Investigan a jueces y funcionarios judiciales en Puebla por corrupción; uno estaría vinculado a trata

 El órgano investigó y sancionó a un juez municipal, una jueza civil y penal, dos secretarios de acuerdos y un escribiente.

Lupa y mazo. Creditos: Especial

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla anunció una serie de sanciones severas contra jueces y funcionarios por corrupción. Entre los casos se encuentra el juez municipal de Campocuautla, Jesús G., a quien se le vincula a una red de trata de personas.  

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura de Puebla informó que investigó y sancionó a un juez municipal, una jueza civil y penal, dos secretarios de acuerdos y un escribiente.

Estos son los jueces y funcionarios sancionados por el Consejo de la Judicatura de Puebla por corrupción

Según fuentes de PÁGINA NEGRA entre los jueces y funcionarios sancionados por el Consejo de la Judicatura de Puebla debido a los actos de corrupción se encuentran: 

• Jesús G., quien fungía como Juez Municipal de Camocuautla. En su caso, será inhabilitado por un año por exceder sus funciones al solicitar la expedición de un pasaporte para una menor de edad. Sin embargo, en su caso se investiga su vinculación a una red de tráfico de personas. 
• Suspendieron temporalmente a Olivia J., escribiente adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por solicitar y recibir recursos económicos en su cuenta personal a cambio de agilizar un trámite. 
• Sandra Lucía P., Jueza de lo Civil y de lo Penal de Tecamachalco, quien es la expareja del exmagistrado Alfredo Mendoza. Se ordenó su destitución e inhabilitación por un año, luego de que ordenará cancelar un embargo en un juicio mercantil sin tener competencia para ello. 
• El secretario de Acuerdos, Mario Alberto P, lo suspendieron temporalmente en un lapso de seis meses. En su caso, dictó una sentencia como Encargado de Despacho de un Juzgado en Zacapoaxtla, sin contar con facultades para ello. 
• José Oscar C., suspendido un año como secretario de Acuerdos por realizar una diligencia de perdón judicial de una víctima. El funcionario no verificó la identidad de la víctima en el Distrito Judicial de Huejotzingo. 

El Consejo de la Judicatura informó que estas medidas son el resultado de un análisis estrictamente apegado a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, enfatizó que estas decisiones se basan en los principios de legalidad y objetividad. Con estas acciones, la institución envía un mensaje claro sobre la vigilancia permanente del desempeño judicial.

Con información de: Periódico Central