Siete regidores y el síndico municipal confirmaron que la solicitud formal para revocar el mandato de la alcaldesa, Guadalupe Lucero Bárcenas, ya se encuentra en manos del Congreso del Estado de Puebla, un procedimiento que avanza de manera independiente a las recientes negociaciones con el gobierno estatal.
A través de un comunicado, el cuerpo edilicio aclaró que la vía legal para deponer a la presidenta municipal se mantiene firme, a pesar de las mesas de diálogo que se sostuvieron el pasado viernes en Casa Aguayo.
Luego de dos semanas de tensiones políticas y manifestaciones ciudadanas, las autoridades estatales lograron sentar a la alcaldesa y los regidores de oposición con la mediación del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la fiscal Idamis Pastor Betancourt.
Aunque se buscó la conciliación, el documento exhibió que el tema fue resolver la crisis política que se vive en el ayuntamiento, más no frenar la solicitud de revocación de mandato contra la morenista.
“Es importante precisar que se trata de dos momentos distintos e independientes: por un lado, la mesa de trabajo celebrada en Casa Aguayo, orientada al diálogo institucional y la construcción de acuerdos; y por otro, la presentación formal del oficio ante el Congreso del Estado, correspondiente al procedimiento legislativo de revocación de mandato”, aclaró.
LOS ACUERDOS DE CASA AGUAYO
En el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y las autoridades estatales, se acordó la caída inmediata de dos integrantes del gabinete, los más cercanos a Guadalupe Bárcenas.
Esto debido a las “diversas inconformidades relacionadas con el actuar de la administración municipal, las cuales han impactado el funcionamiento del Cabildo y en especial la atención y los servicios a los cuales tienen derecho la ciudadanía”.
Se trata del secretario de Seguridad Pública Municipal, el marino Juan Alberto Domínguez, y el secretario General del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez, quienes fueron separados del cargo para iniciar las investigaciones por su actuar en esta administración.
Además, se pactó la realización de una auditoría extraordinaria que permita conocer el estado financiero del ayuntamiento, la aplicación y finalidad de todo el gasto público y de las obras en curso, así como el área de Contraloría y Tesorería Municipal.
Asimismo, se acordó la homologación de sueldos y salarios del personal que trabaja en el Gobierno Municipal de Acatlán de acuerdo a sus funciones; y la realización de mesas de atención ciudadana en los próximos días, con el objetivo de recibir directamente denuncias, quejas y planteamientos de la población.
NO HAY PUGNAS DE PODER: REGIDORES
Tras semanas de confrontación al interior del ayuntamiento, finalmente los regidores presentaron la solicitud de revocación de mandato ante el Congreso del estado.
Esto a raíz de la parálisis en los servicios públicos, los reclamos generalizados por la inseguridad bajo el mando de Juan Alberto Domínguez y las sospechas de desvíos financieros.
Los regidores y el síndico aseguraron que su frente opositor responde a las demandas sociales y no a pugnas de poder, aunque la propia alcaldesa Guadalupe Bárcenas señaló que detrás de su cabeza está la agrupación criminal de “Los Rojos”.
“Reiteramos que nuestro actuar está guiado por el compromiso que tenemos con la ciudadanía de Acatlán, la cual es conducida con la legalidad y transparencia. Nuestro compromiso es servir al pueblo y no a intereses personales”, se lee en el escrito.
Mientras el Congreso del Estado analiza el recurso legal que podría deponer de manera definitiva a Bárcenas, la presidenta municipal se mantiene en funciones, pero cercada políticamente, sin sus principales operadores de confianza y con una auditoría financiera que promete levantar las alfombras de su administración.
Con información: La Jornada de Oriente
