HAN CAÍDO SEIS EDILES
El caso del edil Pérez Moral, emanado del Partido del Trabajo, es el más reciente, luego de que el 17 de agosto fue detenido durante un fuerte operativo desplegado en la localidad de Buena Vista, tras ser acusado por presunta violación. La denuncia fue presentada por una trabajadora del ayuntamiento y el 18 de agosto un juez lo vinculó a proceso, por lo que enfrenta el procedimiento privado de la libertad.
A principios de 2025, los hermanos Uruviel y Gionanny González Vieyera, exediles de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, respectivamente, fueron detenidos por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. Más tarde fue aprehendido Ramiro, exalcalde de San Nicolás Buenos Aires, un tercero de los hermanos por posesión de drogas.
El primero de ellos tras obtener un amparo que ordenó su liberación en enero de 2026, fue reaprehendido al salir del penal de Tepexi de Rodríguez. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas, relacionado con hechos ocurridos durante su gestión en Tlachichuca. Además, enfrenta otras investigaciones, entre ellas por enriquecimiento ilícito y peculado, por lo que permanece sujeto a procesos penales.
Por su parte, en diciembre de 2025, Giovanny Gonazález obtuvo una resolución favorable que permitió modificar las medidas cautelares en el proceso que enfrentaba por encubrimiento de mercancía robada, pero fue reaprehendido al salir del penal de Tepexi. La nueva acusación se relacionó con abuso de autoridad y presuntos actos de corrupción. Actualmente, se mantiene bajo proceso y privado de la libertad.
En marzo de 2026, un tribunal federal ordenó la liberación de Ramiro González Vieyra, exedil de San Nicolás Buenos Aires, pero la FGE lo reaprehendió al abandonar el penal de Tepexi, ahora por una investigación por abuso de autoridad. Días después fue vinculado nuevamente a proceso, esta vez por falsificación de documentos e incumplimiento de un deber legal, a raíz de un acta de matrimonio que presuntamente firmó como juez del Registro Civil.
Por su parte, Gerardo Cortés Caballero, exedil de Cuautempan, acusado de extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada fue detenido en febrero de 2026 en Tlaxcala, después de permanecer alrededor de nueve meses prófugo. Un juez lo vinculó a proceso por secuestro exprés y extorsión agravada, inicialmente con prisión preventiva. Sin embargo, el 28 de febrero obtuvo el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, por lo que actualmente enfrenta su proceso bajo esa condición.
En tanto, Alfredo Ramírez Hernández, exedil de Ahuazotepec, es acusado de extorsión, robo de vehículos y narcomenudeo. De acuerdo con la información pública más reciente localizada actualmente se encuentra prófugo. En mayo de 2025 las autoridades catearon su domicilio y el entonces alcalde huyó.
EXCANDIDATA SUPLENTE POR EL PRI, ENCARCELADA POR HOMICIDIO
Tania Félix N, excandidata suplente a diputada local por el PRI fue reaprehendida en octubre de 2025, después de haber obtenido su libertad, para enfrentar un proceso por homicidio calificado. El caso se sumó al proceso que ya enfrentaba por delitos contra la salud y portación de armas.
En 2024 la detuvieron por supuestamente haber estado vinculada con un líder de La Barredora y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando ambas agrupaciones eran parte de un mismo entramado.
Uno de los políticos a los que era cercana es Lorenzo Rivera, actual secretario general del PRI, quien antes de la aprehensión de Tania Félix tenía una larga galería de imágenes en sus redes sociales en donde exhibía un estrecho vinculo con quien fuera titular del Instituto Municipal de la Juventud en el pasado gobierno panista de la capital.
HAY PROCESOS CONTRA DOS EDILES AUXILIARES
Otros casos de políticos encarcelados en el sexenio de Alejandro Armenta son el de Filiberto N, expresidente auxiliar de Atopoltitlán, perteneciente a Tehuitzingo, fue detenido en julio de 2025 con apoyo de autoridades federales e Interpol por una orden de aprehensión relacionada con abuso de autoridad.
También destaca el de Javier Montalvo Juárez, expresidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, que pertenece a San Martín Texmelucan, quien fue detenido en julio de 2026 luego de que presuntamente ofreciera dinero y un vehículo a agentes ministeriales para frenar una investigación. La Fiscalía lo señaló por cohecho y además lo investiga dentro de las pesquisas por el asesinato del periodista Josué Martínez.
SIETE MANDOS POLICÍACOS DE LA MIXTECA Y SIERRA NORTE
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla contra funcionarios encargados de la seguridad pública han alcanzado, durante el gobierno de Alejandro Armenta, a siete exmandos municipales y a un comandante ministerial, algunos de ellos señalados por presuntos actos de corrupción, omisiones en sus funciones o posibles vínculos con grupos delictivos.
El caso más reciente involucra a siete exdirectores y exsecretarios de Seguridad Pública de municipios de la Sierra Norte y la Mixteca, aunque solo seis han sido detenidos. Se trata de Manuel N., de Jopala; Ángel N., de Tlaola; Evencio N., de Tlapacoya; David N., de Chietla; Gonzalo N., de Tehuitzingo, y José Santiago N., de Chila de la Sal, quienes fueron aprehendidos entre el 10 y el 13 de julio de 2026, además de Andy N., exdirector de Seguridad Pública de Tepatlán, quien logró escapar y permanece prófugo.
Las capturas derivaron de investigaciones relacionadas con el desmantelamiento de narcolaboratorios de drogas sintéticas. Entre ellas destaca un laboratorio localizado en Jopala, cuyo aseguramiento permitió a las autoridades estatales y federales profundizar en la actuación de las corporaciones municipales de seguridad de la región.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, señaló que el laboratorio localizado en los límites de Jopala y Tlapacoya llevaba aproximadamente un año en operación y tenía capacidad para abastecer de drogas sintéticas a Puebla y Veracruz.
Dicho inmueble, considerado por las autoridades como el de mayor capacidad detectado hasta entonces en territorio poblano, fue asegurado el 14 de junio por fuerzas federales y estatales. En el operativo fueron decomisados 500 kilogramos de una sustancia con características similares al cristal, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores, decenas de tanques de gas LP y una camioneta Ford F-350.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el aseguramiento representó una afectación económica de alrededor de 2 mil 400 millones de pesos para la delincuencia organizada.
Un segundo laboratorio fue localizado el 13 de mayo en Chila de la Sal, en la Mixteca poblana, donde integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército decomisaron 2 mil 750 litros y 750 kilogramos de sustancias químicas, seis reactores de síntesis orgánica, un vehículo y el inmueble utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
Esta clausura, junto con el de Jopala, forma parte de los cinco laboratorios clandestinos localizados en Puebla durante la actual administración estatal: tres fueron detectados en 2025, en Ixtacamaxtitlán, Acajete y Puebla capital, y dos durante 2026, en Chila de la Sal y Jopala.
La Fiscalía General del Estado informó posteriormente que los seis exmandos fueron imputados por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Las indagatorias se apoyaron en denuncias anónimas, entrevistas con testigos, informes de investigación, inspecciones ministeriales y datos compartidos con la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad también incorporó elementos relacionados con los laboratorios clandestinos localizados en Jopala y Chila de la Sal.
El 20 de julio pasado, un juez de control determinó vincular a proceso a los seis exmandos, al considerar que existían elementos suficientes para que las investigaciones continuaran. De esta manera, dejaron atrás la etapa inicial de imputación y quedaron formalmente sujetos a proceso penal.
El caso provocó además que la Secretaría de Seguridad Pública estatal asumiera temporalmente el control operativo de las corporaciones municipales de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal. La medida fue adoptada después de las detenciones y mientras avanzaban las investigaciones contra los mandos policiacos.
Sin embargo, el operativo no logró concretarse contra todos los funcionarios investigados. Andy N., quien se desempeñaba como mando de Seguridad Pública de Tepatlán, logró escapar y desde entonces permanece prófugo de la justicia. Las autoridades lo identificaron como el séptimo funcionario relacionado con la investigación, aunque hasta el corte de esta edición no se ha reportado públicamente su captura.
El expediente de los seis mandos municipales representa uno de los principales casos de depuración de corporaciones locales registrado durante la administración de Armenta, debido a que las autoridades investigan si quienes estaban encargados de combatir los delitos permitieron, por omisión o presunta protección, que actividades criminales se desarrollaran en sus municipios.
EL CASO DE ATLIXCO
Apenas unas semanas después, la Fiscalía volvió a detener a un funcionario responsable de la seguridad municipal. El 14 de agosto de 2026 fue aprehendido Antonio Hernández Pacheco, entonces secretario de Seguridad Pública de Atlixco.
La detención ocurrió sobre la Vía Atlixcáyotl, en inmediaciones de la Exhacienda de San Agustín, mediante una orden de aprehensión emitida por un juez de Control con sede en Atlixco. Hernández Pacheco fue acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
Su captura ocurrió mientras se desarrollaba un operativo derivado del reporte de un presunto asalto a un cuentahabiente. No obstante, la Fiscalía estableció que la aprehensión obedeció a una investigación y a una orden judicial previamente librada; hasta el momento no ha establecido oficialmente que los hechos por los que fue detenido estén relacionados con el robo que originó el despliegue policial.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba y solicitó que el funcionario fuera vinculado a proceso. La defensa pidió la ampliación del plazo constitucional, por lo que la audiencia se reanudó posteriormente.
El juez finalmente vinculó a proceso a Hernández Pacheco por los tres delitos imputados y le impuso prisión preventiva justificada. Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el 19 de octubre de 2026.
Tras su detención, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, designó a Juan Manuel Bravo Baxil como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La edil también promovió un juicio de amparo ante la justicia federal, aunque dicho recurso no implica por sí mismo que exista una orden de aprehensión en su contra.
SIETE POLICÍAS DE PUEBLA CAPITAL CON PRESUNTOS VÍNCULOS CON “LA BARREDORA”
Cabe recordar que la infiltración de grupos criminales en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital derivó en siete investigaciones contra policías y exfuncionarios de la corporación, detenidos en dos operativos realizados durante el gobierno de Alejandro Armenta.
El primer grupo fue aprehendido el 31 de julio de 2025, durante la denominada Operación Cofradía, mientras que una segunda investigación llevó a la captura de tres mandos policiales en enero de 2026.
En la primera intervención fueron detenidos Diego N., Lucero N., José Manuel N. e Ismael N., cuatro funcionarios y exfuncionarios de la SSC. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuatro presuntamente proporcionaban información y protección a integrantes de grupos criminales y generaban conflictos al interior de las instituciones con el propósito de obstaculizar investigaciones relacionadas con homicidios, distribución de droga y otros delitos de alto impacto.
La corporación municipal confirmó entonces que las capturas derivaron de meses de investigación y labores de inteligencia realizadas de manera coordinada con autoridades federales.
La investigación también relacionó a los cuatro policías con “La Barredora” y con agresiones y homicidios de agentes policiales. Diego N., quien se desempeñaba como jefe del área de Asuntos Internos de la SSC, fue señalado además por sus presuntos vínculos con bandas delictivas de la capital. Las autoridades sostuvieron que los integrantes de esta estructura utilizaban información obtenida desde la corporación para alertar a grupos criminales sobre operativos y dificultar el avance de investigaciones.
El expediente volvió a tomar fuerza el 9 de enero de 2026, cuando fuerzas federales detuvieron a los mandos Hugo N., Kevin Atanacio N. y Rocío N., además de una civil identificada como Ana Belem N.
Según las investigaciones ministeriales, los tres policías formaban parte de una estructura denominada “La Cofradía”, desde la cual presuntamente mantenían comunicación con integrantes de “La Barredora”, les proporcionaban información sobre movimientos y operativos policiales y obstaculizaban acciones contra la organización criminal.
A diferencia del primer grupo, esta segunda investigación está relacionada directamente con el homicidio de dos policías municipales ocurrido el 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los agentes asesinados se habrían negado a colaborar con actividades ilícitas, por lo que el ataque habría sido una represalia. Los tres mandos detenidos fueron señalados por su probable participación en el crimen y por proporcionar información que habría facilitado las operaciones del grupo delictivo.
DE INVESTIGAR DESAPARICIONES A SER INVESTIGADO
Otro de los casos que evidenció la depuración interna emprendida en la Fiscalía General del Estado (FGE) fue el de Alejandro Macuil Tláhuetl, quien se desempeñaba como comandante de la Unidad de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Macuil Tláhuetl fue detenido el 28 de julio de 2025, en inmediaciones de la colonia El Carmen de la ciudad de Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de intimidación. De acuerdo con la investigación de la FGE, el entonces comandante habría acudido al domicilio de una persona para amenazarla con un arma de fuego y evitar que denunciara las actividades ilícitas de Federico N., alias “El Patuleco”, señalado por su probable participación en la desaparición de al menos una decena de personas.
El caso adquirió relevancia porque Macuil estaba adscrito precisamente al área encargada de investigar desapariciones. La Fiscalía señaló que su captura formaba parte de las acciones de depuración de personal ante posibles nexos con grupos delincuenciales. Tras su detención, un juez de control determinó vincularlo a proceso por intimidación y le impuso prisión preventiva justificada.
Las acusaciones también generaron cuestionamientos de colectivos de búsqueda, particularmente Voz de los Desaparecidos, que durante ese año había señalado deficiencias y retrasos en investigaciones de personas desaparecidas. Después de la detención de Macuil, cuatro agentes de investigación presentaron su renuncia a la FGE, aunque la entonces fiscal Idamis Pastor Betancourt aclaró que no existían elementos para afirmar que esas salidas estuvieran relacionadas directamente con el caso.
A poco más de cuatro meses de su captura, la Fiscalía obtuvo una segunda vinculación a proceso contra el excomandante, ahora por el delito de omisión en el desarrollo de investigaciones ministeriales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. De acuerdo con los argumentos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia, Macuil habría incumplido actos de investigación que habían sido expresamente ordenados por un agente del Ministerio Público dentro de una carpeta relacionada con una desaparición, sin que existiera una causa legal o justificación para abstenerse de realizarlos.
Esta segunda imputación colocó bajo investigación judicial no solo su actuación frente a un testigo relacionado con “El Patuleco”, sino también su desempeño como agente encargado de realizar diligencias para localizar a personas desaparecidas. Los colectivos habían advertido que las omisiones en este tipo de investigaciones pueden resultar particularmente graves debido a que las primeras horas y días posteriores a una desaparición son determinantes para la búsqueda y localización de las víctimas.
La primera carpeta contra Macuil se originó en la denuncia de un testigo que, de acuerdo con la investigación, tenía información sobre las actividades de Federico N. “El Patuleco”. El excomandante habría utilizado su posición y su arma de cargo para intimidarlo y evitar que proporcionara información a las autoridades. Federico N. era investigado por su probable responsabilidad en múltiples desapariciones y por operar un supuesto centro de rehabilitación en Coronango.
Las investigaciones contra “El Patuleco” llevaron a la FGE a realizar cateos en inmuebles vinculados con él en el municipio de Coronango. En uno de esos predios fueron localizados restos óseos que, de manera preliminar, fueron relacionados con posibles víctimas de desaparición. Sin embargo, la información pública disponible no permite establecer una identificación definitiva de esos restos ni atribuir judicialmente su muerte a Federico N. o a Macuil Tláhuetl.
Con la segunda vinculación, el excomandante acumuló dos procesos penales: uno por intimidación, relacionado con la presunta amenaza a un testigo, y otro por omisión en el desarrollo de investigaciones ministeriales vinculadas con personas desaparecidas. La medida cautelar de prisión preventiva justificada se mantuvo, por lo que permanece recluido mientras continúan ambos procedimientos.
A este expediente se sumó el de Francisco N., quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
El funcionario fue detenido el 9 de septiembre de 2025, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y concusión, luego de que presuntamente solicitara 20 mil pesos a familiares de una mujer desaparecida en Tehuacán.
De acuerdo con la FGE, Francisco N. inició la investigación por la desaparición el 29 de noviembre de 2024 y, después de que la mujer fue localizada, habría pedido a sus familiares dicha cantidad como gratificación por su intervención en el caso.
La denuncia de los familiares permitió que la propia Fiscalía iniciara las investigaciones contra el agente y obtuviera una orden de aprehensión. Tras su captura, fue puesto a disposición del juez de Control de Tehuacán, quien debía resolver su situación jurídica.
Los casos de los seis exmandos municipales, Antonio Hernández Pacheco y Alejandro Macuil muestran una misma constante: las investigaciones no se han limitado a particulares o integrantes de grupos delictivos, sino que también han alcanzado a servidores públicos cuya responsabilidad estaba directamente relacionada con la prevención, investigación o combate de delitos.
Con información de: La Jornada de Oriente
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