Por: Gerardo Pérez Muñoz
Como vemos, esta ha sido una lucha muchas veces peligrosa y desigual entre el periodismo crítico y el poder y por hacer real y exigible nuestro derecho a la libertad de expresión e información
Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton
El sainete actual de la aprobación de la Ley de ciberacoso, llamada popularmente como ley mordaza o censura, fue aprobada a mediados del presente mes. Dicha ley reforma el Código Penal del Estado en su artículo 480 para castigar a quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. La iniciativa fue presentada en noviembre del año pasado por los diputados José Luis García Parra y Mauricio Céspedes Peregrina. Actualmente García Parra se desempeña como coordinador del gabinete del gobernador, Alejandro Armenta. La reforma ha causado entre un sector de la sociedad, del gremio periodístico y algunos académicos, un rotundo rechazo pues según esto, atenta contra la libertad de expresión.
Después de haber sido aprobada la ley y después del niño ahogado y para pena ajena, el Congreso se vio obligado a convocar a foros para analizar dicho texto. Sobre la ley se han pronunciado la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, la secretaria de gobernación federal, Rosa Isela Rodríguez, entre muchas otras.
El derecho y ejercicio de la libertad de expresión ha costado cárcel y sangre de muchos periodistas dignos en nuestro país. La relación de la prensa y los periodistas con el poder, ha sido en algunos casos ríspida y en no pocas ocasiones, ha sido una relación tersa y perversa y en otros, ha sido una relación sado/masoquista y de mutuo beneficio. No son pocos los periodistas que se han sentido y sienten que forman parte de los círculos de poder. Todavía hay periodistas que se sienten el cuarto o quinto poder y quieren marcar la agenda política y social. Tampoco faltan los que ven el periodismo como negocio y la información como mercancía.
En este sainete poblano estamos, y no está lejos Andrés Manuel López Obrador, cuando al asumir la presidencia, agradeció a las benditas redes sociales por su triunfo, pero al paso del tiempo, a estas benditas redes sociales, las acusó de censura. Las benditas redes sociales pasaron a ser redes de censura y de servilismo a los intereses de la mafia del poder, particularmente cuando empezaron a atacar a su gobierno.
Con las benditas/malditas redes sociales medio mundo descubrió que podía ser periodista y comunicador sin pasar por algún curso o por la universidad. Empezaron a proliferar páginas en donde no faltaron las y los que esconden su identidad en el anonimato, y atrás de una cuenta en internet se dedican a injuriar y adjetivar al poder, degradando muchas veces el lenguaje y el debate en la plaza pública. En no pocas ocasiones, estas críticas ácidas son bien merecidas por los políticos y funcionarios públicos en turno, en otros, las personas lo hacen así por temor a sufrir represalias o perder su trabajo.
Lo que está en el fondo de este sainete, desde mi humilde opinión, con la actúa ley mordaza, no es sólo la libertad de expresión, consagrada en nuestra constitución, sino en el escrutinio público de funcionarios y políticos en el poder de todos los niveles que se sienten dios en el poder (Salmo 62, 11) y que no toleran la más mínima crítica. También atenta, pues inhibe la crítica por las sanciones impuestas, los controles ciudadanos sobre el poder, como lo es el derecho a la información, a la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos y en particular, a la participación social y política y en la construcción de una sociedad informada, libre y democrática.
Desafortunadamente en Puebla hemos tenido históricamente gobernantes que se han sentido Luis XIV, virreyes sexenales, los Varguitas de La ley de Herodes, y vulgares caciques trianuales y sexenales. En Puebla es públicamente sabido que el poder ejecutivo ha tenido y tiene bajo su férula a los poderes legislativo y judicial, pero también a la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos, hipotéticamente, órganos autónomos; de tal manera que nos es fácil defenderse de una acusación venida del poder estatal pues no hay una real independencia de poderes y la tipificación de los delitos de la ley mordaza son suficientemente ambiguos como para que los jueces los puedan interpretar desde su mu particular subjetividad.
Breve crónica de la lucha contra la censura en Puebla
Tampoco es nuevo en nuestro estado, la intención del poder ejecutivo para tipificar delitos con el fin de perseguir y controlar a la prensa, sobre todo, a la prensa crítica que es muy poca, por cierto. Veamos algunos casos :
Caso Mario Marín. En el 2005, la periodista Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del edén en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil. En diciembre de dicho año fue detenida y trasladada a Puebla acusada de difamación y calumnia. En el gobierno del gober precioso, participaron el actual gobernador Armenta y Javier Sánchez Galicia, quien fue el coordinador de Comunicación Social del gobierno Marinista.
La prensa durante el sociópata Panista, Rafael Moreno Valle
A menos de un mes de haber asumido el poder, el 22 de febrero del 2011, el Congreso del Estado, cuyo hombre fuerte era Mario Riestra Piña, actual dirigente del PAN, aprobó una la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle para derogar los delitos de difamación y calumnia (herencia Marinista) e incluyeron el delito de daño moral en el Código Civil. El Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que tal y como está (ba) planteada (la reforma) podría constituir un mecanismo velado para nuevos tipos de censura a través de decisiones arbitrarias en lo que toca a la reparación económica como sanción al daño moral. Después de una lucha por distintos medios, la iniciativa la lograron echar abajo.
En septiembre del 2012, los periodistas Gerardo Rojas Gonzálezdel portal e-consulta y Jesse Brena García, de Milenio Puebla, fueron víctimas de un secuestro exprés por parte del comandante de la Policía Estatal, Fermín Martínez Arroyo. Los periodistas fueron levantados por una patrulla de la Policía Estatal en el crucero de la avenida Las Torres con la 16 de Septiembre, al sur de la capital poblana.
En octubre del 2012, el sátrapa y represor Moreno Valle le dio amplias facultades a su exvocero y director de comunicación social, Sergio Ramírez, para presentar demandas por daño moral en nombre del Ejecutivo estatal contra periodistas que llamasen a los funcionarios rata, perro, cerdo, homosexual, chacha, mascota…(Álvaro Delgado, dixit.) Sergio Ramírez demandó a 19 periodistas por abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación y la humillación de funcionarios. Entre los periodistas demandados, estaban: Álvaro Delgado (ex de Proceso) Valentín Varillas (Status) Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta) y Jorge Castillo (Intolerancia Diario), entre otros.
Ante la actitud que han manifestado los dirigentes y diputadas y diputados del PAN y del PRI ante la ley mordaza, se merecen un premio a su enorme cinismo e hipocresía en la defensa de la libertad de expresión.
La izquierda no canta mal las rancheras
Otra forma de criminalizar la libertad de expresión, fue la que quiso llevar a cabo en 2020, la diputada del Partido del Trabajo Guadalupe Muciño, quién propuso una modificación al Código Penal para quienes cometieran actos vandálicos durante las manifestaciones, como pintar fachadas, romper cristales o cubrirse el rostro y proponía una sanción de 10 años de cárcel a quienes lo hicieran.
La mutilación de nuestra memoria histórica. En el 2015, derechista Moreno Valle ordenó trasladar la Hemeroteca Juan N. Troncoso del Instituto Cultural Poblano a un sótano oscuro, estrecho e inadecuado de la Secretaría de Finanzas. En dicho traslado, me comentó un amigo y ex director de la hemeroteca, se desecharon algunos documentos bajo el argumento de falta de espacio. Silencio total de la comunidad cultural y de los cronistas estatales ante este hecho.
El Barbosismo
En 2021, durante el gobierno del Morenista Miguel Barbosa Huerta, el portal e-consulta y el periódico El Popular y sus respectivos directores sufrieron un acoso jurídico y administrativo por parte de su gobierno. La organización Artículo 19 documentó que por la vía civil se mantenían siete demandas por daño moral en contra de Rodolfo Ruíz, director de e-consulta.
En septiembre de 2022, la reportera Kara Castillo fue despedida del periódico El Ciudadano, por cierto, medio que se presentaba como parte de la ola progresista en el continente y en Puebla, días después que publicara una nota sobre las dos escuelas que instaló desde 2019 el CONAFE en el rancho San Miguel Tepequexpa, propiedad del gobernador Miguel Barbosa. A reserva de equivocarme, no recuerdo que el gremio periodístico se manifestara en apoyo a Kara.
Días antes de fallecer el ex gobernador Miguel Barbosa, nos cuenta el periodista Pablo Ruíz, se presentó en las oficinas corporativas de Milenio la ex directora de Comunicación Social de su gobierno, Verónica Vélez Macuil, quien les notificó que por instrucciones del gobernador Miguel Barbosa, se había ordenado cancelar la publicidad y no pagar el último trimestre de 2022, mientras Pablo permaneciera como director de MILENIO Puebla.
En julio del año pasado, estando en el gobierno el ¿Morenista? Sergio Salomón Céspedes, el diputado local, Fernando Sánchez Sasia, propuso prisión a quienes por sí mismos o con la ayuda de medios materiales, de transporte, de carga o similares, bloqueen, cierren, detengan, limiten, desvíen o intercepten el tránsito vehicular en vías públicas. Propuesta que afortunadamente no salió avante.
En el actual gobierno de Alejandro Armenta se han presentado los siguientes casos, antes de la referida ley mordaza:
En febrero del presente año, el diputado Andrés Villegas presentó una iniciativa de Ley acerca de los Derechos para el libre ejercicio del periodismo. La iniciativa proponía que los periodistas, como los medios, (deberían) de abstenerse de voluntariamente incurrir en el error o falsedad en sus declaraciones y tampoco deberían incurrir en tergiversación. Igualmente, la iniciativa prohibía indagar en la vida privada de las personas. No aclaraba si lo anterior estaba dirigido a personas públicas (políticos, funcionarios y representantes populares) o a simples ciudadanos. Otro elemento que consideraba la iniciativa, era el daño causado a un funcionario en su reputación por la información dada por un periodista con las consecuentes sanciones previstas en la ley.
Como se recordará, en abril del presente año, el gobernador del estado, se le echó encima al periodista Rodolfo Ruíz, a quien llamó cobarde y canalla y a quien le atribuyó un twitt, así mismo, le pidió a la Fiscalía del Estado iniciara una investigación en su contra por el delito de violencia de género contra la boxeadora Gabriela Sánchez.
En marzo del presente año, el coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tehuacán, dirigida por Josué Bautista, emitió un oficio para instruir a los funcionarios del ayuntamiento a no emitir declaraciones a los medios de comunicación sin la autorización de dicha oficina. También se presentó una iniciativa que modificaba el reglamento del cabildo con la intención de que en el mismo, presidido por el presidente municipal, Dr. Alejandro Barroso, se les negara el usos de la palabra a los regidores, se prohibía el uso del celular durante las sesiones e incluso ordenaba el desalojo de un regidor(a) si consideraba que se estaba alterando el orden.
En este mes que está por terminar, la Alianza de Medios MX, condenó la campaña de desprestigio llevada a cabo por medio de redes sociales y plataformas digitales en contra de la periodista Carolina Fernández, directora del periódico el Popular Puebla.
Y el último caso de hostigamiento y persecución política en contra de un periodista que podemos documentar, es la del columnista Huauchinanguense, Edgardo López, quien fue denunciado por presunta violencia de género contra las mujeres-nuevo caballito de batalla para silenciar periodistas-por una columna que publicó en la cual critica al cacicazgo de Xicotepec de Juárez por el uso perverso y torcido del discurso feminista por el grupo en el poder.
Como vemos, esta ha sido una lucha muchas veces peligrosa y desigual entre el periodismo crítico y el poder y por hacer real y exigible nuestro derecho a la libertad de expresión e información, es por ello que en una sociedad que se pretende democrática y participativa no cabe la ley mordaza y su artículo 480 que más bien parece la trampa perfecta para acallar voces.
Cualquier modificación que se quiera hacer al respecto, debe contemplar lo enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y en particular, la Convención Americana de Derechos Humanos. (art. 13.) Para combatir el ciberacoso, tenemos la ley Olimpia (8art. 278 nonis, Código Penal)
Ya veremos próximamente en qué termina este sainete poblano de la Ley Mordaza.
PD.
Grave, muy grave, me parece y espero equivocarme que la Guardia Nacional (seguridad pública) pase a pertenecer a la SEDENA (seguridad nacional) y en especial, que se le dan facultades de obtención de información e inteligencia. Dicho en otras palabras, se le da carta blanca a la SEDENA/Guardia Nacional, para realizar intercepciones de comunicación y escuchas de teléfonos.
Seguramente, el escritor y ex Secretario de Educación Pública, Don Jaime Torres Bodet, ha de estar revolcándose en su tumba al saber que el nuevo representante de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), será Juan Antonio Ferrer, si, el que hizo un muy mal papel en el INSABI. No basta ser antropólogo para estar en la UNESCO.
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