El Poder Judicial de la Federación ordenó detener la tala que la familia Aizpuro realiza en los bosques del volcán Iztaccíhuatl, dentro del territorio perteneciente a San Mateo Ozolco, pues determinó la suspensión definitiva del permiso que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concedió a la familia Aizpuru para cortar más de mil árboles en dicha junta auxiliar de San Andrés Calpan.
La sentencia dentro del juicio de garantías 182/2026, emitida el pasado 9 de marzo por la a juez Novena de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Ana Rosa Domínguez Cortés, “concede la suspensión definitiva solicitada” a favor de la comunidad indígena de San Mateo Ozolco, contra actos de la persona titular de la oficina de representación en el estado de Puebla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el presidente municipal y el el ayuntamiento de Calpan”.
De acuerdo con el Comité en Defensa del Bosque de Ozolco, la decisión judicial protege el derecho de la comunidad indígena a la consulta previa, libre e informada antes de que se otorguen permisos ambientales que puedan afectar su territorio y su hábitat natural.
El conflicto comenzó el 24 de noviembre de 2025, cuando la comunidad decidió en asamblea detener la tala de árboles en el bosque localizado dentro de su territorio comunitario. Los pobladores señalaron que, debido a una repartición irregular de tierras durante la Revolución Mexicana, el predio continúa bajo propiedad de la familia Aizpuru, antiguos hacendados de la Hacienda Buenavista.
Según los habitantes, la familia habría despojado históricamente a la comunidad de esas tierras desde la época colonial, sometiendo a generaciones de pobladores a sistemas de peonaje y explotación laboral.
Tras la decisión comunitaria de detener la tala, el empresario Jesús Aizpuru —beneficiario de los permisos forestales— se comprometió a dialogar con la comunidad el 9 de diciembre de 2025 para revisar la viabilidad del aprovechamiento autorizado por la Semarnat. Sin embargo, de acuerdo con el comité comunitario, el encuentro nunca se realizó.
Los pobladores también denunciaron que autoridades locales no respaldaron la defensa del bosque. Señalaron que la presidenta auxiliar de Ozolco apoyó las actividades de tala y que el presidente municipal de San Andrés Calpan permitió la circulación de camiones que transportaban troncos cortados.
Ante esta situación, el Comité en Defensa del Bosque emprendió acciones legales y comunitarias para frenar el aprovechamiento forestal. Entre ellas se incluyeron asambleas comunitarias, vigilancia del territorio y denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Poder Judicial de la Federación.
Con información de: La Jornada de Oriente
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