La violencia contra las poblaciones LGBT+ en Puebla permanece en gran medida oculta. De acuerdo con los registros de la organización Visible, siete de cada 10 personas víctimas de agresiones por su orientación sexual o identidad de género no presentaron una denuncia formal, lo que evidencia una profunda desconfianza hacia las instituciones y anticipa un subregistro de dimensiones difíciles de calcular. Entre 1995 y 2025, la agrupación documentó 139 casos de violencia, pero la misma advierte que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Mientras que, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a mayo de 2026, esta dependencia procuradora de justicia solo ha conseguido seis sentencias condenatorias por crímenes de odio desde la creación de la Unidad Especializada en 2022, es decir, representan solo el 4 por ciento de las violencias documentadas por la organización.
Esta situación se agrava con la falta de denuncias ya que dificulta reconstruir el alcance y las características de estas agresiones. De los 39 casos en los que sí existió algún reporte ante autoridades o instituciones, dos de cada tres víctimas fueron hombres gays.
Esta falta de trazabilidad no permite dimensionar ni identificar los tipos de violencia que sufren mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. Especialmente este último sector de las comunidades de la diversidad, que es el que enfrenta con mayor frecuencia las expresiones más extremas de violencia.
Al respecto, Oslavia Linares, fundadora de Transcontingenta, explica en el estudio “El Impacto de la Violencia por Prejuicio. Homicidios de Personas LGBT+ en México 2025” que documentar los transfeminicidios implica enfrentar tanto la revictimización y el tratamiento sensacionalista de los casos como el borrado de la identidad de género de las víctimas en registros oficiales y coberturas mediáticas.
La consecuencia es un subregistro persistente de estos crímenes pese a que datos estadísticos del Inegi y de las 32 fiscalías del país muestran que las mujeres trans enfrentan un riesgo de asesinato significativamente mayor que las mujeres cisgénero por razones asociadas a prejuicios y violencia estructural.
Tan solo en 2023 una de cada 78 mil 963 mujeres cis fue víctima de feminicidio en México, mientras que para las mujeres trans la proporción estimada fue de una víctima de transfeminicidio por cada 2 mil 900 mujeres.
Respecto a los datos de 2025, Transcontingenta en colaboración con el Observatorio de Feminicidios de Ensenada documentó 32 transfeminicidios en el país y dos desapariciones de mujeres trans. Uno de esos casos ocurrió en Puebla cuando la activista trans e indígena oaxaqueña María Mendoza, de 31 años, fue reportada como desaparecida en septiembre de 2025 en el municipio de San Pedro Cholula.
Afortunadamente la activista fue localizada con vida seis meses después y reintegrada con su familia. Sin embargo, colectivos feministas y de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que las autoridades y diversos medios de comunicación habrían entorpecido las labores de localización al omitir o invalidar su identidad de género.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el colectivo Consorcio Oaxacasostuvo que estas omisiones pusieron en mayor riesgo a la activista al no desplegar búsquedas con la perspectiva de que se trataba de una mujer trans indígena expuesta a posibles agresiones motivadas por prejuicio.
Los datos de la organización Visible también permiten observar cuáles son las formas de violencia que con mayor frecuencia llegan a conocimiento de alguna autoridad o institución. De los 139 casos documentados entre 1995 y 2025, únicamente 39 derivaron en algún tipo de denuncia, reporte o solicitud de intervención.
Entre estos casos, las agresiones verbales y las violaciones a la intimidad encabezan la lista de hechos denunciados, seguidas por casos de discriminación laboral, agresiones físicas, violencia psicológica y negación de servicios.
La información resulta particularmente relevante porque evidencia que las víctimas suelen denunciar aquellos hechos que dejan consecuencias visibles o generan afectaciones concretas en su vida cotidiana, como despidos laborales, difusión de información privada, exclusión de espacios públicos o comerciales y agresiones físicas.
En contraste, gran parte de la discriminación cotidiana, el hostigamiento verbal constante o los actos de exclusión social permanecen fuera de cualquier registro oficial.
Visible identificó además que dos de cada tres víctimas que decidieron denunciar fueron hombres gays. De los 39 casos que llegaron a alguna instancia institucional, 26 corresponden a personas de esta población, seguidas a distancia por mujeres lesbianas, personas bisexuales y mujeres trans.
La organización advierte que esta realidad dificulta construir diagnósticos completos sobre la violencia que enfrentan otros sectores de la diversidad sexual y de género. En consecuencia, el subregistro no sólo oculta la magnitud de las agresiones, sino también a las poblaciones que las padecen.
Dicha situación adquiere una dimensión todavía más compleja cuando se trata de violencia letal contra personas trans. Organizaciones como Transcontinental han documentado durante años que autoridades, medios de comunicación e incluso familiares continúan registrando a muchas víctimas con nombres, géneros o identidades distintas a aquellas con las que se identificaban en vida.
Esta práctica no solo dificulta el acceso a la justicia, sino que además contribuye a invisibilizar los casos dentro de las estadísticas oficiales, impidiendo dimensionar el verdadero alcance de la violencia por prejuicio contra las mujeres trans.
La problemática no es exclusiva de los casos recientes. Durante años, se han denunciado que el desconocimiento o negación de la identidad de género de las víctimas ha contribuido a invisibilizar crímenes de odio y posibles transfeminicidios en Puebla.
Uno de los casos que ejemplifica las dificultades para documentar la violencia contra mujeres trans en Puebla ocurrió en julio de 2013 con el asesinato de Dayana Mendoza en la región de Teziutlán.
La noche del 5 de julio de aquel año, Dayana salió de su casa en Xiutetelco para acudir a una fiesta en Teziutlán. Tenía 29 años, trabajaba en una maquila y era ampliamente conocida dentro de la comunidad LGBT+ de la Sierra Nororiental.
Días después, la noticia de su asesinato conmocionó a la región. Su cuerpo fue localizado partido en dos y abandonado en un inmueble ubicado sobre la calle Hidalgo, una de las principales vialidades de Teziutlán.
Sin embargo, además de la violencia extrema con la que fue asesinada, el caso también evidenció la manera en que las personas trans eran representadas públicamente. Diversas coberturas periodísticas de la época se refirieron a la víctima utilizando su nombre registral o describiéndola como un “hombre vestido de mujer”, reproduciendo prácticas que actualmente activistas identifican como formas de borrado de identidad.
En contraste, el medio Lado B documentó el caso desde una perspectiva distinta. En agosto de 2013 publicó un reportaje que recuperó testimonios de familiares, amistades y personas cercanas a la víctima, reconstruyendo quién era Dayana más allá de las referencias policiacas o de nota roja.
La publicación la nombró conforme a la identidad con la que era conocida socialmente y relató aspectos de su vida cotidiana, sus aspiraciones y el impacto que su asesinato tuvo en la comunidad LGBT+ de la región.
A través de esos testimonios fue posible conocer que Dayana había encontrado en su entorno familiar un espacio de aceptación poco común para muchas personas de la diversidad sexual.
También se recuperó la memoria de una mujer que participaba activamente en la vida social de Teziutlán, que había sido reconocida en certámenes de belleza de la región y que buscaba construir un proyecto de vida acorde con la identidad que había asumido públicamente.
AUSENCIA DE TIPIFICACIONES DE TRANSFEMINICIDIO
La ausencia de una tipificación específica del transfeminicidio también forma parte del debate actual. Aunque entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Campeche, Baja California y Baja California Sur ya incorporaron esta figura en sus códigos penales, Puebla continúa sin reconocer este delito de manera autónoma.
Actualmente las investigaciones deben desarrollarse bajo figuras como homicidio, feminicidio o lesiones agravadas por odio, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.
Organizaciones de la diversidad sexual citadas en este trabajo sostienen que esta situación contribuye al subregistro de la violencia y dificulta que las investigaciones incorporen desde el inicio elementos relacionados con la identidad de género de las víctimas.
En 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a los congresos estatales, incluido el de Puebla, a discutir reformas orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las personas trans y avanzar en el reconocimiento legal del transfeminicidio.
Uno de los casos más recientes que volvió a colocar el tema en la agenda pública ocurrió en julio de 2025 en Teziutlán.
Geraldine, una mujer trans, sobrevivió a un ataque que actualmente es investigado por la Fiscalía General del Estado como tentativa de homicidio con agravante de odio relacionado con su identidad de género.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, la joven acudió a una cita con un hombre que presuntamente la golpeó y posteriormente la arrojó a una barranca de aproximadamente 50 metros de profundidad.
Fueron habitantes de la zona quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de que la víctima aún presentaba signos vitales. Elementos de Protección Civil y policías municipales participaron en un operativo de rescate para extraerla del lugar y trasladarla al Hospital Regional de Teziutlán.
El caso generó una fuerte movilización de organizaciones defensoras de derechos humanos, que lo interpretaron como un posible ejemplo de violencia motivada por prejuicio en contra de mujeres trans.
SOLO SEIS SENTENCIAS EN 4 AÑOS POR CRÍMENES DE ODIO: FGE
Esta discusión sobre la violencia contra personas LGBT+ en el estado ha comenzado a trasladarse al ámbito judicial por la falta de sentencias condenatorias contra agresores de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual.
En mayo de 2026, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la institución mantiene vigentes seis sentencias por homicidios relacionados con casos de odio cometidos contra personas de la comunidad sexo diversa.
La cifra constituye uno de los pocos indicadores oficiales disponibles sobre judicialización de este tipo de delitos en Puebla.
Sin embargo, organizaciones como Vida Plena Puebla No Dejarse es Incluirse A.C. consideran que continúa siendo insuficiente frente a la magnitud de la violencia documentada por colectivos y observatorios ciudadanos.
Mientras la Fiscalía reporta seis sentencias vigentes, Vida Plena ha documentado al menos 87 crímenes de odio ocurridos entre 1996 y 2026. Los municipios con mayor incidencia son Puebla capital, Tehuacán, Atlixco e Izúcar de Matamoros.
La diferencia entre ambos registros vuelve a poner sobre la mesa los problemas de clasificación, denuncia, investigación y acceso a la justicia que persisten en torno a estos delitos.
La primera sentencia obtenida por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ+ de la Fiscalía poblana se remonta a hechos ocurridos en Tehuacán durante 2020.
En ese caso, José Francisco N. y José Ángel Luis N. agredieron verbalmente a una persona debido a su orientación sexual y posteriormente la persiguieron para dispararle.
Las lesiones pusieron en riesgo la vida de la víctima y derivaron en un proceso judicial que concluyó con una condena en 2022 de 14 años de prisión para ambos responsables, además de la obligación de reparar el daño causado.
La resolución fue presentada por la Fiscalía como la primera sentencia lograda por la unidad especializada y como un precedente en la persecución de delitos motivados por orientación sexual e identidad de género.
Finalmente, las cifras reunidas por organizaciones civiles muestran que la violencia contra las poblaciones LGBT+ en Puebla no es un fenómeno aislado ni excepcional. Detrás de las 139 agresiones documentadas por Visible, los 87 crímenes de odio registrados por Vida Plena y los casos de mujeres trans cuyo rastro debe reconstruirse a partir de notas periodísticas, existe una realidad que continúa escapando a los registros oficiales.
Mientras las organizaciones cuentan víctimas, acompañan familias y documentan agresiones, el Estado sigue enfrentando el desafío de reconocer plenamente la magnitud del problema. En una entidad donde siete de cada diez víctimas no denuncian y donde el transfeminicidio aún no existe como figura jurídica, la principal pregunta no es cuántos casos han sido identificados, sino cuántos permanecen todavía fuera de toda estadística.
Con información de: La Jornada de Oriente
