Tras una audiencia de aproximadamente cuatro horas, realizada este miércoles a la 1 de la tarde en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, un juez de control determinó que Carlos Sánchez Alpízar, Juan Velázquez Mauricio y Guadalupe Dozal Pérez, acusados de fraude en agravio de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, deberán continuar en prisión preventiva como medida cautelar. No se les concedió beneficio de libertad condicional ni prisión domiciliaria.
En protesta por la posible liberación de los imputados, los ejidatarios bloquearon por más de siete horas la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 73, cerca del municipio de Santa Rita Tlahuapan. El cierre comenzó a la 1 de la tarde y fue retirado alrededor de las 9 de la noche, una vez confirmada la decisión judicial. El bloqueo incluyó todos los carriles en ambos sentidos, causando una fuerte congestión en una de las vías más transitadas del país. Para mitigar el impacto, los manifestantes permitieron el paso durante quince minutos cada hora. Utilizaron llantas, a las que les prendieron fuego, y otros objetos para cerrar la vía, generando largas filas de vehículos.
Los inconformes explicaron que la protesta fue motivada por versiones difundidas en redes sociales y en la comunidad por familiares de los acusados, quienes aseguraban que estos serían liberados tras un cambio en las medidas cautelares. Esto provocó indignación entre los campesinos, quienes exigieron garantías de que los responsables no eludieran la justicia.
Durante la manifestación, los ejidatarios también demandaron que se congelen las cuentas bancarias de Sánchez Alpízar, exlíder ejidal, al afirmar que estaría utilizando los fondos del fraude para financiar su defensa legal con uno de los despachos más costosos del país, como han señalado allegados al imputado.
Además, anunciaron que revisarán con sus asesores legales los acuerdos alcanzados con las autoridades y reiteraron que aún no han recibido la compensación correspondiente por las tierras expropiadas desde la década de 1960, durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos.
Cabe recordar que Carlos Sánchez Alpízar fue detenido el 17 de agosto de 2024 en el estado de Querétaro, luego de permanecer prófugo desde 2021, año en que el gobierno estatal Miguel Barbosa Huerta presentó una denuncia formal en su contra ante la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) por abuso de confianza. Esto ocurrió tras múltiples acusaciones por parte de ejidatarios, quienes lo señalaron de haber malversado recursos millonarios destinados a indemnizar a los afectados por la construcción de la autopista México-Puebla.
Según los testimonios de las víctimas, en su calidad de presidente del núcleo ejidal de Santa Rita Tlahuapan, Sánchez Alpízar recibió en 2018 un cheque por más de 176 millones de pesos, producto de una resolución favorable del Tribunal Agrario federal. El pago, gestionado por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) bajo la titularidad de Gerardo Ruiz Esparza, tenía como objetivo resarcir a los campesinos por el uso de sus tierras durante décadas. Sin embargo, Sánchez huyó con el dinero, entregando únicamente pequeñas cantidades a personas allegadas, como compadres y familiares, mientras que la mayoría de los ejidatarios quedaron sin recibir compensación alguna.
La indignación que generó su desaparición fue el detonante de diversas protestas sobre la misma autopista, algunas de las cuales se volvieron constantes a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y continuaron en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Una de esas manifestaciones fue clave para que el gobierno de Barbosa Huerta impulsara acciones legales en su contra.
Este conflicto no solo ha sido prolongado, sino que también ha evidenciado un patrón más amplio de despojo y falta de indemnización a comunidades ejidales afectadas por el trazo de la autopista México-Puebla. En agosto de 2024, integrantes del ejido Ignacio López Rayón, en el municipio de Rayón, Estado de México, también mantuvieron bloqueada la autopista durante más de 72 horas, exigiendo una compensación por tierras expropiadas en condiciones similares. En esa ocasión, representantes de al menos diez ejidos acordaron iniciar negociaciones colectivas con autoridades federales.
Al cierre de esta edición, los manifestantes han reiterado que no descartan nuevas acciones si no se garantizan sanciones contra los responsables del desfalco y el cumplimiento íntegro de los pagos acordados.
Con información de: La Jornada de Oriente
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