- Se debe salvaguardar la seguridad de los ciudadanos
- El Ayuntamiento está obligado a supervisar un derrumbe adecuado y sin afectaciones al comercio establecido, dice Martín Torres
La Cámara Nacional de Comercio de San Martín Texmelucan (Canaco) advierte que la Ley vigente marca claras sanciones administrativas en contra de los funcionarios que autoricen la incorrecta demolición de la vieja casona de la calle Zaragoza y pide al gobierno municipal sensibilidad y responsabilidad para corregir el procedimiento de demolición a efecto de no afectar al comercio establecido y mucho menos poner en riesgo a los vecinos de esa propiedad.
Luego de sostener una reunión con vecinos
afectados, Martín Torres Moreno, Presidente de Canaco
detalló que habló con el Arquitecto Juan Carlos Morales, en
representación del gobierno de San Martín Texmelucan, a quien se le
expuso claramente la inquietud y la
molestia de los comerciantes por las afectaciones sufridas desde el
pasado sábado, fecha en que colapsó otra parte de la casona ubicada en
la esquina de las calles Hidalgo y Zaragoza Sur.
También
hizo un llamado al abogado Pablo Minor, quien es dueño de gran parte de
esa casona, en el entendido de que se sabe cuenta
con la suficiente solvencia económica para acelerar el trabajo y además
hacerlo de manera adecuada, toda vez que hasta el momento los
trabajadores laboran con palas y picos, y han estimado que demorarán
todavía un par de semanas para demoler la casa.
Martín
Torres criticó que la Dirección de Protección Civil, a cargo de Gavino
Ramírez Cortes no haya instalado un protocolo adecuado
para supervisar las correctas maniobras y a la mañana de este miércoles
aún se permitiera el paso peatonal en la acera de enfrente de la casa
en demolición, además de que tampoco indicó el apuntalamiento de las
bardas, tal como lo marca la norma vigente.
Alertó
la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, lo cual aumenta
los riesgos para los transeúntes y detalló que de
acuerdo al artículo 113 constitucional, también habla de
responsabilidad objetiva y directa de las autoridades a quienes les
podría imponer una sanción de hasta tres tantos por
la afectación en contra del funcionario que autorice esos trabajos, que hasta este día se realizan de manera errónea.
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