-Es entre los municipios de San Diego la Mesa Tochimiltzingo y Teopantlán por más de 5 mil hectáreas de bienes comunales
Las y los diputados que integran las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso del Estado aprobaron un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación estatal para convocar a una mesa de conciliación entre los municipios de San Diego la Mesa Tochimiltzingo y Teopantlán, así como a sus Comisariados de Bienes Comunales, tras la resolución de un juicio del Tribunal Superior Agrario que podría detonar un conflicto social.
Dentro de la justificación del Decreto, se explicó que el pasado 25 de octubre el Tribunal Superior Agrario negó un amparo a pobladores del municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo para conservar 5 mil 364 hectáreas de bienes comunales, mismos que serían entregados al municipio de Santiago Tepatlán e implicaría el traslado de la población que vive en esa superficie.
Ante el riesgo de un posible conflicto social por la ejecución de dicha sentencia, las y los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron un exhorto para que la Secretaría de Gobernación estatal instale mesas de mediación que permitan disolver un posible conflicto social.
La diputada Isabel Merlo Talavera propuso incluir otros municipios y comunidades como Zoyatla, en Tepeojuma, con una comunidad de Huaquechula, una vez que están en la misma situación y a días de que el Tribunal Superior Agrario ejecute sentencias de restitución de tierras, que representan un riesgo de conflicto.
Sin embargo, esta solicitud fue rechazada, pues el diputado Eduardo Alcántara Montiel explicó que para poder incluir otros municipios se requiere de toda la información técnica- jurídica, como la que se presentó en el caso de los dos que expusieron y aprobaron durante la Comisión.
También aclaró que se trata de conflictos de delimitación agraria y no tiene nada que ver con la delimitación política entre ambos municipios.
Finalmente, la diputada María Yolanda Gámez Mendoza recordó que la ejecución de sentencia se programó para el pasado viernes 10 de diciembre, sin embargo, derivado de la intervención de la Secretaría de Gobernación se acordó sostener una reunión con los alcaldes en próximos días.
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