Acusaciones de tortura contra periodistas y hasta de feminicidio y homicidio. Extorsiones por parte de policías a su cargo, señalamientos de malos manejos financieros y hasta presuntos nexos con grupos criminales sellan las administraciones de por lo menos 13 presidentes municipales del estado de Puebla, cuyas administraciones concluirán el próximo 14 de octubre.
Algunos de los alcaldes señalados están en prisión o estuvieron detenidos, mientras que otros lograron desvanecer en tribunales las acusaciones en su contra y unos más permanecen gozando de cabal impunidad.
Los munícipes a los que se acusa o acusó de delitos en este trienio estuvieron al frente de las administraciones de Tepeyahualco, Izúcar de Matamoros, Zapotitlán de Méndez, Acteopan, Huehuetla, Palmar de Bravo, Tianguismanalco, Amozoc, Tehuacán, Acatlán de Osorio, Piaxtla, Tecamachalco y Hueytamalco.
Un recuento realizado por La Jornada de Oriente advierte que, pese a los señalamientos en su contra, algunos de los alcaldes de esos municipios buscaron la reelección en las pasadas elecciones y lo lograron, como fue el caso del presidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, quien volverá a ocupar la alcaldía. Otros, como Pedro Tepole Hernández, de Tehuacán, no lograron su reelección.
Pisaron la cárcel o fueron detenidos
El 9 de mayo de 2022, Arturo Cajica Gómez, quien se desempeñaba como presidente municipal de Acatlán de Osorio, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras el homicidio del ex director de Seguridad Pública, Héctor García Álvarez, y de su esposa, el 21 de abril de ese mismo año.
La detención de Cajica, quien fue postulado al cargo por el PAN y el PRD, ocurrió en el marco de la vinculación a proceso penal de 24 de un total de 27 policías de Acatlán, quienes fueron detenidos tras el homicidio García Álvarez, acusados del delito de usurpación de funciones y uso indebido de condecoraciones.
Tras ganar un amparo, el 11 de mayo de 2023, Cajica Gómez salió del penal de San Miguel, en donde permaneció un año recluido acusado del delito de enriquecimiento ilícito, mientras que en su administración fue señalada de tener nexos con el crimen organizado.
En otro caso, Miguel Ángel Cabrera Maceda, alcalde con licencia de Piaxtla, fue detenido el 10 de junio de 2022, después de que abandonó el cargo, tras el asesinato del joven Ángel Tigre Aquino, perpetrada por policías de ese municipio.
El 9 de mayo de 2023 –un año después– Cabrera Maceda fue puesto en libertad debido a que, mediante un amparo, su defensa logró la modificación de las medidas cautelares que le fueron impuestas por los delitos de encubrimiento, ejercicio indebido de funciones públicas y homicidio doloso.
El pasado 4 de julio, Emiliano Vázquez Bonilla, alcalde de Zapotitlán de Méndez, fue detenido en inmediaciones de la central de autobuses TAPO, en la Ciudad de México, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) le atribuye el asesinato de Ramón Malagón García, militante del Partido del Trabajo (PT), escolta y chofer del ahora presidente municipal electo por ese instituto político, Salvador Tino Martínez, ocurrido el pasado 1 de julio.
Además, Álvaro Tapia Castillo, alcalde de Acteopan, el pasado 3 de julio quedó sujeto a un proceso penal, acusado del feminicidio de su esposa María Elianet Sandoval Castillo, después de que el 21 de junio, la golpeó y atropelló en represalia cuando esta le pidió que manejara con precaución pues lo hacía en estado de ebriedad.
Uno de los casos que más escandalizó a la opinión pública fue el de Martín Zanés Cortés, presidente municipal de Tianguismanalco, pues atropelló y mató a un joven con un auto de lujo del que es propietario, por lo que fue vinculado a proceso penal.
El crimen sucedió la noche del pasado 16 de enero, en la carretera a San Jerónimo Tecuanipan, cuando un automóvil impactó a Miguel Lauro Capulín, de 23 años de edad, quien viajaba en su motocicleta y pereció en el acto.
En tanto que Rafael Lara Martínez, alcalde de Huehuetla, fue detenido a principios de julio en el estado de Tlaxcala, debido a que no pudo acreditar la legal procedencia de cerca de medio millón de pesos que llevaba consigo y por portación ilegal de arma de fuego. El munícipe no pudo explicar la legal procedencia del efectivo y tampoco tenía permiso para portar un arma de fuego, por lo que fue detenido y posteriormente puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala, posteriormente, quedó en libertad.
En julio pasado, durante una fiesta de 15 años, se registró un atentado en contra de integrantes del ayuntamiento de Palmar de Bravo, el cual dejó un saldo de seis personas heridas de bala, entre estas el alcalde Adán Silva Valeriano y el subdirector de Seguridad Pública. Se presumió entonces que ambos tenían vínculos con la delincuencia.
Son señalados de nexos con grupos delincuenciales
Durante sus administraciones, otros alcaldes del estado de Puebla han sido señalados por supuestos nexos con el crimen organizado o familiares que supuestamente incurrieron en actos al margen de la ley.
Por ejemplo, Mario de la Rosa Romero, presidente municipal de Amozoc, ha sido señalado de proteger actos ilegales por parte de sus hijos.
En mayo pasado, familiares del expresidente municipal de Amozoc, Alfredo Bretón Sánchez, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) asentada en el expediente FGEP/EAT/FIM/AMOZOC4/0102057/2023 en la que señalaron de forma directa a Yair Jubal de la Rosa Ruiz, Jafet de la Rosa Ruiz y Magdiel de la Rosa Ruiz, quienes son hijos de Mario de la Rosa Romero, así como a otra persona de nombre Marcó Antonio Camacho, por disparar armas de fueg contra su domicilio.
Otro caso es el de Ignacio Mier Bañuelos, de Tecamachalco, pues en noviembre de 2021 tres agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron asesinados por policías de Tecamachalco, cuando los primeros acudieron al zócalo de este municipio como parte de un trabajo de investigación que realizaban a bandas del crimen organizado, por lo que se presumió un ataque directo. Como resultado del crimen fueron detenidos 12 policías municipales, así como el entonces secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco, Alejandro Santizo Méndez, y su escolta.
En ese momento, el alcalde fue señalado de proteger a Santizo, de quien se especulaba que tenía nexos con grupos delincuenciales.
Derivado de una ola de violencia que le habría causado problemas de salud, en diciembre de 2022, el presidente municipal de Hueytamalco, Joaquín de la Rosa Martínez, presentó licencia por “carácter indefinido”. Sin embargo, en la localidad es del dominio público que el edil fue amenazado por grupos del crimen organizado.
En tanto que en mayo del año pasado, el alcalde de Tepeyahualco, Said Godos Luna, rechazó que haya disparado un arma de fuego en la feria del municipio de Libres, hecho por el que fue detenido y posteriormente liberado tras pagar una multa.
Habrían ordenado extorsiones y hasta tortura
Entre las administraciones que culminarán el próximo 14 de octubre destaca el de Irene Olea Torres, alcaldesa de Izúcar de Matamoros, pues fue señala de ordenar la aprehensión y tortura de dos periodistas de ese municipio.
Las víctimas fueron detenidas de forma arbitraria, agredidas verbalmente y sexualmente por parte de policías municipales, por lo que presentaron una denuncia contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y actualmente el proceso penal está en marcha.
Apenas la semana pasada, Olea fue centro de la atención mediática debido a que agentes de seguridad pública, empleados del Rastro Municipal, de Limpia, de la Secretaría General y de la Contraloría, llevaron a cabo un paro de labores pues acusaron que solo les querían pagar 13 de los 60 días de aguinaldo a los que aseguraron que tienen derecho. Al final, acordaron que recibirían 45 días.
Pedro Tepole Hernández, de Tehuacán, también fue señalado de malos manejos financieros, pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) señaló un posible daño patrimonial por 45.6 millones de pesos, corresponde al ejercicio 2022.
Con información de: La Jornada de Oriente
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