Puebla se suma a la Estrategia Nacional de Seguridad.

 

Durante la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, junto a otros mandatarios estatales del país aceptó la homologación de sus leyes locales a la estrategia nacional de seguridad.

La violencia y la inseguridad asociada a todo tipo de delitos que priva a lo largo y ancho del país busca frenarse con una respuesta conjunta orquestada por la Federación y que ha sido establecida en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que propone atender las causas, mejorar la inteligencia e investigación, fortalecer las Policías estatales y municipales, y coordinarse con instancias del gobierno federal, las fiscalías generales y locales y los tribunales de justicia.

Han existido críticas sobre el poder que se está concentrando a nivel nacional en la Secretaría de Seguridad y el crecimiento de ese poder en manos de jefes policiales, que ahora podrán realizar actividades de investigación, que hasta el momento era una función de las Fiscalías, que en la mayor parte de los casos están rebasadas para atender con los recursos humanos y materiales que cuentan la cantidad de ilícitos que se cometen.

El llamado hacia los gobernadores a tener mayor corresponsabilidad en las indagatorias sobre desapariciones y a que, una vez se apruebe la Ley General contra la Extorsión, se lleve esa política a las entidades federativas, así como mejorar los mecanismos de colaboración y combate a la impunidad, estará sujeta a evaluación y a una confrontación con la realidad. En el tema de la extorsión se espera que el Congreso de la Unión apruebe modificaciones a la Constitución para combatirla, ya que es un delito que va al alza en el país, y se busca pueda perseguirse de oficio a partir de denuncias anónimas.

Frente a la cantidad de delitos que diariamente se cometen y la violencia que los acompaña, aunado a la alta percepción de inseguridad de población que contrasta con discursos y estadísticas presentadas, una mayor colaboración entre autoridades federales y estatales para atender y frenar los ilícitos crea expectativas positivas que deberán contrastarse en un cierto plazo con la realidad que nos agobia.

Con información de: La Jornada de Oriente