Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) exigen que se aclare el uso y destino de 980 millones de viejos pesos que la paraestatal prestó en 1989 –en el periodo de Carlos Salinas de Gortari– al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) sección 46, para la construcción de alrededor de 300 casas para los empleados de base, las cuales nunca se edificaron. Señalan que, además, el organismo gremial pagó a la paraestatal con un terreno valuado en solo 300 millones de viejos pesos, adquirido con el mismo apalancamiento.
En 2021, con el respaldo de la Asociación de Jubilados de la sección 46, integrada por una decena de extrabajadores, el disidente Rafael Gutiérrez Cervantes presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por fraude, ejercicio abusivo de funciones, abuso de confianza, simulación de actos jurídicos, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, daño en propiedad ajena, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de documentos, asociación delictuosa y abuso de autoridad, que si bien podrían haber prescrito por el tiempo transcurrido, ni siquiera eso les ha sido notificado por la institución encargada de la investigar delitos.
La denuncia se dirige contra exdirigentes sindicales y posibles funcionarios por un presunto fraude en el manejo del préstamo para el proyecto habitacional. Para la base petrolera, este caso exhibe la burocracia del Estado y el desdén con que se atiende a las víctimas que buscan esclarecer el uso de recursos públicos.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Gutiérrez recordó que en 1989 Pemex otorgó al STPRM un préstamo por 980 millones de viejos pesos, con la condición de que en tres meses se adquiriera un terreno y se construyeran alrededor de 300 viviendas para el personal sindicalizado. El crédito devengó intereses de 9 por ciento y elevó la deuda total a mil 251 millones de viejos pesos, de acuerdo con los expedientes internos.
La organización gremial, sin embargo, solo compró el predio conocido como Tetitla por 189 mil 81 viejos pesos, terreno que posteriormente fue puesto en garantía del propio préstamo sin que se iniciara la edificación de las viviendas prometidas.
En 1991 se reconoció formalmente el incumplimiento del crédito y, como forma de pago, el sindicato ofreció el terreno Tetitla, adquirido precisamente con recursos provenientes del préstamo de Pemex, pese a que su valor era muy inferior al adeudo acumulado.
El 28 de enero de 2000, en la notaría pública 42, se levantó el acta de cancelación y extinción total del apalancamiento que la paraestatal había otorgado al sindicato petrolero, con lo que jurídicamente se dio por saldada la obligación.
Sin embargo, hasta hoy se desconoce el paradero del diferencial entre la deuda global y el valor del bien entregado como dación en pago. Para Gutiérrez, ese hueco financiero configura un daño directo al patrimonio de Pemex y, por extensión, a quienes aportaron cuotas sindicales durante décadas.
EL TERRENO TETITLA SE REVENDIÓ
Años después, la historia se complicó aún más cuando se acreditó que el sindicato vendió el terreno Tetitla a la empresa Auge Hogar en aproximadamente 2 millones 175 mil viejos pesos, operación que habría dejado una ganancia a la dirigencia gremial con dinero que originalmente era de la empresa del Estado.
Gutiérrez refiere que fue un doble negocio: la dirigencia se quedó –presuntamente- con la mayor parte del préstamo, adquirió un predio con una fracción del recurso que le dio la empresa y con ese mismo supuestamente pagó a la paraestatal y luego lo revendió.
Los jubilados señalan que incluso Pemex avaló como “perfectamente legal” la comercialización del terreno.
La denuncia presentada por Rafael Gutiérrez Cervantes busca que la FGR esclarezca todas estas operaciones y deslinde responsabilidades penales y administrativas. El escrito se ingresó con el propósito de que la carpeta se radicara en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero, pese a diversos escritos de impulso presentados el 16 de agosto, el 10 de septiembre y el 28 de diciembre de 2021, así como el 22 de febrero de 2022, no ha habido resolución.
SIN RASTRO DEL FIDEICOMISO PARA JUBILADOS Y FALLECIDOS
Además del préstamo principal, Rafael Gutiérrez recordó que, durante años, a los trabajadores se les aplicaron descuentos vía nómina para un fideicomiso con el cual, al jubilarse, recibirían 86 mil pesos actuales, o bien esa suma se entregaría a sus familiares en caso de fallecimiento.
Ese fideicomiso se fue actualizando conforme las generaciones de retiro, entre 2013 y 2018, y nunca se rindieron cuentas sobre depósitos acumulados o intereses generados y, en los hechos, el dinero desapareció junto con la promesa de las casas.
Para la base petrolera, la opacidad en torno al manejo de las retenciones salariales completa el cuadro del presunto fraude de viviendas en Pemex y refuerza la exigencia de que la FGR investigue también esta vertiente.
Los jubilados subrayan que, aun cuando en algún momento se argumente la prescripción de delitos como fraude, abuso de confianza, peculado o colusión, la autoridad está obligada al menos a pronunciarse y notificarlo, cosa que no ha ocurrido.
A su juicio, el silencio institucional de la FGR exhibe la carga burocrática y el desdén con que el Estado trata a las víctimas, que deben enfrentar por su cuenta procesos complejos para reclamar justicia en los ámbitos laboral, civil y penal.
DEFICIENCIAS EN ATENCIÓN MÉDICA
A la inconformidad por el manejo de recursos se suma el deterioro de la atención médica de Pemex, particularmente en la ciudad de Puebla. Rafael Gutiérrez señala que los servicios están “por los suelos”, empezando porque la farmacia donde deben surtir sus recetas se ubica en la zona de la 11 Sur y 51 Poniente, muy lejos del Consultorio Médico Pemex de la 46 Poniente 1502, lo que obliga a personas mayores o con movilidad reducida a recorrer largas distancias para obtener medicamentos.
La demanda recurrente es que la farmacia se traslade a las instalaciones del consultorio, pero la administración local se ha limitado a responder que existen contratos vigentes que impiden cualquier modificación.
El jubilado denuncia además una creciente escasez de medicamentos básicos, en especial para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, mientras que las recetas solo pueden surtirse en un plazo de dos días hábiles y, una vez vencidas, deben ser renovadas por el médico.
Para los extrabajadores, este esquema se ha convertido en un “movimiento burocrático” que dificulta el acceso efectivo a tratamientos y deja a los pacientes atrapados entre requisitos administrativos y la falta de insumos.
Los servicios subrogados representan otro foco de molestia. Especialidades como ortopedia, cardiología y endocrinología dependen de convenios con nosocomios privados que, con frecuencia, se encuentran suspendidos o saturados y cuando los trabajadores son canalizados al Hospital Central Sur de alta especialidad, Picacho, los tiempos de espera para una consulta van de dos a tres meses.
La percepción de los extrabajadores es que el servicio médico está al “15 o 20 por ciento” respecto de la calidad que existía en décadas anteriores, cuando el sistema sanitario de Pemex se presumía como de “primer mundo”.
Aunque algunos afectados han obtenido amparos para obligar a la empresa a proporcionar tratamientos o cirugías, la mayoría no recurre a esa vía por miedo, apatía o falta de información, lo que deja a muchos trabajadores, especialmente jubilados, en una situación de desprotección frente al colapso de los servicios subrogados.
Con información de: La Jornada de Oriente
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