Gobernar exige legalidad, viabilidad y consenso
Por: Horacio Cano
En días pasados, platicando con un buen amigo —mismo al que he mencionado en otras ocasiones en este espacio— comentábamos sobre la diferencia entre dirigir una empresa y dirigir cualquier entidad de gobierno. En esencia, ambas comparten obligaciones similares: asegurar que las acciones sean legales y financieramente viables. Sin embargo, existe una gran diferencia: la constante validación de la opinión pública respecto a las decisiones del titular.
En una empresa, esa validación se da de manera clara y periódica a través de la asamblea, donde se aprueba o desaprueba la gestión. En cambio, en el ámbito público, aunque formalmente existe una validación electoral cada tres o seis años, la realidad es que el escrutinio es permanente. Cada decisión, por mínima que sea, está sujeta a la crítica ciudadana. Así, aunque una acción sea legal, financieramente solvente e incluso necesaria para el bienestar colectivo, si no se socializa adecuadamente y no se construye respaldo ciudadano, puede terminar rechazada. Y frente al rechazo social, muchos gobernantes prefieren no avanzar.
Ejemplo 1: Texmelucan y el Sistema Operador de Agua
En San Martín Texmelucan, en 2019 se propuso reformar el decreto de creación del Sistema Operador de Agua Potable del municipio. Jurídicamente era indispensable: se trata de un documento con más de treinta años sin actualización, con nombres de personas que ya fallecieron aún integrando la junta de gobierno. El objetivo era modernizar el marco legal y fortalecer la operación del organismo.
Sin embargo, la socialización fue un desastre. Entre la desinformación de algunos actores, los intereses de otros y la incapacidad gubernamental para explicar la reforma, la opinión pública se volcó en contra. ¿El resultado? Se nombró un nuevo director y se emitió un reglamento que atendió parcialmente las deficiencias. Pero el decreto de creación permanece intacto, aun cuando su reforma sigue siendo urgente. Se perdió tiempo… y oportunidad.
Ejemplo 2: La Ley contra el Ciberacoso en Puebla
Este año, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para combatir el ciberacoso. El problema existe y debía atenderse. No obstante, la iniciativa fue duramente cuestionada por la opinión pública, que interpretó algunos de sus alcances como excesivos. A pesar de las defensas posteriores de algunos legisladores, la presión ciudadana fue tan intensa que se convocaron foros y se hicieron ajustes a la reforma.
De nuevo, el mensaje fue claro: la legalidad y la pertinencia no bastan sin respaldo social.
Apunte al aire
Hace semanas advertí sobre quienes, adelantándose al calendario, ya proclamaban colores políticos para Texmelucan. “No son tiempos”, escribí entonces. Hoy, aquello parece cosa del pasado. No solo continúa el diputado que en un acto público reclamaba la propiedad simbólica de la ciudad a un partido político en frente del presidente municipal; ahora ya corren varios contendientes. Parece que alguien dio el disparo de salida y comenzó una carrera que, por el tiempo que falta, se parece más a un maratón.
Unos ya presumen espectaculares disfrazados de promoción de revistas desconocidas, tan exitosas —dicen— que ameritan publicidad a gran escala. Otros organizan eventos y se fotografían junto a senadores para insinuar respaldos. Algunos reconstruyen estructuras partidistas hechas con los restos de un partido político que parece está muerto. Otros coleccionan fotos con figuras públicas como trofeos y las presumen en redes simulando apoyo. Hay quien, en silencio, sigue trabajando para intentar, por tercera ocasión, una hazaña que cada vez luce más cuesta arriba.
Falta mucho, pero cada día falta menos. Quizá hoy sea un maratón, pero mañana veremos la meta más cerca. ¿Qué estrategia será la ganadora? ¿Están todos los que estarán? ¿Aplicará el “que madruga Dios lo ayuda”, o comprobaremos que “no por mucho madrugar amanece más temprano”?
La respuesta, lo sabemos bien: la dará la opinión pública.
