Los nuevos delitos de ciberasedio y espionaje digital no son claros ni específicos, señalan.
Minutos antes de la votación de la nueva Ley contra el Ciberasedio que propuso el coordinador del gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, organizaciones a favor de la libertad de expresión advirtieron que como quedó redactada incumple derechos humanosy violenta el principio de taxatividad en materia penal.
Las organizaciones Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistasseñalaron también que en su elaboración no incorporaron el expertise técnico de especialistas.
Pese al llamado urgente de las organizaciones, a las que se sumó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), 35 de 41 diputados votaron para que se aprobara.
Los diputados que votaron a favor fueron del bloque oficialista, conformado por Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México.
Nueva ley carece de argumentos
La oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla mencionaron que la nueva ley carece de argumentos óptimos para el cuidado de la libre expresión, pues de no hacerlo, cualquier ciudadano está en peligro de “cometer un error” a través de sus redes sociales.
Los delitos que buscan incorporar, que son los de ciberasedio y espionaje digital, refirieron, violentan el principio de taxatividad en materia penal, lo que quiere decir precisión de la ley, pues se exige que las normas penales sean claras, precisas y específicas para definir qué conductas son punibles.
Debido a la falta de precisión, los delitos pueden ser utilizadoscontra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente periodistas y medios de comunicación.
“Se recuerda a las y los legisladores que la libertad de expresión incluye discursos que pueden ‘ofender, insultar’”, recalcaron las organizaciones.
A su vez, otros delitos propuestos contienen definiciones que son amplias y carecen de conocimiento técnico y pusieron como ejemplo el artículo 479 en materia de espionaje digital que simplemente indica que es quien “se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”.
Por ello señalaron que estos delitos fallan en el principio de taxatividad del derecho penal, al ser amplios o carentes de definiciones exactas, sino que a su vez utilizan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico.
“El penalizar la obtención de datos, o transferir información de datos personales pone en riesgo las investigaciones periodísticas, particularmente de casos de corrupción o de información provista por personas alertadoras quienes busquen hacer pública información sobre malas prácticas, abusos, o corrupción por parte de las autoridades”, indicaron.
Con estos delitos puede ocurrir acoso judicial, utilizando la normativa mexicana para iniciar procesos legales contra periodistas, es una tendencia al alza.
“En Puebla, tan solo de 2018 a 2024, Artículo 19 documentó un total de 22 procesos judiciales iniciados contra periodistas por sus publicaciones o investigaciones. Esto resalta que la entidad debe generar medidas apropiadas para proteger a la prensa y que nuevos delitos no sean utilizados en contra del acceso a la información o a la publicación de información de interés para la sociedad poblana”, refirieron.
Por su parte, el IGAVIM indicó que la definición poco precisa de ciberasedio podría usarse para reprimir la disidencia, un riesgo ya identificado en la Ley de Seguridad Interior.
Además, la propuesta no contempla la creación de un Centro Estatal de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT), un vacío que destaca la carencia de estas instituciones en América Latina.
Para el IGAVIM, la Policía Cibernética podría ser susceptible a sobornos. La identificación incorrecta de delitos como el grooming, ya derivó en detenciones erróneas, como un caso en Yucatán. (CR/MCJ)
Con información de: E Consulta
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