Además, ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Como resultado de la auditoría en la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de la recuperación de 300 plazas, suman 43 despedidos, todos correspondientes al primer año de gestión del gobernador Alejandro Armenta.
Fue el propio mandatario estatal quien dio a conocer estas cifras durante su tradicional mañanera, realizada desde el Centro Integral de Servicios (CIS), ahora bajo un formato similar al de las conferencias de la Presidencia de la República.
Explicó que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objetivo de que se lleven a cabo las investigaciones y se determinen posibles responsabilidades.
Dentro de los cambios derivados de este proceso, destacó la salida de dos subsecretarios.
Esto derivó en la designación de Liezbet Martínez Moreno como subsecretaria de Educación Superior, así como de José Enrique Martínez en la Subsecretaría de Educación Obligatoria.
Van 43 despedidos en SEP Puebla: auditoría en curso podría revelar más irregularidades
Alejandro Armenta señaló que se garantizará la presunción de inocencia en todos los casos; sin embargo, advirtió que el ejercicio de auditoría podría derivar en más sanciones.
Explicó que este proceso es encabezado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Secretaría Anticorrupción estatal, las cuales revisan miles de expedientes.
No obstante, precisó que tanto la recuperación de las 300 plazas como los 43 despidos corresponden únicamente a la revisión del año 2025.
Por ello, adelantó que posteriormente se analizarán ejercicios anteriores y administraciones pasadas para determinar la magnitud de posibles actos de corrupción.
Asimismo, respaldó al titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, al asegurar que se mantiene informado de los avances del proceso.
Cabe recordar que este seis de abril, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, informó que además de los despidos se han presentado siete denuncias penales por uso indebido de funciones.
Las 300 plazas recuperadas estaban asignadas a “aviadores”, es decir, personas que cobraban sin desempeñar funciones.
También se detectaron casos en los que los beneficiarios ya habían fallecido, pero continuaban apareciendo en la nómina, lo que evidenció irregularidades graves dentro de la estructura educativa estatal.
Con información de: MTP Noticias
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