CLAJUD expresa preocupación por la activación de procesos judiciales contra Roberto Sánchez en plena elección.

 Las y los integrantes de Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla, expresamos nuestra preocupación por la aceleración de actuaciones judiciales contra el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez en pleno desarrollo del proceso electoral y del escrutinio de votos.

Sin pronunciarnos sobre el fondo de causas que corresponden exclusivamente a los tribunales competentes, consideramos que el uso o la percepción de uso de mecanismos judiciales en períodos electorales constituye una cuestión de la mayor gravedad institucional. La experiencia latinoamericana demuestra que la activación o intensificación de procesos penales durante campañas electorales puede generar efectos políticos que afectan la igualdad de condiciones de la competencia democrática, la reputación de los candidatos y la confianza ciudadana en las instituciones.

Nuestra región conoce las consecuencias de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Casos ampliamente debatidos en América Latina, incluido el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, han puesto de relieve la importancia de preservar rigurosamente la independencia judicial, el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías democráticas, especialmente cuando se encuentran en juego procesos electorales y la voluntad soberana de los pueblos.

Por ello, hacemos un llamado a todas las autoridades competentes del Perú a actuar con la máxima prudencia, imparcialidad y apego al Estado de Derecho. Del mismo modo, reafirmamos que toda controversia política debe resolverse prioritariamente mediante los mecanismos democráticos previstos por la Constitución y el sufragio ciudadano.

CLAJUD seguirá observando atentamente la evolución de la situación peruana, convencido de que la defensa de la democracia exige proteger simultáneamente la independencia de la justicia y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus representantes sin interferencias indebidas de ningún poder del Estado.

La fortaleza de una democracia se mide también por su capacidad de garantizar que los procesos judiciales no sean utilizados, ni percibidos, como instrumentos capaces de alterar el normal desarrollo de una elección o de condicionar la libre expresión de la soberanía popular.

 

Baltasar Garzón – jurista (España)

Carol Proner – jurista (Brasil)

Juarez Tavares – abogado (Brasil)

Gisele Ricobom – abogada (Brasil)

Enrique Santiago – político y abogado (España)

Gerardo Pisarello – político y abogado (España)

Guillaume Long – excanciller (Ecuador)

Larissa Ramina – abogada (Brasil)

Virgilio Hernández – abogado y político (Ecuador)

Elizabeth Gómez Alcorta – abogada (Argentina)

Emilio Camacho – jurista (Paraguay)

Lina Mejía – abogada (Colombia)

Silvina Romano – historiadora y comunicadora (Argentina)

El Grupo de Puebla condena las amenazas de intervención militar de Donald Trump contra Cuba

 

Quienes suscribimos esta declaración expresamos nuestra preocupación por la situación en Cuba y reiteramos un principio básico del derecho internacional: ningún Estado, por fuera del ordenamiento jurídico internacional, tiene derecho a amenazar, presionar o intervenir sobre otro pueblo soberano.

Las recientes declaraciones del presidente Trump, quien afirmó que Estados Unidos podría “tomar el control de Cuba casi de inmediato” y amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas, representan una escalada inaceptable que viola los principios más elementales del derecho internacional y de la convivencia entre naciones. A esto se suma un nuevo paquete de sanciones que agrava las condiciones de vida de la población cubana. El Grupo de Puebla rechaza categóricamente estas amenazas militares y económicas. América Latina no puede ser escenario de lógicas de intimidación propias de otro siglo.

Llamemos las cosas por su nombre, las dificultades que enfrenta el pueblo cubano tienen una causa central e innegable: casi setenta años de bloqueo económico ilegal, condenado reiteradamente por la comunidad internacional. Es la imposición unilateral de la ley del más fuerte sobre un pueblo soberano.

Rechazamos toda forma de injerencia o intervención externa y reafirmamos nuestro compromiso con una América Latina y el Caribe como zona de paz, donde la fuerza militar no tiene lugar como instrumento de política exterior.
El futuro de Cuba debe ser decidido por su pueblo, sin presiones externas y con pleno respeto a su soberanía.

 

Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador

Alberto Fernández, ex Presidente de Argentina

Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia

Guillaume Longo, ex Canciller de Ecuador

Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla

Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España

Esperanza Martínez, Senadora de Paraguay

Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa, Chile

Rafael Michelini, ex Senador, Uruguay

Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina

Carlos Ominami, ex Ministro de Economía, Chile

Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú

Andrés Arauz, ex Ministro y ex candidato presidencial, Ecuador

Pilar Cancela, ex diputada de España

Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala

Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú

El Grupo de Puebla valora el liderazgo de Gustavo Petro en favor del diálogo regional

 

El Grupo de Puebla saluda la decisión del presidente de Colombia de abrir un diálogo directo y responsable con el presidente de los Estados Unidos, en un contexto internacional especialmente complejo y tensionado.

Valoramos la lucidez política y el sentido estratégico con que Colombia y México apuestan por el diálogo como herramienta fundamental para la estabilidad regional, la cooperación hemisférica y la resolución democrática de las diferencias. En tiempos de confrontación y discursos excluyentes, el diálogo es una señal de madurez, responsabilidad y vocación de paz.

Creemos que este enfoque constructivo debiera extenderse también a las relaciones con Venezuela y Cuba. América Latina necesita más diplomacia, más entendimiento y menos sanciones, bloqueos o imposiciones que solo profundizan las fracturas y el sufrimiento de los pueblos.

El Grupo de Puebla reafirma su convicción de que el diálogo, el respeto al derecho internacional y la soberanía de los países son el único camino viable para enfrentar los desafíos comunes de nuestra región en un mundo en transformación.

Asimismo, el Grupo de Puebla continúa apostando por el fortalecimiento del Sistema de Naciones Unidas y por sus principios fundamentales: la defensa de la soberanía, la solución política de las controversias, el respeto al Derecho Internacional y la no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Declaración del Grupo de Puebla ante la aprehensión del expresidente de Bolivia, Luis Arce

 

El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación ante la aprehensión del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, ocurrida este miércoles 10 de diciembre, en el marco de una causa por presuntos hechos de corrupción anteriores a su mandato presidencial.

Sin emitir juicio sobre el fondo de las acusaciones —que deberán ser esclarecidas con todas las garantías del debido proceso—, advertimos con inquietud el uso selectivo y políticamente oportuno del aparato penal, en un contexto regional donde el lawfare se ha utilizado reiteradamente como herramienta de persecución política y alteración de la competencia democrática.

Resulta jurídicamente confuso y políticamente sensible que hechos antiguos, conocidos o investigables con anterioridad, se activen penalmente solo después de finalizado un mandato. Este patrón, repetido en América Latina, erosiona la confianza en la justicia y debilita gravemente el Estado de Derecho.

La justicia no puede ser instrumento de revancha política.
La lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando se aplica de manera selectiva.
La oportunidad de una imputación también es parte esencial del debido proceso.

Exigimos que el expresidente Luis Arce sea tratado con plenas garantías procesales y acceso a una defensa efectiva.

El Grupo de Puebla mantendrá observación permanente de este caso, en defensa del Estado de Derecho, las garantías constitucionales y la vigencia plena de los derechos políticos en la región.

 

Alberto Fernández, ex Presidente de Argentina

Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador

Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile

Rafael Michelini, ex Senador, Uruguay

Aida García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú

Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile

Esperanza Martínez, ex Senadora de Paraguay

Carol Proner, jurista, Brasil

Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador

Carlos Ominami, ex Ministro de Hacienda, Chile

Jorge Taiana, ex Ministro y ex Senador Nacional, Argentina

Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur

Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina

Beatriz Paredes, ex Senadora, México

Clara López, Senadora de Colombia

Iván Cepeda, Senador de Colombia

Comunicado del Grupo de Puebla frente a la militarización del Caribe

 Los miembros del Grupo de Puebla nos unimos en defensa de la soberanía, la integridad territorial y la paz en nuestra región frente a las amenazas de intervención armada en Venezuela y la militarización del Mar Caribe.

Nuestra región ha sido reconocida y defendida como una «Zona de Paz», desde las últimas décadas posteriores a la apertura democrática. Esta definición se ha sostenido para resolver nuestras diferencias a través del diálogo y la cooperación al interior de nuestra región, y no a través de la violencia y la intervención externa.

Actualmente nuestra zona de paz está en riesgo. La administración Trump, de la mano de Marco Rubio, está intensificando una escalada militar frente a las costas de Venezuela, desplegando fuerzas navales como nunca antes en el Caribe en preparación para una posible intervención armada. Además, continúa realizando ataques letales contra embarcaciones acusadas de transportar drogas sin los debido procesos judiciales. El pretexto es viejo y conocido para nuestra región, donde se justifica la intervención a partir de la «guerra contra las drogas» a las cuales les agregan el concepto de “terrorismo” para explicar la urgencia del despliegue militar.

Es momento de defender la paz, ya que corremos el riesgo de una nueva ola de intervenciones armadas en toda la región, con nuestra soberanía amenazada y la repetición de la historia que ha traído demasiada muerte y padecimientos para nuestros pueblos.

Los y las abajo firmantes repudiamos la militarización del Caribe y las amenazas de intervención armada por parte de Estados Unidos, y nos alzamos en defensa de la paz, la soberanía y el futuro de nuestra región.

 

Luis Arce, ex Presidente de Bolivia
Alberto Fernández, ex Presidente de Argentina
Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador
Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile
Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador
Iván Cepeda, Senador de Colombia
Adriana Salvatierra, ex Presidenta del Senado, Bolivia
Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España
Carlos Ominami, ex Ministro de economía, Chile
Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile
Carlos Tomada, ex Embajador, Argentina
María José Pizarro, Senadora de Colombia
Clara López, Senadora de Colombia
Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala
Veronika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú
Rafael Michelini, ex Senador, Uruguay
Jorge Taiana, ex Ministro y ex Senador Nacional, Argentina
Pilar Cancela, ex diputada de España
Oriol Junqueras, ex Diputado europeo y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya

CLAJUD denuncia lawfare electoral por parte del Consejo de Estado de Colombia.

 

El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) expresa su preocupación por la guerra de poderes entre las altas Cortes de justicia en Colombia que está poniendo en riesgo la democracia y el próximo proceso electoral.

Mientras el Consejo de Estado se atribuye la potestad de calificar las circunstancias políticas para aprobar o negar la personería de los partidos y movimientos nacidos luego del Acuerdo de Paz de La Habana que abrió la participación democrática, la Corte Constitucional defiende el derecho inviolable de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. La última personería que negó, la semana pasada, fue la del PODER POPULAR del expresidente Ernesto Samper quien ha tenido una destacada participación en el proceso de paz en Colombia.

Sin mediar prueba alguna, negando todas las solicitadas por los abogados de Samper, el propio presidente del Consejo de Estado, actuando como ponente, impulsó una sentencia negativa que coincide con la impuesta a seis organizaciones progresistas. Esta actitud se ve reforzada por las restricciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral de Colombia -organismo integrado mayoritariamente por magistrados políticos de la oposición al gobierno- al derecho de representación, participación y reunión de los grupos y partidos progresistas.

Lo que se está fraguando en Colombia es un lawfare electoral, como ha sucedido en Ecuador, Bolivia, Argentina: en tiempo de elecciones se proscriben candidatos/as y partidos políticos, restringiendo la representatividad, y, por lo tanto, la calidad y el alcance de nuestras democracias.
CLAJUD advierte que esta modalidad de lawfare se ha convertido en un mecanismo de exclusión política que debilita la confianza en la justicia, acaba con el equilibrio electoral y cierra puertas a nuevas opciones políticas ahora que Colombia se prepara para las elecciones de 2026. Nuestra misión es defender la independencia judicial y la igualdad de oportunidades políticas para todos los ciudadanos de América Latina.

Adhieren:

Baltasar Garzón, jurista – ESPAÑA
Marco Enríquez Ominami, Político – CHILE
Carol Proner, Jurista – BRASIL
Gerardo Pisarello, Político y jurista – ESPAÑA
Charlotte Back, Jurista – BRASIL
Claudio Nash, Abogado y consultor– CHILE
Virgilio Hernández, Abogado y político – ECUADOR
Larissa Ramina, Abogada – BRASIL
Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada – ARGENTINA
Harold Correa, Abogado y consultor– CHILE
Emilio Camacho, Jurista – PARAGUAY
Silvina Romano, Historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Lina Mejía, Abogada – COLOMBIA
Juárez Tavares, Abogado – BRASIL

Por la democracia y contra la ultraderecha

 

El Grupo de Puebla expresa su respaldo a la reunión de alto nivel “Democracia Siempre”, celebrada en Santiago de Chile, que reunió a los presidentes progresistas de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay. Este encuentro reafirma el compromiso de los distintos líderes del mundo con la defensa de los derechos humanos y de la democracia tanto en América Latina como en Europa.

Nos guía el mismo objetivo que es hacer frente al avance de la extrema derecha, que se manifiesta a través de campañas de desinformación, discursos de odio y el socavamiento de instituciones fundamentales. Además, en un contexto de creciente polarización, reafirmamos la importancia de la integración regional, la cooperación internacional y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Una de las alertas más urgentes es el uso político de las medidas comerciales por parte de gobiernos de ultraderecha como el de Donald Trump, que buscan imponer su ideología y condicionar las decisiones soberanas de gobiernos democráticamente electos. Esta política tarifaria constituye una forma de extorsión que pone en jaque el sistema de comercio global basado en reglas y acuerdos multilaterales.

Desde el Grupo de Puebla acompañamos al pueblo de Brasil y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfrenta una ofensiva injustificada por parte de sectores que intentan forzar alineamientos políticos mediante estas medidas coercitivas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía de los pueblos y la justicia social como pilares de una integración sólida y permanente en nuestra región.

José Luis Rodríguez Zapatero, es presidente de España.
Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia
Rafael Correa, ex presidente de Ecuador
Alberto Fernández, ex presidente de Argentina
Iván Cepeda, Senador de Colombia
María José Pizarro, Senadora de Colombia
Alejandro “Pacha” Sánchez, Secretario de la Presidencia de Uruguay
Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile
Karol Cariola, Diputada, Chile
Oriol Junqueras, Diputado europeo y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya
Clara López Obregón, Senadora de Colombia
Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala
Jorge Taiana, ex Ministro y ex Senador Nacional, Argentina
Beatriz Paredes, ex Senadora, México
Adriana Salvatierra, ex Presidenta del Senado, Bolivia
Veronika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú
Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay
Carlos Ominami, ex Ministro de economía, Chile
Aida García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú
Pilar Cancela, ex diputada de España
Rafael Michelin, ex Senador, Uruguay
Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina
Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura y ex embajadora, Guatemala
Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile

Desde El Grupo De Puebla Y Clajud Apoyamos Al Congreso De Los Diputados De España Que Impulsa El ‘Grupo Interparlamentario Internacional De Apoyo A Jorge Glas’

 

Desde el Grupo de Puebla y CLAJUD apoyamos al Congreso de los Diputados de España que impulsa el ‘Grupo Interparlamentario Internacional de Apoyo a Jorge Glas’ que exige justicia y respeto por los Derechos Humanos (DDHH) del ex vicepresidente de Ecuador, secuestrado y detenido arbitrariamente por el gobierno de Daniel Noboa desde abril de 2024.

Nos parece relevante resaltar que compartimos el pedido de este grupo, de exigir al Estado ecuatoriano que respete las normas internacionales, acate las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), garantice la vida y salud del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel, y cese toda forma de persecución de carácter político.

Nuestro compañero Enrique Santiago, lidera la iniciativa el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, con un importante número de parlamentarios/as de formaciones de las Cortes españolas, del Parlamento Europeo, diputados/as autonómicos en las cámaras regionales de España, así como cargos electos de países latinoamericanos como Colombia, mientras se van sumando adhesiones.

Nos unimos al reclamo de que durante el tiempo que siga en prisión “se autoricen visitas periódicas de los diputados y diputadas firmantes con la finalidad de verificar la situación en la que se encuentra recluido”, al tiempo que hacen un llamamiento a “todos los parlamentos estatales y autonómicos/regionales, plenos municipales e instituciones públicas a impulsar declaraciones de apoyo a la causa de Jorge Glas, para exigir el respeto de los derechos humanos y la garantía de su integridad física”.

El grupo Interparlamentario Internacional se suma a iniciativas como el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas y la Veeduría Internacional por los DDHH en el caso de Jorge Glas –que integramos- conformadas por expertos/as en materia jurídica y DDHH de América Latina y Europa, que vienen denunciando en la prensa y organismos internacionales, hechos concretos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el ex vicepresidente Jorge Glas durante su cautiverio.

Junto a estos colectivos denunciamos el feroz acoso judicial con numerosas causas abiertas en su contra, caracterizadas por numerosas irregularidades. La persecución comenzó en 2017 y el ex Vicepresidente estuvo preso entre 2017 y 2022. La exacerbación del acoso y la persecución ocurrió el 5 de abril de 2024 cuando las fuerzas de seguridad del gobierno ecuatoriano secuestraron a Jorge Glas de la Embajada de México en Quito, donde estaba como asilado político (tal como lo dicta la Convención de Caracas sobre el Asilo Diplomático). En efecto, organismos interamericanos como la CIDH pidieron ampliar las medidas cautelares en favor de Jorge Glas, que hasta el día de hoy siguen siendo incumplidas por el Estado ecuatoriano, incrementando así el riesgo a la integridad personal, salud y vida del ex vicepresidente, pese a contar con un asilo de México.

Asimismo, el recientemente conformado Grupo Interparlamentario Internacional de Apoyo a Jorge Glas, con el apoyo de Izquierda Unida, está planteando en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley relativa a ‘garantizar la integridad física y el cumplimiento del Derecho internacional en el caso de Jorge Glas’. Esta iniciativa insta claramente al Ejecutivo español a trasladar al presidente ecuatoriano “por los cauces oportunos”, la “preocupación” por la situación del ex vicepresidente y “promover, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales como multilaterales, la mediación ante el Gobierno del presidente Daniel Noboa, para que se autorice el salvoconducto solicitado por el Gobierno de México para brindar la protección internacional a Jorge Glas, en cumplimiento de la legalidad internacional”.

Junto al Grupo Interparlamentario de Apoyo Internacional a Jorge Glas, pedimos promover ante el Alto Comisionado para la Promoción y la Protección de todos los Derechos Humanos, la celeridad en las investigaciones y en procedimientos especiales en este caso, cumpliendo así lo que establece Naciones Unidas. Por último, convocamos también a la sociedad civil y organizaciones sociales a que organicen actos y campañas de solidaridad con Jorge Glas, denunciando la grave situación humanitaria que vive en prisión y el respeto de los derechos humanos.

Argentina: vuelven las proscripciones políticas a inocentes

 

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) sin pretender mediatizar la resolución definitiva que se adopte por la Corte Suprema Argentina, denuncian frontalmente el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), ex Presidenta y Vicepresidenta Argentina y actual presidenta del Partido Justicialista, caso de que se consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política , desde su inicio.

La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violacion absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem),  con peritajes forzados,  mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri.

Denunciamos así mismo la formulación de teorías (como la de la imputación objetiva) en su construcción para poder responsabilizar a la presidenta por hechos decididos por inferiores jerárquicos en virtud de la delegación de funciones propia del derecho administrativo. Esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y de consumarse ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático.

Ningún tribunal y mucho menos la Corte Duprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido, tal como CFK ha anunciado para las próximas elecciones.

Consideramos que elobjetivo de expulsar a CFK de la política obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina. La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina.

Desde CLAJUD y el Grupo de Puebla llamamos a la comunidad internacional a seguir con especial atención la situación en la que se descubre, una vez más, una sospechosa conexión entre parte del Poder Judicial y parte de las corporaciones mediáticas que atacan la democracia y aniquilan la posibilidad de Justicia Social.

Es evidente que se condena a una persona inocente violando el ¨debido proceso¨ propio de un Estado de Derecho. ¡Exigimos Justicia!

José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del gobierno de España.
Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador.
Alberto Fernández, ex Presidente de Argentina.
Ernesto Samper Pizano, ex Presidente de Colombia.
Baltasar Garzón, Jurista – ESPAÑA
Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile.
Carol Proner, jurista de Brasil
Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana
Andrés Arauz, ex Ministro y ex candidato presidencial, Ecuador.
Clara López, Senadora de Colombia.
Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España.
Esperanza Martínez, Senadora Nacional, Paraguay.
Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador.
Ricardo Patiño, ex Canciller de Ecuador.
Carlos Ominami, ex Ministro de economía, Chile.
Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile.
Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina.
Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú.
Harold Correa, Abogado y consultor– CHILE
Enrique Santiago, Político y abogado – ESPAÑA
Juárez Tavares, Abogado – BRASIL
Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada – ARGENTINA
Silvina Romano, Historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Emilio Camacho, Jurista – PARAGUAY
Virgilio Hernández, Abogado y político – ECUADOR
Damián Loreti, Abogado – ARGENTINA
Gisel Ricobom, Abogada – BRASIL
Charlott Back, Abogada – Brasil
Lina Mejía, abogada – COLOMBIA

Pepe Mujica: El Grupo de Puebla despide al hombre que sirvió sin privilegios

 

Con profundo dolor, el Grupo de Puebla despide hoy a José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, figura indispensable del progresismo latinoamericano y uno de los líderes más admirados y coherentes de nuestro tiempo.

Pepe no fue solo un político. Fue un filósofo de la austeridad, un luchador incansable por la justicia social y un símbolo viviente de la coherencia entre el decir y el hacer. Su vida —desde la resistencia armada, pasando por más de una década de prisión, hasta llegar a la Presidencia de la República— encarnó como pocas el sentido del compromiso ético con el pueblo y con la democracia.

En un continente marcado por la desigualdad, la corrupción y los privilegios, Pepe Mujica eligió siempre el camino contrario: el de la sencillez, la honestidad y la entrega al bien común. Desde su modesta chacra hasta las tribunas internacionales, su voz —firme y serena— habló siempre por los que no tienen voz.

Miembro del Grupo de Puebla y un referente moral y político para toda nuestra comunidad. Nos enseñó que el poder no es para enriquecerse, sino para servir a los demás, y que la política puede y debe ser un acto de amor por la humanidad.

América Latina pierde a uno de sus grandes. Pero sus ideas, su ejemplo y su ternura rebelde permanecerán vivos en cada lucha por la dignidad de nuestros pueblos.

A Lucía Topolansky, su compañera inseparable, al pueblo uruguayo y a todos quienes lo amaron y respetaron, les enviamos nuestro abrazo fraterno y nuestro compromiso de seguir caminando en la dirección que él nos señaló.

Hasta siempre, Pepe. Gracias por tanto.

 

José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno de España.

Rafael Correa, ex Presidente, Ecuador.

Ernesto Samper Pizarro, ex Presidente, Colombia.

Alberto Fernández, ex Presidente, Argentina.

Celso Amorim, ex Canciller y asesor especial del presidente de la república para la agenda internacional del gobierno, Brasil.

Alejandro “Pacha” Sánchez, Secretario de la Presidencia de Uruguay.

Aloizio Mercadante, presidente BNDES, Brasil.

Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.

Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile.

Mario Delgado, Secretario de Educación, México.

Iván Cepeda, Senador de Colombia.

1. Clara López, Senadora de Colombia.

Beatriz Paredes, ex Senadora, México

María José Pizarro, Senadora Nacional, Colombia.

Ricardo Patiño, ex Canciller, Ecuador.

Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España.

Esperanza Martínez, Senadora Naiconal, Paraguay.

Maria Manuel Leitão Marques, ex Eurodiputada, Portugal.

Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura y ex embajadora, Guatemala.

Oriol Junqueras, Diputado europeo y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, España.

Carlos Ominami, ex Ministro de economía, Chile.

Daniel Martinez, ex candidato presidencial y ex intendente de Montevideo, Uruguay.

Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.

Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala.

Verónica Mendoza, ex candidata presidencial, Perú

Pilar Cancela, responsable internacional del PSOE, España.

Aida García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú.

Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile.

Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina.

Legitimidad de elecciones en Ecuador en duda

 

Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) manifestamos nuestra preocupación por los graves indicios de ausencia de garantías democráticas en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador, desarrollada el 13 de abril de 2025, tanto durante el proceso previo como el día mismo de la votación. El contexto de militarización del país, alegaciones de vulneración de los derechos humanos, así como acciones tomadas por el gobierno de turno y presión sobre los órganos electorales abren dudas razonables sobre la transparencia y el resultado de los comicios, tal como venimos apuntando desde CLAJUD. Algunos de estos hechos han sido señalados por las diversas las misiones internacionales de observación electoral (MOEs).

Previo a la jornada electoral:

1. Judicialización permanente de la oposición política, exacerbada semanas antes de las elecciones.
2. Uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas.
3. El Pdte de la República, quien también era candidato, no solicitó la debida licencia en estos comicios, impactando en la equidad de la campaña y debilitó la institucionalidad del Estado.
4. La Vicepresidenta Verónica Abad fue impedida de asumir las funciones presidenciales que le correspondían durante la ausencia del presidente a través de la suspensión de sus derechos políticos. Esto contradice el estándar interamericano que sostiene que los derechos políticos de una autoridad elegida democráticamente solo pueden ser suspendidos por un juez competente.
5. Situación de preso político torturado en la cárcel sin acceso al debido proceso judicial (caso ex vicepresidente Jorge Glas).
6. Prohibición de utilizar celulares (teléfono móvil) en el recinto electoral durante la segunda vuelta electoral, que preveía multas desproporcionadas de hasta USD 32.900. Según MOEs: “la falta de claridad sobre las razones para justificar esta medida incrementó la incertidumbre y desconfianza en la recta final del proceso”.
7. Declaración de Estado de Excepción en Quito y varias provincias un día antes de las elecciones, justificado como medida contra el crimen organizado (el Estado de Excepción recorta al mínimo las garantías democráticas de lxs ciudadanxs, en particular, en contextos de protesta social).
8. El gobierno por decreto cerró las fronteras con países limítrofes y se impidió la llegada de veedores internacionales registrados en la Comisión Nacional Electoral.
9. En algunas provincias y ciudades se modificaron de un día para otro los lugares de votación
10. En algunas provincias como Manabí, el gobierno declaró que “no era necesario ir a votar” (aunque el voto es obligatorio), debido a los avatares climáticos. Justo en esa provincia hay una mayoría adepta al partido opositor.

El día de las elecciones:

1. MOEs advierten sobre la tinta utilizada para marcar las papeletas, que puede haber alterado sustancialmente cada voto: “la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y, en algunos casos, derivó en su anulación”.
2. La Alianza Revolución Ciudadana, contendiente en las elecciones, presentó denuncia sobre inconsistencias en 784 actas electorales, por no tener la firma del presidente y secretario de las juntas receptoras del voto. La denuncia fue desestimada por el CNE el 24 de abril.
3. Militarización del proceso electoral. Fuerte presencia de fuerzas de seguridad apostadas en cada recinto electoral y en las calles, con el mandato de “evitar/contener disturbios” (represión de potencial protesta social).
4. En varias provincias los delegados de las organizaciones políticas no pudieron ingresar a los recintos hasta las 7:00 horas.
5. El diseño de las urnas no se ajustaba a los estándares: sistema de cierre seguro y ajustado que evite aberturas considerables, garantizando así la integridad de las papeletas y reduciendo posibles especulaciones sobre su manipulación.
6. El resultado de los comicios, dando 11 puntos de diferencia a favor del presidente Noboa, fue muy diferente a lo advertido por once encuestadoras, que anunciaban empate técnico.

Por estas razones, desde CLAJUD tenemos serias dudas sobre la legitimidad de las pasadas elecciones y del mandato que resulta de ellas.

Hacemos un llamado urgente a las instancias multilaterales, a todos los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe, al Sistema Interamericano y al Sistema de Naciones Unidas a pronunciarse y solicitar un análisis pormenorizado, independiente e imparcial de los cuestionados resultados de los comicios: abrir las urnas correspondientes y revisar una cantidad de votos representativa que despeje la duda sobre el posible uso deliberado de una tinta especial para manipular o vulnerar las papeletas.

Estas medidas contribuirían a la tranquilidad del país, y pondrían un límite a actos y decisiones que agudizan contextos antidemocráticos. En caso de no ser revertidos, legitimarán actos y condiciones similares en otros países de la región y en próximas elecciones en Ecuador.

 

FIRMAN

Ernesto Samper Pizano (Colombia)

Marco Enríquez-Ominami (Chile)

Baltasar Garzón (España)

Carol Proner (España)

Gisele Ricobom (Brasil)

Silvina Romano (Argentina)

Lina Mejía (Colombia)

Juárez Tavares (Brasil)

Enrique Santiago (España)

Eli Gómez Alcorta (Argentina)

Gerardo Pisarello (España)

Charlotth Back (Brasil)

Larissa Ramina (Brasil)

Virgilio Hernández (Ecuador)

Carola Iñíguez Zambrano (Ecuador)

Emilio Camacho (Paraguay)

Latinoamérica: Ni suma, ni devota

 

El Grupo de Puebla expresa su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha denostado a los países de América Latina y el Caribe en el contexto de su propuesta de imponer nuevos aranceles a las exportaciones hacia su país. Al afirmar que nuestras naciones “se mueren por llegar a un acuerdo” y diciendo textualmente: “están besándome el culo”.Trump no solo recurre a un lenguaje ofensivo e impropio de un Jefe de Estado, sino que también revela una visión profundamente colonial, imperialista y despectiva hacia nuestra región.

Frente a esta nueva ofensiva comercial y simbólica, los países de América Latina y el Caribe no pueden responder fragmentados ni sometidos. Es momento de actuar como bloque, con dignidad y soberanía. Los países de la región deben coordinarse para enfrentar juntos esta guerra comercial, reduciendo su dependencia de Estados Unidos, diversificando sus alianzas estratégicas y fortaleciendo su integración regional.

En palabras del expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, en su carta a los mandatarios que participarán en la IX Cumbre de la CELAC:

“Ser víctimas del reordenamiento rápido y duro de las fuerzas internacionales o no serlo. En buena parte, todo depende de las capacidades que juntos tengamos para hacernos escuchar en el mundo. Hoy, no hay tarea más grande delante de nosotros.”

Por eso, desde el Grupo de Puebla hacemos un llamado urgente a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a construir una respuesta unificada: con más comercio intrarregional, con más integración productiva, con alianzas estratégicas con otras potencias emergentes como los BRICS, y con una voz común ante las amenazas externas.

La unidad de América Latina y el Caribe no es solo un deseo: hoy es una necesidad histórica.

Manifiesto contra la deshumanización y violencia

¿Cómo pudo pasar, frente a los ojos de tantos, que millones de personas fueran subidas a trenes y llevadas en condiciones infrahumanas a su desaparición? Y está pasando otra vez. La deshumanización de las personas, con grilletes y esposas, subidos a la fuerza a camiones y aviones con rumbos desconocidos, por haber cometido el pecado de haber tenido que migrar. Las deportaciones masivas ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump, contra los trabajadores migrantes, amenazan con convertirse en una de las mayores violaciones a los derechos humanos registradas en la historia moderna.

Migrar no es un crimen, es una necesidad. En América Latina, la violencia, el hambre y la desigualdad fuerzan a miles a dejar sus hogares. Los migrantes no solo trabajan: generan riqueza, impulsan el desarrollo y fortalecen las democracias con su participación y esfuerzo.

“Ningún trabajador migrante o miembro de su familia podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” expresa de forma unívoca la Resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Claro que es prerrogativa de cualquier país soberano decidir sobre la entrada y estancia de extranjeros en su territorio. Pero los convenios internacionales protegen los derechos de los trabajadores migrantes, y estos deben ser respetados. Por eso, con este manifiesto, exigimos al presidente Trump, a los Estados Unidos y al presidente Nayib Bukele dar garantías a las personas que están siendo deportadas, de que se respetarán sus derechos humanos.

Una sociedad democrática no se mide solo en votos, sino en la dignidad con la que trata a sus habitantes, sin importar su origen.

Por otro lado, existe en Cuba (país bloqueado unilateralmente) un espacio ocupado irregularmente por Estados Unidos denominado Guantánamo, donde se cometen violaciones a los derechos humanos permanentemente desde hace décadas; ahí están colocando camas para concentrar a los nuestros. El presidente Trump está tratando de construir con nosotros, los latinoamericanos y caribeños, una barbarie, para expulsarla más allá de las fronteras. Para expiar junto a ella todos los males de su decadente imperio.

Nos unimos en contra de su barbarie y su imperialismo. Contra el fascismo, que es esa doctrina que busca partir el mundo entero entre amigos y enemigos y que creíamos superada. Debemos recuperar nuestras instituciones de coordinación regional, sin exclusiones, para abordar este tema central para nuestros países.

Reiteramos nuestro rechazo de las deportaciones masivas y exigimos respeto a los derechos de los trabajadores migrantes. La historia dirá quiénes fueron los verdaderos bárbaros. Nosotros, en cambio, elegimos la unidad y la defensa de nuestra gente.

Marco Enriquez Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile.

Iván Cepeda, Senador de Colombia.

Beatriz Paredes, ex Senadora, México

Verónica Mendoza, ex candidata presidencial, Perú

Carlos Ominami, ex Ministro de economía, Chile.

Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador.

Esperanza Martínez, Senadora Naiconal, Paraguay.

Adriana Salvatierra, ex Presidenta del Senado, Bolivia.

Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala.

Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile.

Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina.

Daniel Martinez, ex candidato presidencial y ex intendente de Montevideo, Uruguay.

Ricardo Patiño, ex Canciller, Ecuador.

Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura y ex embajadora, Guatemala.

Baltasar Garzòn, jurista – ESPAÑA

Charlotte Back, jurista – BRASIL

Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA

Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA

Juárez Tavares, abogado – BRASIL

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada – ARGENTINA

Damiàn Loreti, abogado – ARGENTINA

Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA

Gisele Ricobom, abogada – BRASIL

Larissa Ramina, abogada – BRASIL

El lawfare se profundiza en Ecuador

 Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) manifestamos nuestro rechazo a las recientes denuncias contra personalidades y militantes del ala progresista en Ecuador, que se inscriben en un largo proceso de lawfare en ese país, considerando entre otros aspectos: la inconsistencia de las acusaciones, la sistematicidad de este tipo de denuncias en clave de persecución judicial, y el timing político.

Las denuncias incluyen a varixs militantes y ex funcionarixs del partido Revolución Ciudadana (asociado al correísmo). Se ha denunciado al excandidato a presidente y Secretario Ejecutivo de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, de fraude procesal por un mensaje retomado de una de sus redes sociales, a partir del cual se interpreta que habría ocultado información a la fiscalía. Se ha denunciado al parlamentario de Parlandino, Virgilio Hernández, de incumplimiento de decisiones judiciales de autoridad competente; además de otros dirigentes y ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quienes se destituyó acusándoles de vinculación con el correísmo y ahora se les pretende encausar judicialmente.

También, el día de ayer, Leónidas Iza, excandidato presidencial y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue denunciado por presunto delito de instigación. En los últimos días, Iza se había posicionado en contra de la concesión del campo petrolero de Sacha a empresas transnacionales.

El timing político es fundamental: estas denuncias destinadas a poner en duda la credibilidad y criminalizar a este sector de la política se realiza a un mes de la segunda vuelta electoral en Ecuador.

La persecución sistemática por la vía judicial-mediática contra el ala progresista en Ecuador ya ha sido denunciada en numerosas oportunidades ante foros y organismos regionales e internacionales. Desde CLAJUD se reunió material elaborado por voces expertas para dar cuenta de los múltiples y permanentes casos de Lawfare en Ecuador. Ver, “Lawfare en Ecuador: guerra contra la democracia y el derecho”.

Urge que la comunidad internacional tome nota y condene la intromisión del Poder Judicial en los procesos políticos, especialmente, en el contexto de elecciones presidenciales.

 

ADHIEREN

Ernesto Samper (Colombia)

Marco Enríquez-Ominami (Chile)

Baltasar Garzón (España)

Gisele Ricobom (Brasil)

Silvina Romano (Argentina)

Lina Mejía (Colombia)

Enrique Santiago (España)

Gerardo Pisarello (España)

Larissa Ramina (Brasil)

Claudio Nash (Chile)

Jaime Quiroga (Bolivia)

Esther Burgos (México)

Juan Martín Mena (Argentina)

Elizabeth Gómez Alcorta (Argentina)

Juárez Tavares (Brasil)

Emilio Camacho (Paraguay)

Claudio Nash (Chile)

Juarez Tavares (Brasil)