Aunque durante el primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura local el Congreso del Estado sacó algunos de sus pendientes dejó para 2026 la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la reforma en materia política para determinar los lineamientos de la elección de jueces y magistrados, así como para legislar sobre la Ley de Participación Ciudadana y revocación de mandato.
A decir de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Yassahara Cruz García, los diputados tendrían hasta marzo de 2026 para sacar adelante la reglamentación y se pueda elegir a jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia en junio de 2027. Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que en 2025 ya no daría tiempo para sacar adelante la legislación, por lo que se abordará hasta el próximo periodo ordinario.
La importancia de esta reglamentación además radica en que hasta que se establezca la forma en la que serán electos los jueces y magistrados, también se podrá determinar cuántos recursos económicos se requieren para poder llevar a cabo los comicios.
En cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, Pavel Gaspar destacó recientemente que los foros para discutir las propuestas de ley se tendrán que llevar a cabo hasta el próximo año, lo anterior pese a que la expresidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que la discusión iniciaría en agosto de 2025.
En julio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Puebla incorpore la revocación de mandato del gobernador a su Constitución local, tras conceder un amparo a ciudadanos que exhibieron omisión legislativa.
Derivado de este fallo, se prevé la discusión sobre la Ley de Revocación de Mandato, a partir de la iniciativa impulsada por el diputado local Julio Miguel Huerta López (Morena), la cual exige que el 10 por ciento de la lista nominal — en la mitad más uno de la representatividad territorial— sea requisito mínimo para solicitar la revocación. Además, la propuesta establece que el proceso solo será vinculante si participa al menos 40 por ciento del electorado, junto con disposiciones para asegurar neutralidad, restringir el uso de recursos públicos y garantizar equidad en la difusión y la propaganda.
Hace unos días, el propio Julio Huerta expuso que se realizarán diferentes mesas de análisis. La primera de estas estará integrada por las asociaciones civiles que promovieron el amparo que derivó en la exigencia de la SCJN para que el Congreso legisle sobre la revocación de mandato. La segunda convocará a especialistas de la academia, mientras que la tercera reunirá a las fracciones legislativas, con el fin de construir un dictamen que logre consensos.
Entre los puntos centrales de la discusión, Huerta Gómez planteó si la figura de revocación deberá realizarse de manera concurrente con las elecciones locales y federales de 2027, como se analiza en el ámbito nacional. Este ajuste implicaría modificar el modelo originalmente propuesto, que prevé la consulta una vez transcurrida la primera mitad del periodo del titular del Poder Ejecutivo estatal.
El legislador recordó que en 2020, cuando se aprobó la legislación federal en materia de revocación de mandato, se fijó un plazo de 180 días para armonizar las constituciones locales, plazo que el Congreso de Puebla incumplió. Frente a ese rezago, explicó que el 25 de julio de este año presentó una iniciativa que establece que la revocación debe llevarse a las urnas una vez cumplida la mitad del mandato, lo que se modificaría si se opta por hacerla coincidir con los comicios de 2027.
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En tanto, se espera que la Ley de Participación Ciudadana sea discutida con distintos enfoques. La iniciativa presentada por la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) plantea formas de democracia directa como la iniciativa popular, referendos, plebiscitos, consultas y revocación de mandato, e impulsa la institucionalización de los consejos de participación ciudadana. La propuesta reconoce el derecho de la comunidad a incidir en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, fomentando una democracia más cercana y corresponsable.
Organizaciones sociales y universidades, encabezadas por la Universidad Iberoamericana Puebla, han presentado sus propias iniciativas, demandando incluir 16 mecanismos de intervención social, entre ellos audiencias públicas, cabildo abierto, presupuesto participativo, parlamento abierto y mecanismos para niñas, niños y adolescentes. Destacan que Puebla carece de legislación específica y permanece rezagada en participación ciudadana, junto con entidades como Campeche, Estado de México y San Luis Potosí.
HASTA ENERO SE DESIGNA AL TITULAR DE LA ASE
El pasado tres de diciembre, bajo el argumento de que no daban los tiempos para entrevistar los perfiles antes de que terminara el primer periodo ordinario del segundo año legislativo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Puebla aplazó hasta el 15 de enero de 2026 la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó la diputada local del PRI Delfina Pozos Vergara.
Pozos Vergara, integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), explicó que se aprobó un nuevo calendario para que los días 13 y 14 de enero de 2026 se lleven a cabo las comparecencias de quienes aspiran a la titularidad de la ASE ante dicho órgano deliberativo. Esto implica que la designación se realizará hasta el próximo año, pese a que el presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, previamente estimó que el nuevo auditor debía rendir protesta el 1 de enero de 2026.
Durante la reunión de la Jugocopo, la legisladora dio a conocer que las personas aspirantes Vinissa Morales Mina, Gabriel Hernández Campos y Luis Antonio Herrera Pérez fueron descartadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Con ello, la lista de aspirantes quedó reducida a 11 perfiles, que serán quienes participen en la ronda de entrevistas programada para enero.
La diputada del PRI subrayó que las fracciones de Morena y sus aliados en la Jugocopo argumentaron que en la convocatoria no se fijaron fechas específicas para la protesta del titular de la ASE, a pesar de que el propio Pavel Gaspar Ramírez había señalado públicamente que sería el 1 de enero de 2026. Este contraste entre la convocatoria y las declaraciones del presidente del Congreso abrió un margen de interpretación que permitió el aplazamiento del proceso.
Pozos Vergara descartó que la modificación del calendario pueda convertirse en un argumento sólido para que las personas que fueron excluidas del procedimiento impugnen la designación final del titular de la Auditoría Superior del Estado. Afirmó que la depuración de la lista de aspirantes respondió al análisis de requisitos y no a las fechas fijadas para las comparecencias y la votación.
Con el nuevo programa de trabajo, entre el 13 y el 14 de enero la Jugocopo deberá definir una terna de aspirantes que será enviada al pleno del Congreso del Estado para que se vote y se elija a la persona que asumirá la titularidad de la ASE. La Auditoría Superior del Estado suma más de dos años acéfala, por lo que la decisión de posponer nuevamente el nombramiento prolonga un periodo de interinidad en el órgano encargado de la fiscalización de los recursos públicos estatales.
Con información de: La Jornada de Oriente
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