Por: Horacio Cano
Sin caballo no hay patria. Sin derecho no hay esperanza
Los caballos, sin duda, son parte fundamental de nuestra historia. Me atrevo a decir que, sin caballo, no hay patria. Será en otra ocasión cuando desarrolle esa aseveración; incluso valdría la pena referenciar a quienes han escrito tanto sobre ello, como mi amigo Tato.
Los caballos son animales de trabajo. Los ganaderos que conozco les dan un trato digno, porque sin ellos sería imposible realizar muchas de sus labores. Algunos de mis mejores recuerdos de infancia y juventud son haber aprendido a montar a caballo. ¿Cómo no iba a hacerlo, si mi abuelo se bajó del suyo mucho después de que los doctores se lo prohibieran? De ahí viene mi necedad. No es excusa, es disculpa.
Una cosa es que los caballos puedan ser fuerza de trabajo, y otra muy distinta que sean objeto de maltrato por parte de sus poseedores. En San Martín Texmelucan lo hemos visto durante muchos años: salvo honrosas excepciones, los caballos son lastimados y alimentados en su mínima expresión para poder jalar una carreta que recolecta basura. Esto sucede en al menos treinta colonias de la tercera ciudad más grande del estado de Puebla.
Han existido intentos por solucionar el problema, pero no ha habido ni los recursos ni un verdadero plan para encontrar una salida viable y sustentable en el plano económico. Porque, además de ser un problema de bienestar animal, se trata de un asunto social.
¿Por qué? Porque más de 150 familias dependen de este oficio: recoger basura, separarla y vender lo aprovechable.
Estamos entonces ante un servicio público que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, debe brindar el Ayuntamiento: la recolección de residuos. Pero un grupo de personas, ante la falta de opciones, decidió asumir esta tarea, hacerlo por cuenta propia y aprovechar la basura de forma lícita. El problema es que, al hacerlo en condiciones precarias, cometen —también salvo honrosas excepciones— el delito de maltrato animal. Basta caminar por las calles de San Martín Texmelucan para ver el estado lamentable en que se encuentran estos animales.
Cualquier política pública que pretenda abordar el problema con seriedad —con regulación, inversión y acción de la autoridad— deberá responder al menos las siguientes preguntas:
•¿Qué hacer con los caballos que están sanos?
•¿Qué hacer con los caballos que no lo están?
•¿Cómo sustituir la fuerza de trabajo que representan?
•¿Quién debe financiar una alternativa?
•¿Debe ser una tarea exclusiva del municipio?
La sociedad civil organizada ha interpuesto diversos recursos jurídicos —en específico, amparos— para impedir que se sigan utilizando caballos para jalar carretones de basura en las calles de San Martín. ¿Será suficiente con la prohibición ordenada por un juzgado federal para que esta situación deje de ocurrir?
Creo que, si bien una orden judicial no basta por sí sola —dado el impacto social que implicaría dejar sin ingreso a más de 150 familias—, sí debe servir como punto de partida para que la autoridad actúe con mayor legitimidad y eficacia. El derecho no debe ser visto como obstáculo, sino como herramienta.
Apunte al aire
Es muy esperanzador que la sociedad civil pueda defender a quienes no pueden hablar, aunque —vaya que— relinchan. Creo que esa debe ser, además del diálogo, la vía para resolver nuestras controversias: la legal, la civilizada, la que apuesta por el estado de derecho.
Ese camino fortalece la democracia deliberativa. No basta con participar una vez cada elección: hay que implicarse en los temas que importan, todos los días.
Ejemplos como este —y como el de las asociaciones que han luchado por la limpieza del Atoyac— nos inspiran a despertar como ciudadanos.
Ya lo decía Kennedy:
“Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?”
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