A más de 24 horas de que el vocero del gobierno estatal de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, acusara a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla de falsear información sobre las investigaciones del homicidio del matrimonio Tello Ruiz, la dependencia ha mantenido silencio al respecto.
La única postura pública que ha fijado la institución sobre el caso se limita a informar sobre la reciente vinculación a proceso de los tres detenidos en este estado: Alejandro A. N., Christian N., alias “El Bau”, y Miriam N., por el delito de homicidio calificado en agravio de Karina Ruiz y Alexandro Tello, ambos de 50 años de edad.
“La FGE refrenda su compromiso de conducir las investigaciones con apego a la legalidad y respeto al debido proceso”, señaló en un escueto comunicado emitido por la dependencia a las 16:50 horas de este miércoles.
Sin embargo, la institución, así como su área de comunicación social, no ha respondido a ningún medio de comunicación, incluido La Jornada de Oriente, sobre la postura de la FGE ante los señalamientos realizados por el vocero del gobierno tlaxcalteca.
Cabe recordar que, entre las acusaciones, el funcionario señaló que la fiscal Idamis Pastor Betancourt difundió datos de una investigación que no está a su cargo, al afirmar que el asesinato podría atribuirse al “crimen organizado”.
Si bien posteriormente la propia fiscal precisó que la clasificación respondía a que el delito habría sido cometido por más de tres personas, Antonio Martínez Velázquez sostuvo que fue irresponsable emitir dicha declaración, ya que derivó en especulaciones y posibles filtraciones que, dijo, “dañaron el debido proceso”.
A lo anterior se sumó que el vocero afirmó que el homicidio de Alexandro Tello y Karina Ruiz, ambos de 50 años de edad, ocurrió en el municipio de Chignahuapan y no en el estado de Tlaxcala, contradiciendo la versión de la Fiscalía Especializada en Investigación de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de Puebla, que la madrugada del 21 de febrero informó, en la descripción de los hechos, que la desaparición y el homicidio ocurrieron en Tlaxcala.
“Salieron algunas notas relativas a una declaración de la fiscal del estado de Puebla respecto a que en Tlaxcala se estaba investigando como delincuencia organizada el tema de la pareja asesinada en Puebla, en Chignahuapan, y ninguna de las líneas de investigación es de delincuencia organizada. ¿Cómo la fiscal de Puebla puede informar algo que no está investigando ella?”, declaró ayer el vocero del gobierno de Tlaxcala.
En este contexto, una reportera cuestionó al funcionario sobre presuntas filtraciones de la investigación que también señalaban que uno de los detenidos en Tlaxcala, identificado como Alejandro N., quien actualmente está vinculado a proceso por el delito de desaparición en agravio de la pareja, estaría ligado a la familia de una de las hijas de la gobernadora de esa entidad, Lorena Cuéllar.
“Eso corresponde al terreno de la ficción y no del periodismo. En principio, porque Alejandro no es esposo de la hija de la gobernadora y, segundo, porque no está ligado con la familia de la mandataria. Totalmente se desmiente eso”, afirmó.
Pese a todos estos señalamientos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene silencio total al respecto. La única autoridad que ha respondido a las acusaciones ha sido el coordinador de gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, quien este miércoles aseguró que la fiscal nunca refirió que detrás del crimen estuviera involucrada la delincuencia organizada, sino que únicamente se apegó a la definición del término al tratarse de una serie de delitos cometidos por más de tres personas.
Aunado a ello, sostuvo que, al tratarse de dependencias autónomas y con jurisdicciones distintas, las líneas de investigación pueden variar entre ambas instituciones.
“Las fiscalías, tanto la de Puebla como la de Tlaxcala, son entes autónomos. Cada una tiene sus competencias y sus atribuciones. Ambas fiscalías están llevando a cabo sus líneas de investigación”, explicó.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) reafirmó este miércoles que la línea de investigación no apunta a la delincuencia organizada y que el móvil del crimen fue un conflicto entre particulares. No obstante, evitó precisar si este está relacionado con la deuda millonaria mencionada el pasado lunes por la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, derivada de la relación empresarial que mantenían Alexandro Tello y Christian N., alias “El Bau”, uno de los detenidos en Puebla y principal sospechoso de haber planeado la agresión.
Con información de: La Jornada de Oriente
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