El conflicto religioso entre grupos católicos y cristianos en Atzitzihuacán escaló ahora a una disputa por el acceso al agua, luego de que integrantes de la Sociedad Ixayotl A.C. denunciaron agresiones físicas y verbales durante labores de mantenimiento en la tubería que conduce agua de manantiales al paraje conocido como El Jagüey, mientras la comunidad acumula tres semanas sin servicio de agua potable.
De acuerdo con la asociación civil, los hechos ocurrieron el 6 de mayo, cuando sus integrantes realizaban trabajos en la infraestructura hídrica de la que aseguran ser concesionarios. Señalaron que en ese momento se escuchó un perifoneo atribuido a Laurentina Domínguez Solís, en el que se llamó a la población a acudir de manera urgente a El Jagüey con el argumento de que “algunas personas se estaban robando el agua”.
Minutos después, según el testimonio de Felipe Reyes Marín, integrante de Ixayotl A.C., arribaron camionetas con pobladores de Atzitzihuacán, quienes rodearon a los socios y comenzaron las agresiones. El denunciante identificó entre los presuntos participantes a Francisco Llagas Bolaños, alias “El Paquin”, a quien acusó de empujarlo y amenazarlo verbalmente, así como a Columba Gámez Avilés, Santiago Rivera Reyes, Alejandra Rivera Solís, María Solís Rivera, Anastacio Cerezo Avilés, Abraham Pérez Olmedo y Francisco Álvarez Ramos, entre otros.
La Jornada de Oriente documentó el año pasado al menos tres presuntos enfrentamientos e intentos de linchamiento en Atzitzihuacán, atribuidos por los agraviados a grupos católicos contra integrantes de comunidades cristianas.
Ahora, de acuerdo con Ixayotl A.C., esa tensión habría derivado en el impedimento para que integrantes de la comunidad cristiana puedan acceder al agua, pese a que Atzitzihuacán lleva tres semanas sin servicio potable. La organización sostuvo que esa situación vulnera derechos humanos básicos, pues el acceso al agua es indispensable para la salud, la higiene, la alimentación y la vida cotidiana de las familias.
La asociación sostuvo que el conflicto no se originó porque pretendieran impedir el consumo de agua a la comunidad, sino porque, según sus integrantes, existían reportes de que Álvaro Santiago Cázares Ramos, Francisco Álvarez Ramos y Bulmaro Domínguez Solís presuntamente estaban lucrando con el agua del Jagüey.
De acuerdo con la versión de Ixayotl A.C., estas personas acudían con garrafones al paraje, los llenaban y posteriormente los trasladaban en camioneta para venderlos como agua potable. La organización advirtió que el agua de esos manantiales no cuenta con permiso sanitario para consumo humano, pues su título de concesión corresponde a uso agrícola.
Por ello, la sociedad afirmó que, en caso de un brote de cólera u otra afectación sanitaria, la responsabilidad podría recaer sobre sus integrantes como concesionarios y poseedores de los manantiales. No obstante, insistió en que la falta de agua durante tres semanas y la disputa por el control del recurso han colocado a la población en una situación crítica.
La agrupación recordó que, según su versión, algunas de las personas señaladas ya habían participado el año anterior en agresiones contra las hermanas Pérez Solís. Por ello, pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación estatal y recordó que el visitador Omar Escamilla ya tenía conocimiento de los antecedentes de violencia en la comunidad.
También solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de acusar que el 6 de mayo la Policía Municipal de Atzitzihuacán acudió de manera tardía y que uno de sus elementos, identificado como Santiago Rosales Domínguez, habría formado parte de los agresores.
La Sociedad Ixayotl A.C. pidió además la intervención de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, al considerar que los hechos podrían encuadrarse como intento de linchamiento.
Con información de: La Jornada de Oriente
