de la ciclovía elevada “Hermanos Serdán”, el mandatario estatal informó que no fue notificado por parte del gobierno federal por el cierre de las oficinas en Puebla.
Por esta razón, recalcó su interés de dialogar con el titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López.
“Estoy buscando al secretario del Trabajo federal para ver el tema, porque no estoy de acuerdo con lo que sucede”, declaró.
-¿Se estaría violentando los derechos de los trabajadores con el cierre de estas oficinas federales? -le cuestionó esta reportera.
-No, porque es un tema estrictamente de los trabajadores, pero habrá que ver y analizar el alcance.
Hay que destacar que el caso no sólo tomó por sorpresa al gobernador del estado, sino también a los usuarios, abogados y al mismo presidente de la Junta, luego de que se publicara el decreto en el inicio de la semana, mediante el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instruyó el cierre.
En respuesta, un grupo de abogados laboristas en Puebla protestó este martes frente a las instalaciones de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 33, que se ubican en la calle 31 Poniente 2904, debido a que al menos 10 mil casos en proceso de litigio serán trasladados a instituciones homologas en Oaxaca y Tlaxcala.
Denunciaron que el cierre de las oficinas del tribunal complicará dar seguimiento a los casos, debido que implicará más gastos en traslados.
Ante lo expuesto, advirtieron que iniciarán una serie de recursos de amparo para defender a sus clientes, de lo contrario reconocieron que podrían perder los casos.
Debido a la falta de claridad, pues ninguna autoridad de la Junta Federal dio la cara para dar una explicación, declararon desconocer cuánto tardarán los juicios en resolverse, que sólo estaría beneficiando a la parte patronal.
En promedio, cuando las oficinas de la junta funcionaban en Puebla un caso podría obtener resolución en tres años.
Con información: La Jornada de Oriente
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