viernes, 26 de septiembre de 2025

CLAJUD denuncia lawfare electoral por parte del Consejo de Estado de Colombia.

 


El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) expresa su preocupación por la guerra de poderes entre las altas Cortes de justicia en Colombia que está poniendo en riesgo la democracia y el próximo proceso electoral.

Mientras el Consejo de Estado se atribuye la potestad de calificar las circunstancias políticas para aprobar o negar la personería de los partidos y movimientos nacidos luego del Acuerdo de Paz de La Habana que abrió la participación democrática, la Corte Constitucional defiende el derecho inviolable de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. La última personería que negó, la semana pasada, fue la del PODER POPULAR del expresidente Ernesto Samper quien ha tenido una destacada participación en el proceso de paz en Colombia.

Sin mediar prueba alguna, negando todas las solicitadas por los abogados de Samper, el propio presidente del Consejo de Estado, actuando como ponente, impulsó una sentencia negativa que coincide con la impuesta a seis organizaciones progresistas. Esta actitud se ve reforzada por las restricciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral de Colombia -organismo integrado mayoritariamente por magistrados políticos de la oposición al gobierno- al derecho de representación, participación y reunión de los grupos y partidos progresistas.

Lo que se está fraguando en Colombia es un lawfare electoral, como ha sucedido en Ecuador, Bolivia, Argentina: en tiempo de elecciones se proscriben candidatos/as y partidos políticos, restringiendo la representatividad, y, por lo tanto, la calidad y el alcance de nuestras democracias.
CLAJUD advierte que esta modalidad de lawfare se ha convertido en un mecanismo de exclusión política que debilita la confianza en la justicia, acaba con el equilibrio electoral y cierra puertas a nuevas opciones políticas ahora que Colombia se prepara para las elecciones de 2026. Nuestra misión es defender la independencia judicial y la igualdad de oportunidades políticas para todos los ciudadanos de América Latina.

Adhieren:

Baltasar Garzón, jurista – ESPAÑA
Marco Enríquez Ominami, Político – CHILE
Carol Proner, Jurista – BRASIL
Gerardo Pisarello, Político y jurista – ESPAÑA
Charlotte Back, Jurista – BRASIL
Claudio Nash, Abogado y consultor– CHILE
Virgilio Hernández, Abogado y político – ECUADOR
Larissa Ramina, Abogada – BRASIL
Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada – ARGENTINA
Harold Correa, Abogado y consultor– CHILE
Emilio Camacho, Jurista – PARAGUAY
Silvina Romano, Historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Lina Mejía, Abogada – COLOMBIA
Juárez Tavares, Abogado – BRASIL

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